Lo deseable
Es indudable que, la aspiración de los seres humanos es vivir en paz, prosperidad y bienestar, amparados por leyes constitucionales estables que ordenen el ejercicio del poder y la manera en que se puedan relacionar los Gobiernos con los gobernados y entre ellos mismos. A tal fin, un país debe contar con un marco normativo estable que garanticen *libertades* y *“seguridad jurídica”*, por ende, certidumbre en el desarrollo de las actividades humanas, que son necesarias para tener en movimiento y avance esos variados órdenes, en la búsqueda de los fines mencionados al inicio de esta opinión.
De las más resaltantes actividades humanas, el ejercicio del Poder Público y sus estándares de funcionamiento, serán determinantes en el manejo de la economía y la prestación de servicios públicos, por su influencia en la vida cotidiana, así que, la educación, el trabajo, la salud, la electricidad, el suministro de agua potable, la seguridad y defensa del Estado, deben volver a ser prestaciones desarrolladas en un marco constitucional de respeto a los derechos y garantías individuales y colectivos.
Claridad en la relación
En ese orden de ideas, uno de los aspectos más importantes en la relación entre gobernantes y gobernados, debería ser la transparencia en la interpretación y aplicación de las reglas que componen la Democracia y el Estado de Derecho, pues sobre ellas, deberían basarse esas necesarias ligazones, que permitirían _consultas, negociaciones, acuerdos y resoluciones de conflictos_, cuando sean pertinentes. Pudiésemos decir entonces que, esas herramientas tan olvidadas en estos tiempos, constituirían una verdadera democracia participativa y de consensos.
Correctivos
Un depurado constitucionalismo en el caso venezolano, deberá realizar una honda revisión del actual sistema presidencialista, tan inclinado a la concentración del poder, al personalismo y al populismo. Plantearse como erradicar o disminuir estos clásicos defectos de nuestra Democracia, debe ser una tarea de primer orden, pues los mismos riñen con la verdadera esencia de este sistema político, al punto de ser considerados antidemocráticos. Lo ideal será en los próximos tiempos, _“distribuir de una mejor manera el poder”_, para materializar el principio de que la descentralización además de ser una política permanente, debe profundizar la Democracia y dar más espacios de participación en definitiva.
Necesaria protección
En la población, debe existir la convicción de que la Democracia y sus diferentes atributos, no puede ni debe seguir siendo usada como _“Caballo de Troya”_, para que, populistas, autoritarios o totalitarios, se sirvan de ella, con pretensiones de decomiso. En tal sentido, la participación en los campos del poder, y las iniciativas populares, serían dos muy buenos aportes para prevenir esta desagradable situación. Al respecto, el constitucionalista alemán *Sujit Choundhry* en un debate acerca de resiliencia constitucional sostuvo que, _“hay que ser realista acerca de la funcionalidad que un buen diseño constitucional, para que pueda frenar a los enemigos de la Democracia”._ lo anterior, debe ser un trabajo permanente.
Por supuesto que, las Constituciones no pueden reducir todos los riesgos contra la Democracia o contra ellas; sin embargo, cuando están bien estructuradas, pueden marcar diferencias en relación a sus velados enemigos, estableciéndoles advertencias que, harían compleja la toma de decisiones en su contra, principalmente contra la divisiones o conflictos sociales, como ha ocurrido durante más de dos décadas, sin que nuestra Carta Magna, haya podido orientar soluciones en ese sentido. Debe quedar claro, la necesidad de constitucionalizar, la prohibición de ideologizar con *doctrinas iliberales* ambas figuras.
Guía deontológica
A partir de las fracturas políticas confrontadas, debería preverse en los próximos tiempos, la redacción de un *“Código de Ética Democrático”*, que marque pautas en torno a comportamientos y que, expresamente aluda y condene los sesgos propios de un anti demócrata, que otorgue medios a los ciudadanos, para evaluar e impugnar en Derecho conductas públicas; que racionalice el término pueblo, que nadie se lo atribuya para sí o para un movimiento político, que se sancionen las conductas que quieran inducir al electorado a la polarización o a la división a causa de ideas políticas, pues lo que si es cierto, es que la Democracia originada en 1959, quedó indefensa frente a esos y otros males de la política.
Valor preferente
Un nuevo constitucionalismo, debería tomar en cuenta el valor del pluralismo; ahondar sobre el mismo, pues la impresión que se tiene es que, no hay un conocimiento detallado sobre el alcance de este valor, con el fin de evitar, se siga haciendo política sobre la base de la _ecuación amigo-enemigo_, lo cual, sin dudas, no solo constituye un grave *“defecto cultural”*, sino también un obstáculo considerable para el avance socio-económico del país. En fin, un mejor constitucionalismo debería contemplar tres (3) objetivos, a) dedicar más espacio institucional a la defensa y protección de la Democracia, b) a la formación de verdaderos ciudadanos c) limitación del poder.
Adaptaciones
El constitucionalismo político por venir, debería brevar de la historia y volver a plasmar como se hizo en la “Constitución de 1811”, _un Congreso Bicameral_, compuesto por la Cámara de Representantes y del Senado que, exalte el valor del Federalismo y el respeto a las autonomías estadales y municipales. De recuperarse la bicameralidad parlamentaria, se podrían establecer criterios diferentes para la elección popular de sus potenciales integrantes e igualmente serviría de contrapeso la una de la otra en el seno del poder legislativo, pero bajo fórmulas de respeto y acatamiento a las estrategias democráticas que la cohesionan.
Recobrar la cohesión democrática y constitucional, pasará, además, por debatir la idea de implantar la _segunda vuelta presidencial_, por considerarse que, la misma promueve la coalición de diversos intereses coincidentes o no; puede decirse, que el ballotage obligará al diálogo aun en grandes disensos. No participar en segundas vueltas, implicaría tal vez, debilitar la democracia y de darse, desaparecer del escenario político en lo individual o en lo colectivo. Segunda vuelta, significará que los candidatos electos sean respaldados por una de las dos grandes votaciones, con lo que se fortalecería el elemento legitimidad, así como la necesidad de la gobernabilidad.
Derecho a restaurar
Otro derecho ciudadano a restaurar, será el de la manifestación pacífica, por constituir un ejercicio claro de libertad, por razones justificadas. Este derecho que toca simultáneamente las “libertades de reunión y expresión”, para realizar diversos reclamos sociales, así como hacer exigencias laborales o de cualquier otra índole. Este derecho, debe ser profundizado, con la inclusión en un articulado constitucional, del deber especial que tendrían los organismos de seguridad, no sólo de garantizarlas, sino también de acompañarlas, como se hace en países con tradición democrática.
Llenar vacíos
Para finalizar esta opinión semanal, nuevamente recordamos a Pietro Virgta, quien afirmaba que, en la conducción de los asuntos del Estado, los ciudadanos tenemos derecho de hacer planteamientos a medida que, evolucionan las ideas, los adelantos científicos y el progreso ininterrumpido de las fuerzas económicas y sociales. Creemos que, en nuestro país, falta mucha legislación democrática, para preservar y desarrollar este modelo político, por eso, no basta que, en los medios o en las redes sociales, se teorice sobre la misma, pero sin considerar los mecanismos constitucionales que la protejan, con agregados normativos que tengan como novedades normativas el desarrollo de derechos humanos.
