Ante todo debo advertir que no soy economista, pero el tema me apasiona al igual que la política, la cual práctico desde mi juventud. No podía ser de otra manera porque tengo como filosofía aquel viejo refrán que dice: “zapatero a sus zapatos”. Siempre hay que hablar con propiedad de un asunto y no tratar de especular como suelen hacer algunos aventurados.
Lo cierto es que entre la economía y la política (ambas son arte y ciencia) hay una simbiosis que las hace únicas para entender el comportamiento de los electores dentro de un sistema sociocultural. Se complementan entre si y marcan las pautas en lo referente a las condiciones de vida de la gente.
Por un lado, la política condiciona la economía. Toda decisión política puede incentivar o frenar la producción. Un mandatario tiene que tomar decisiones políticas orientadas a promover el aparato productivo. Para ello debe crear condiciones para un marco legal de respeto a la propiedad privada que de garantía y seguridad a la inversión. Ha de procurar la iniciativa particular y sembrar la cultura emprendedora de los ciudadanos para oportunidades de negocio. En cambio, si su política es interventora frenará las potencialidades de los agentes económicos en la producción.
Igualmente, la economía afecta lo político. Una floreciente actividad económica, inversiones a granel y estabilidad monetaria mejoran el nivel de vida de los ciudadanos y, en consecuencia, legítima el mandato de las autoridades que juegan a ese ambiente favorable. Un gobierno, cuyas políticas económicas generen recesión, devaluación, hiperinflación y desempleo, naufraga en un estado de zozobra y malestar social que se expresa en desaprobación de la gestión pública.
De manera que el asunto de gobernar no radica en la dicotomía derecha versus izquierda, como muchos suponen y pregonan, sino en la capacidad gerencial del gobernante por garantizar una economía sana y próspera. Las ideologías hoy no marcan el destino de las naciones. Es su economía y la dinámica comercial que se da entre cada una de ellas. El mundo globalizado así lo determina, aunque cause desganos en algunas voces trasnochadas.
Por supuesto, aterrizando al contexto venezolano, el mes de noviembre es propicio para que los expertos en economía hagan proyecciones de ella para el próximo año. De acuerdo, a lo leído y observado en diversos estudios, se prevé un crecimiento de la economía venezolana entre 2,5 % y 4,5% del PIB para el 2025. El problema es que eso no se traducirá en mejora de la calidad de vida de la población, puesto que en los últimos 10 años el PIB ha caído en más del 75%.
Además, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI, 2023), de la UCAB, el ingreso promedio per cápita es muy desigual. El grupo más pobre recibe 7,9 dólares versus el más rico que es de 552,2 dólares. De manera que se produce una especie de burbuja económica donde un grupo pequeño, conformado por empresarios vinculados al gobierno, serán beneficiados frente a una inmensa población que seguirá naufragando para sobrevivir.
Pero eso no es todo. De acuerdo a recientes estudios de la firma Ecoanalítica, el área metropolitana de Caracas concentra el 46% de la actividad económica nacional, seguida por Valencia y Maracaibo, las cuales representan cada una el 10% de dicha actividad. El 34% restante se distribuye en las demás regiones de forma desigual, creando un cuadro deprimente. De manera que el discurso igual de que se mejorarán las condiciones de los venezolanos para el 2025 constituye un espejismo y que resultará difícil disiparse si no se produce un cambio de gobierno. Esa es la triste realidad que tenemos ante nuestros ojos. Lo demás es pura fantasía.
Politólogo, periodista y abogado
