Los acontecimientos políticos de la semana siguen dando muestra de la nueva realidad que reina en Venezuela, donde se acaba de recordar el 34 aniversario del infausto día de 1992 en el que un oficial decidido a imponer al país sus resentimientos confesó ante las cámaras televisivas que “por ahora” sus objetivos no habían sido alcanzados. Simultáneamente, era evidente que el deterioro de la democracia presagiaba días difíciles para la Venezuela de entonces. Con esa frase y habiendo conseguido entusiasmar a las clases más modestas y –por qué no decirlo– también a ciudadanos de otros estratos y empresarios de buena –o mala– fe que también se plegaban a la quimera de una “nueva Venezuela” donde todo iba a mejorar, incluida la democracia, cuyas falencias se habían hecho ya plenamente evidentes, tal como lo demostraba la muy vergonzosa campaña política que desembocó en la elección del 6 de diciembre de 1998, de una limpieza que no fue objeto de reclamo alguno.
Hoy, 34 años después, Venezuela vuelve a vivir una etapa de esperanza y también la incógnita acerca de cuál será su rumbo.
Todas las etapas y las decisiones que se vienen tomando bajo la estricta vigilancia del secretario Rubio y su delegada la señora Dogu, pudieran apuntar hacia un futuro mejor y por eso el nombre con que se designa este período inicial: “estabilización”, altamente fluida en la que aún conviven victimarios –Delcy y demás ejecutores de las órdenes que se emiten en Washington– y las víctimas, que son los millones de venezolanos de a pie que sufren las consecuencias.
Indigna ver cómo aquellos que prometían inmolarse defendiendo la soberanía hoy son mansos mandaderos de instrucciones contrarias a todas las consignas que hasta ayer proclamaban con aparente convicción y otros que esperan agazapados para participar en su salvación particular. Eso se ha dado en llamar “realpolitik”, en la que discurso y acción operan en forma diametral. Ese es el verdadero efecto práctico del 3 de enero, cuando muchas lealtades quedaron en tela de juicio.
Parece que existiría un acuerdo, al menos tácito, entre Trump/Rubio y los que usurpan el gobierno por el cual se estirarían los tiempos de la presente etapa hasta que se pueda realizar una elección
“limpia” en la que los “revolucionarios” pudieran reagruparse a fin de no desaparecer de la vida política venezolana y terminar dando cuenta de sus hechos ante tribunales nacionales, extranjeros o internacionales (Corte Penal Internacional). Cuanto más tiempo transcurra, dichos sujetos han demostrado, ya más de diez veces, su habilidad para torpedear negociaciones y no cumplir lo que se pacta.
A la fecha parece que las órdenes emanadas de Washington se van cumpliendo –no de muy buena gana–bajo el manto de la presión que viene del norte. Ya pronto los órganos del Estado, incluido el Tribunal Supremo, pondrán todos los inconvenientes que puedan encontrar y habrán políticos que acompañarán la comparsa.
En todo caso, este columnista ya ha expresado antes su desacuerdo con nuevas elecciones entendiendo que EGU/MCM no son los “dueños” de los votos sino ejecutores designados para cumplir un mandato cuyos lineamientos los eligió ya el pueblo soberano.
Acaba de trascender que MCM ha expresado su disposición de reunirse con la Usurpadora (e), aunque para ello deba colocarse un pañuelo en la nariz. Celebramos esta flexibilización de MCM y también entendemos el temor de Delcy y su combo de ser “extraída” de manera poco ortodoxa. Tiempos aquellos cuando el Galáctico presumía de guapo. ¡Quien te ha visto y quien te ve hoy!
Antes de concluir, una palabra acerca de la detención de Alex Saab y de Raúl Gorrín
Sobre Saab entendemos que para poder ser canjeado por los “narcosobrinos” la legislación estadounidense requirió que él fuese formalmente perdonado por el presidente Biden. De ser ese el caso, no habría razón para acceder a una extradición cuando ya está borrado el delito que –en primer lugar– permitió que Estados Unidos, por haber actuado primero, obtuviera de Cabo Verde la entrega de Saab retenido en aquella república. En segundo lugar, nuestra Constitución (art. 69) prohíbe la extradición de venezolanos, aun cuando la Convención Interamericana sobre Extradición de 1981 (en vigor tanto para Venezuela como para Estados Unidos) indica expresamente que la nacionalidad no podrá se invocada para impedir un procedimiento de extradición.
Gorrín, también apresado en días pasados, enfrenta cargos criminales (indictment) en tribunales estadounidenses, lo cual pudiera ser invocado por la pandilla de Miraflores para denegar su extradición. Ese es el mismo caso de Maduro, quien fue “extraído” con una operación militar cuya opinable legalidad internacional no impidió la vía de hecho que concluyó en las actuales vacaciones que disfrutan Nicolás y su amada “Cilita” en una cárcel de Brooklyn (Nueva York), en donde la braga naranja ha sustituido el uniforme militar que solía lucir en su condición de comandante en jefe de una fuerza armada cuya nula efectividad se puso en evidencia a la hora de las chiquitas.
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