La opacidad, para no decir el secreto, caracteriza el “acuerdo histórico” que acaban de anunciar, cada cual por su lado y con sus connotaciones propagandísticas, Trump y la Delcy. Es natural. En la oscuridad actúan los delincuentes, los confabulados. Trump afirma, eufórico, que se trata de “un regalo” de los venezolanos, especialmente de la “gran presidenta Delcy Rodríguez” a los Estados Unidos, que le permitirá a la gran potencia nutrir sus reservas petroleras, abaratar el precio de la gasolina y demás derivados para los gringos (cosa que da votos), y acceder al oro negro justo cuando hay una guerra no ganada con Irán, donde está el estrecho de Ormuz cerrado, por donde hoy no salen millones de barriles al mundo y especialmente a China. Delcy, por su parte, dice que ese “acuerdo histórico” garantizará la prosperidad del pueblo venezolano en las próximas décadas, y, cito: “nuestro país tiene las mayores reservas petroleras del mundo. Pero de nada sirve tener nuestras reservas petroleras bajo tierra únicamente para que aparezcan en una estadística o en una contabilidad, y podamos decir “somos el país con la mayor reserva del mundo”, cuando no podemos convertirlo y traducirlo en desarrollo para Venezuela”. O sea, PDVSA no es capaz ni siquiera de extraer el abundante petróleo que tenemos, después de haber sido la primera empresa petrolera del mundo en los noventa del siglo XX. Y, aun así, utiliza el latiguillo de convertirnos en “potencia energética”, formula ritual de un culto languideciente e irrisorio.
El secreto de la negociación del “acuerdo histórico” y sus detalles, más si es todo lo “histórico” que se dice, ya es ilegal e inconstitucional. La dictadura tutelada ni siquiera informó a la Comisión correspondiente de la Asamblea Nacional, donde el PSUV es mayoría aplastante, en contravención del artículo 150 que establece que la celebración de contratos de interés público nacional requiere de la aprobación del parlamento, del artículo 154 que ordena que los tratados con otras naciones debe igual contar con la aprobación de la AN en forma de una ley, y el artículo 187 que dice que es la AN la que autoriza al Ejecutivo a discutir contratos de interés nacional o convenios internacionales. Pero, además, por las características generales anunciadas de lo acordado, está en juego el artículo 12 que instituye la propiedad nacional de los yacimientos petrolíferos del país, por lo que no se pueden vender, ceder, transferir ni perder (se habla de “arrendar” en el gran acuerdo), y el artículo 13 que dice que “el territorio nacional no podrá ser cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aun temporal o parcialmente, a Estados extranjeros”. O sea, que por lo menos, le sale a “la gran presidenta” aclararle a Trump que las reservas petrolíferas venezolanas no pueden pasar a ser reservas norteamericanas, como anda vociferando por ahí.
Claro, ya sabemos que los dos mienten. Uno miente, porque, además de ser mentiroso por naturaleza, está en campaña electoral por su partido en las elecciones de noviembre, y tiene que presentar un logro, justo cuando las cosas no le están yendo bien, ni en Irán, ni en su competencia tecnológica y económica con China, aparte de sus problemas con Europa a propósito de la guerra en Ucrania, donde Putin ya tiene chantajeados a los europeos y hasta el director de la CIA tuvo que ir a Moscú a calmar al “gran amigo” de Donald.
La otra miente, porque es “pragmática chavista”, o sea, todo le vale con tal de mantenerse en el poder (poder joder, porque poder real ya no tiene nada; obedece órdenes). Capitularon y ni pestañean cuando llaman “diplomacia” a su rendición y subordinación, como si se la estuvieran comiendo, cuando ya han sido engullidos. Mentir es propio de esta gente que viene violando la constitución y las leyes desde hace años, agitaron hasta la saciedad con una “guerra popular antiimperialista” y “ni una gota al imperialismo”, y ya aprobaron, a toda velocidad, una ley de Hidrocarburos y de Minas que hacen retroceder los rastros de nacionalismo económico en materia de Derecho petrolero. Y ahora hasta estudian salirse de la OPEP, a instancias del Amo, una organización iniciada por Venezuela en 1960, junto a otros países petroleros, como adalides de los derechos de los países del Tercer Mundo, productores de materias primas.
Llegan a manipular con la destrucción de nuestra industria petrolera, cuya responsabilidad es totalmente de ellos también (o sea, de esa misma casta de burócratas y militares empresarios de la corrupción), para decir que, sí, necesitamos capital para reactivar la “producción” (extracción) de nuestro casi único producto de exportación. Eso es un hecho: PDVSA está en ruinas, no solo por las sanciones, sino por la gestión inepta y corrupta de todos sus gerentes, por el manejo alegre y dilapidador de los recursos desde cuando Chávez estaba vivo, por la entrega gratis de petróleo a clientes como Cuba y Nicaragua. Las ironías de la historia: ellos que decían horrorizarse por la propuesta de privatizar parte de la industria, ahora ejecutan justamente esa misma política, pero sin atender ni siquiera al curso legal y constitucional.
Porque, es cierto, para poder extraer petróleo, se requieren capitales, extranjeros, claro. Como también dice Delcy: “necesitamos inversión, tecnología, infraestructura, capacidad productiva”. El anuncio de Donald Trump hablaba de 65.000 millones de barriles de reservas probadas bajo control mayoritario estadounidense. Pero el cálculo la desmonta. Venezuela produce hoy 1,23 millones de barriles diarios. El propio acuerdo fija un objetivo de 1,5 millones de barriles diarios durante 25 años. Eso da, como mucho, 13.700 millones de barriles. Ni una cuarta parte de los 65.000 millones que Trump vende como conquista histórica ¿O será que en la letra chiquita del contrato que nadie ha visto, salvo los confabulados contra el país, dice que se extenderán automáticamente los contratos para lograr los objetivos de producción, hasta, quizás, 100 años?
Delcy, por su parte, calculó también los ingresos: 209.000 millones de dólares para Venezuela, a 19 dólares por barril, sobre un precio de referencia de 65 dólares que ella misma reconoció que puede fluctuar. Una estimación construida sobre un precio que no está garantizado. Comprar petróleo al costo, es mucho más delicado que tener simplemente una participación. Si Estados Unidos controla la determinación del costo y compra sin precio de mercado, captura una enorme parte del agregado de los precios del mercado. El 55% de control económico aparentemente queda del lado estadounidense, aunque la República jurídicamente conserve la propiedad del petróleo en el subsuelo. Los USD 209.000 millones en impuestos suenan grandes, pero distribuidos nominalmente durante 100 años serían apenas USD 2.090 millones anuales, sin descontar inflación ni calcular valor presente. Sobre 65.000 millones de barriles equivaldrían aproximadamente a USD 3,22 por barril. Falta saber si esa proyección es real, garantizada o meramente promocional.
El acuerdo adjudica 17 campos estratégicos juntos. La lista incluye bloques en la Faja del Orinoco (Ayacucho, Boyacá, Junín y Zuata) y en la cuenca del Lago de Maracaibo (Bachaquero-Lagunillas-Ceuta, Tía Juana, Lagocinco, entre otros). Hay tanto “campos verdes”, aún no explotados, como “marrones”, algunos previamente adjudicados a China, pero abandonados. Son campos donde fluye un petróleo casi líquido, de gran calidad, listo para llevárselo. Expertos como Francisco Monaldi advierten que los impuestos por barril son ínfimos, menores que las regalías de la era de Juan Vicente Gómez. La actual legislación, empujada y aprobada por el PSUV, contempla regalías flexibles de hasta 30% y un impuesto integrado de hasta 15%. Un acuerdo puede respetar formalmente la propiedad venezolana y, sin embargo, transferir prácticamente todo el control económico: operación, producción, costos, comercialización y destino del crudo, como ya lo hacen los contratos CPP, como los actuales con Chevron.
La dictadura tutelada celebra una regalía del 16% comparándola con el 1% de los años 90, pero esa es una comparación tramposa. La Ley Orgánica de Hidrocarburos vigente fijaba la regalía base en 30%. Aceptar 16% no es un logro histórico, sino una rebaja fiscal del 50% respecto a la ley para atraer capital extranjero. También dicen los confabulados que el cobro del ISLR llegará al 34% a las compañías que vengan a invertir; pero esa tasa es la tarifa comercial ordinaria. Históricamente, las actividades petroleras en Venezuela tributaban a tasas especiales de hasta el 50%. Nuevamente, se presenta una concesión fiscal como un “triunfo”.
No se conoce una licitación internacional competitiva. Si los mejores campos fueron asignados directamente, el resto de los inversionistas comienza en una posición desigual. No existe una identificación pública del operador, de sus beneficiarios finales ni de las garantías de financiamiento. Antes de considerar esto un “win-win”, deberían publicarse y comprobarse: Identidad del operador y beneficiarios finales. Lista y certificación independiente de los 17 campos. Inversión mínima obligatoria, no solamente una aspiración de USD 100.000 millones. Producción mínima anual y fechas concretas. Regalías, impuestos y participación exacta de Venezuela. Precio del petróleo y definición auditada de “at cost”. Límites estrictos a los costos recuperables. Libre comercialización de la participación venezolana. Acceso abierto a puertos, oleoductos y mejoradores. Contenido venezolano y participación de empresas nacionales. Cláusulas de caducidad y reversión si el operador no invierte. Auditoría independiente y publicación periódica de cuentas. Prohibición de exclusividad sobre campos no incluidos. Revisión contractual cada 10 o 15 años, no una entrega ciega por un siglo.
La pregunta verdadera no es cuánto petróleo queda físicamente bajo tierra, sino quién recibió los mejores campos, quién controla la producción, quién fija los costos, quién comercializa el crudo y qué acceso conservarán Venezuela y los demás inversionistas. El acuerdo depende de una infraestructura que hoy no existe: pozos, oleoductos, refinerías, puertos. Depende también de 100.000 millones de dólares en inversión privada estadounidense que aún no se ha desembolsado. Las “Cinco Hermanas”, las principales empresas globales de petróleo, ya han expresado que no invertirán, mientras no haya seguridad jurídica, cosa que solo puede lograrse reactivando la Constitución, relegitimando los poderes públicos. Ya hay información en los medios norteamericanos y otros países acerca de los movimientos de Alejandro Betancourt, ya conocido por su venta fraudulenta de generadores de electricidad y su riqueza repentina, quien, con mucha habilidad de pillo, está por representar empresas vinculadas a los intereses económicos personales de Donald Trump.
Otra mentira y demagogia de Delcy es que ingresarán al país recursos a corto plazo. En este sentido hay que insistir en que los campos “verdes” de la Faja Petrolífera del Orinoco requieren complejos trabajos técnicos, tiempo e inversión para mostrar resultados, los cuales solo se verían a mediano plazo. Asimismo, alertó que los ingresos por la venta de crudo bajo estos esquemas no están retornando al país. Según sus cifras, más de 15.000 millones de dólares resultantes de la comercialización de 222,7 millones de barriles hasta el mes de julio permanecen retenidos en una cuenta del Tesoro de los Estados Unidos. Se trata de algo parecido a lo que ocurrió con el Fondo de Reconstrucción de Irak creado tras la invasión de 2003, un mecanismo mediante el cual la administración estadounidense mantuvo bajo su control los recursos energéticos iraquíes durante más de dos décadas.
Hay mucha más tela que cortar de este “regalito”. Menos mal que la mayoría de las reacciones ante el anuncio ha sido de recia crítica, incluyendo los que se reconocen como “chavistas” y, en general, la izquierda que aún sobrevive, lo cual es síntoma de que todavía existe nacionalismo en este país, incluso de parte de voceros como Diego Arria, para no hablar del asesor del BM, Ricardo Haussman, quien ya había advertido, en fecha tan temprana como enero de este año, del error del “Plan Rubio”, al colocar una supuesta “recuperación económica” antes de la reconstrucción de la institucionalidad, y ahora acusar a la administración Trump de haber traicionado las expectativas democráticas de los venezolanos y señalar este saqueo petrolero, en acuerdo con la dictadura. Otros, un poco “tibios”, incluso Edmundo González, tal vez porque reconocen la necesidad de la inversión extranjera. Y el silencio escandaloso de MCM. Pero este “regalito” tiene otras implicaciones que abordaremos en otro artículo.
