Reconocer explícitamente los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, fue un intento por remediar una histórica injusticia. Este ha sido el sector peor tratado, víctima de todas las injusticias y prejuicios, con menos oportunidades civiles, educativas y económicas, siempre en el foso de la escala social, en todos los países americanos sin excepción, desde Alaska a la Patagonia. Si ha habido un grupo humano objeto directo de los prejuicios raciales y de la discriminación en esta parte del mundo han sido ellos. Indigenas en el Amazonas.
En ese sentido, modificando sustancialmente el enfoque ideológico heredado del siglo XIX, en el que consideraba al ciudadano como un individuo “igual ante la ley”, sin distinciones culturales y, por consiguiente, se pensaba que los pueblos indígenas debían integrarse al resto de la nación y desaparecer como grupo diferenciado, los constituyentes de 1999 definieron por primera vez al Estado venezolano como multiétnico y pluricultural, reconociendo a los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derechos, con garantías específicas sobre territorio, cultura, organización social, salud, educación y participación política.
Así, por primera vez en la historia constitucional venezolana, se les otorgó un capítulo completo (Capítulo VIII) dedicado a sus derechos: Se le reconoce su existencia como pueblos, su organización social, política y económica, así como sus culturas, idiomas, religiones y hábitat (Art. 119); se garantiza su derecho a la propiedad colectiva de las tierras como inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles (Arts. 119–120); a su identidad cultural y educación (Art. 121); el derecho a la salud integral, incluyendo sus prácticas médicas tradicionales (Art. 122); así como a una representación en la Asamblea Nacional y en otros órganos deliberantes del país (Art. 125).
Además, taxativamente se establece que cualquier actividad de explotación de recursos naturales en esos territorios debe respetar su integridad cultural, social y económica, y el Estado los debe consultar antes de aprobar proyectos que afecten sus tierras o recursos (Art. 120).
Como el amable lector, que se encuentre suficientemente informado acerca de la realidad venezolana, podrá constatar, pocas veces la letra ha estado radicalmente tan alejada de la realidad, y los buenos propósitos de las obras.
Todos los gestos efectuados por el Estado venezolano en favor de las comunidades indígenas durante las casi tres décadas de hegemonía chavista, como el otorgamiento de títulos colectivos sobre sus tierras o la representación política en la Asamblea Nacional (AN), han sido de carácter simbólico sin ninguna consecuencia concreta en la realidad.
Esas comunidades no solo siguen sin seguridad jurídica sobre las tierras que la carta magna les ofrece, sino que han sido las víctimas principales de esa monstruosidad bautizada en 2016 como el Arco Minero del Orinoco.
Diversos informes del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), denuncian la sistemática vulneración de derechos territoriales de los pueblos indígenas al sur de río Orinoco en esa extensa franja de 111.843 km2 que abarcan el norte del estado Bolívar, desde Amazonas hasta Delta Amacuro. En los mismos se documenta con bastantes detalles cómo la minería (legal e ilegal) ha generado el desplazamiento forzoso de las comunidades, graves problemas de salud por contaminación con mercurio, inseguridad alimentaria y la desaparición de zonas de pesca y caza. También registra la violencia en esos territorios, incluyendo casos de represión militar, la minería en áreas protegidas y la presencia de grupos armados paraestatales.
Los reportes recientes (2024-2025) señalan un aumento en las amenazas y asesinatos de líderes indígenas que resisten la actividad minera en esas tierras, siendo una de las razones por las cuales se ha solicitado la paralización inmediata de las actividades extractivas ilegales. Sin embargo, como es bastante conocido, esas voces de alarma han sido ignoradas.
PROVEA han considerado que esta situación forma parte de una “emergencia humanitaria compleja”, pero que de manera desproporcionada afecta a las comunidades indígenas del sur de Venezuela.
No obstante, esta situación va más allá de los territorios que abarca el Arco del Orinoco. A cualquier otra parte del país con importante presencia de esas comunidades a donde miremos, la situación es la misma: colapso de la atención médica, aumento de enfermedades infecciosas como la malaria, desnutrición extrema, y desplazamiento masivo (especialmente Waraos y Pemones) hacia Guyana, Brasil y Colombia debido a la crisis económica, y a la presencia de grupos criminales organizados (sindicatos y guerrilla) en sus territorios.
Al respecto, los informes de organismos internacionales son abundantes: ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados) ha reportado el éxodo de indígenas venezolanos, señalando que una gran parte de los refugiados y migrantes indígenas en Brasil son solicitantes de asilo.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha presentado múltiples informes ante el Consejo de Derechos Humanos.
La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela (ONU) documentó violaciones de derechos humanos, incluyendo violencia contra defensores indígenas.
Los informes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/PAHO) sobre la situación sanitaria entre los pueblos Warao y Yanomami son alarmantes, reportando altas tasas de malaria y VIH.
IWGIA (Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas) en sus anuarios “El Mundo Indígena” (ediciones 2017-2025), detalla la lucha por la demarcación de tierras (menos del 13% concluido), la invasión de sus territorios y la desnutrición generalizada entre los niños.
Kapé Kapé (Asociación Civil) publica monitoreos regulares sobre violaciones de derechos humanos en comunidades indígenas, documentando violencia, asesinatos y las precarias condiciones de salud.
Por parte, Human Rights Watch documentado la inseguridad alimentaria y la minería forzada de las que han sido víctimas pueblos como los Pemones.
Por supuesto, el maltrato y las injusticias contra estas comunidades no son un caso aislado o particular, ni de esta época. Situaciones como las descritas han ocurrido históricamente, y todavía hoy ocurren en muchos países latinoamericanos. La diferencia es que en Venezuela la brecha entre la norma y la realidad, es abismal.
En los años 2016–2017, los medios brasileños (prensa nacional, regional y el periodismo de investigación) reportó la llegada masiva de pueblos indígenas venezolanos a Roraima en condiciones de pobreza extrema. La saturación de refugios en ciudades fronterizas como Pacaraima y Boa Vista por miles de indígenas venezolanos, buscando alimentos, salud y seguridad, se atribuyó a la crisis humanitaria que padecían esas comunidades desplazadas.
Medios como InfoAmazonia, Sumaúma y agencias de periodismo ambiental interpretaron el problema como parte de una crisis amazónica transfronteriza, pero también denunciaron los casos de explotación de migrantes indígenas venezolanos por redes criminales en Brasil.
Pero poco o nada de eso se comentó por entonces en Venezuela. El asesinato de cuatro miembros de la comunidad de Parima B ocurrida en el municipio Alto Orinoco en 2022, hubiera provocado un escándalo en Colombia, Brasil o México.
También podemos citar la masacre de Kumarakapay en 2019, en contra de la comunidad Pemón, donde militares venezolanos dispararon contra indígenas que les bloqueaban el paso. En el camino quedaron, al menos, 11 muertos y numerosos heridos.
Todo esto nos muestra un patrón. Las violaciones no han sido aisladas, sino sistemáticas, incluyendo las detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza y las ejecuciones extrajudiciales, mientras que las múltiples denuncias contra cuerpos como la Guardia Nacional han sido cubiertas con el manto de la impunidad, siempre acompañadas de la falta de investigación por parte de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.
Más allá de la debacle nacional económica e institucional que ha padecido el país en manos del chavismo, que es en definitiva el centro de la cuestión, las muertes y la represión denunciadas contra estas comunidades ha sido provocadas por las áreas en las que viven: estratégicas por sus recursos naturales y por su cercanía a las fronteras.
Para el proyecto de poder chavista, garantizarse plenamente, para sí directamente o sus aliados, el acceso a los recursos de esos territorios ha estado por encima de la seguridad ciudadana, la protección ambiental y los derechos humanos más básicos. El oro, el coltán, los diamantes y la bauxita, como fuente de ingresos alternativos al petróleo han sido, evidentemente, mucho más importantes que el citado Capítulo VIII de la Constitución.
Como bien se sabe, si esta obstaculiza la perpetuación en el poder, y los beneficios pecuniarios derivados, pues se la pasa por encima.
Tal como ocurrió con (precisamente) los diputados indígenas electos en las elecciones parlamentarias de 2015, pues la Sala Electoral del TSJ emitió la Sentencia N° 260, que ordenó la suspensión provisional de los efectos de la elección en el estado Amazonas. Aunque nunca se decidió sobre la cuestión de fondo de la medida cautelar (una impugnación presentada por el oficialismo, alegando presuntas irregularidades y compra de votos en dicho estado), esos diputados nunca pudieron ejercer plenamente sus cargos de forma reconocida por el resto de los poderes públicos durante el periodo 2016-2021. Es decir, se anuló porque sí, la representación indígena que la Constitución reconoce.
Sin embargo, cada vez que se avecina una campaña electoral, o en ocasión del 12 de octubre de cada año, la dirigencia del chavismo se llena la boca y cubre su propaganda con la supuesta reivindicación de los pueblos indígenas que se atribuye. Se presenta como la continuadora de la resistencia contra el imperialismo occidental, derriba estatuas de Cristóbal Colón y ensalza al cacique Guaicaipuro, mientras que, con la otra mano, no le ha temblado el pulso a la hora de discriminar y perseguir a las comunidades indígenas venezolanas, a una escala de la que no se tiene memoria. Todo esto, como no podía ser de otra manera, con el respaldo y simpatía de sus aliados de la izquierda progresista de París, Madrid, Buenos Aires o Hollywood.
Según la Real Academia Española la discriminación es la acción, conducta o trato desigual y desfavorable hacia una persona o grupo de personas, basado en motivos de raza, color de piel, identidad de género, orientación sexual, lengua o religión. Mientras que el racismo suele ser una creencia o actitud, la discriminación es la materialización o el acto concreto de exclusión o trato injusto.
Pues bien, discriminación es lo que ha hecho (y hace) el chavismo con las comunidades indígenas del país. No se puede decir que ha procedido así por racismo, pero sí lo ha hecho por el centro de todas sus motivaciones: la codicia desmedida por poder y dinero.
@Pedrobenitezf – Al Navío
