Con un desparpajo insolente, casi orgulloso, el hombre leyó las cifras como quien exhibe un inventario de poder. Primero soltó el número grueso de privados de libertad por razones políticas. Luego, con la frialdad de un administrador de cuerpos, desglosó en categorías: libertad plena, con medidas cautelares, aún detenidos. Y añadió, como si fueran notas al pie de un informe técnico, fue específico: enumeró mujeres, hombres y adolescentes.
Después pasó a la arquitectura del encierro: número de establecimientos penitenciarios, de los cuales tantos son cárceles y tantos son calabozos policiales. Lo dijo sin matiz, sin contexto, sin una sola palabra sobre hacinamiento, condiciones, estándares internacionales o derechos humanos. Sólo números. Números que, en su boca, no describen un sistema: lo normalizan.
Y sin embargo, lo más elocuente fue lo que no dijo. No mencionó las denuncias de tortura, ni las desapariciones temporales, ni los traslados arbitrarios, ni las audiencias diferidas durante meses. No habló de los presos sin acceso a abogados, ni de los familiares que hacen colas interminables para dejar una bolsa de comida, ni de los que mueren esperando atención médica. No dijo una palabra sobre los informes de la ONU, ni sobre las ONG que documentan patrones de persecución. No habló del miedo. No habló del silencio. No habló de la vida que se va pudriendo en esos recintos que él enumera como si fueran sucursales de una empresa estatal. Lo que no dijo pesa más que lo que dijo.
Porque en Venezuela, y él lo sabe, los “privados de libertad” —ese eufemismo— son moneda de negociación. Se intercambian en mesas políticas, se ofrecen como gestos de buena voluntad, se retienen como advertencia, se liberan como concesión calculada. No son ciudadanos con derechos: son fichas. Y cada ficha tiene un valor táctico. Por eso las cifras se pronuncian con esa soltura: porque no describen personas, describen posiciones en un tablero.
Ese modo tan suyo —ese tono de yo mando, tú escuchas— convierte la estadística en un acto de dominio. No informa: marca territorio. No rinde cuentas: advierte. Cada cifra que pronuncia es un recordatorio de que en Venezuela la libertad dejó de ser un derecho para convertirse en una “concesión administrativa”, una gracia revocable según la utilidad del momento.
Cuando el hombre habla de “privados de libertad”, no habla de justicia. Habla de propiedad política. De cuerpos bajo custodia. De expedientes que se abren o se cierran según la necesidad del relato. Y lo hace con ese desparpajo que no es descuido: es coreografía del poder. La demostración de que el régimen no necesita disimular, que puede exhibir la maquinaria del encierro como quien muestra un trofeo.
En su boca, esos privados de libertad no son personas: son un mensaje. Los que están en libertad plena, una forma de decir “te dejo ir, pero no olvides quién te soltó”. Los que tienen medidas cautelares, una cuerda invisible atada al tobillo.
Los detenidos, la prueba viva de que el miedo sigue siendo política pública. Las mujeres, los hombres y los adolescentes, la evidencia de que el castigo no discrimina. Los establecimientos (las cárceles y los calabozos), el recordatorio de que el encierro no es excepción: es infraestructura.
Ese desparpajo insolente es, en sí mismo, la doctrina: la libertad no se garantiza, se administra. Y quien administra, manda.
Soledadmorillobelloso@gmail.com – @solmorillob
