El presidente de la ONG “Conciencia y Dignidad” y director del canal de las Voces del Pueblo de Youtube, Henry Roberts, a propósito de la reforma del Poder Judicial, que se ha planteado, considera que una reforma real debe empezar por una emergencia judicial, debe empezar por una purga genuina en las instituciones de administración de justicia
¿Usted considera que, actualmente, la justicia en Venezuela es imparcial, el pilar del equilibrio social?
-No, para nada en Venezuela la justicia es imparcial y esto parte de un fenómeno, lo que se conoce como una distopía, con lo que debería ser la autonomía de los poderes. La politización de la justicia. Más del 98% de los jueces son provisorios, es decir, no tienen autonomía y deben rendir cuentas ante un juez rector; inclusive, ante el mismo Tribunal Supremo de Justicia, para poder tomar decisiones ajustadas a derecho y, tristemente, es un hecho público y notorio, que las decisiones ajustadas a derecho, además de ser sumamente extrañas, hoy por hoy tienen un precio.
¿Qué pensó usted cuando Delcy Rodríguez señaló que “las cárceles están llenas de pobres”?
-Sí, yo creo que el problema en Venezuela, más allá de leyes, más allá de lo económico, que también tienen una afectación sustantiva, es un problema de ética, un problema de valores. Es un problema de humanidad, es un problema de principios, de deontología conductual y profesional, tristemente, hay una profunda descomposición en los organismos de administración de justicia.
-El Ministerio Público, lejos de ser un garantista, se ha convertido en un acusador de oficio; con una profunda insania, en donde se tienen que cumplir unas estadísticas, si es inocente o no la persona; porque de lo contrario, puede perder bonos o, simplemente, se removió del cargo y esto, en evidencia, no garantiza en absoluto, lo que es el deber ser del proceso; por una parte, por la otra, lo provisorio de los jueces; son puestos a dedo, y no como ordena el artículo 255 de la Constitución, que deben ser por credenciales académicas, con solvencia moral; concursos de oposición y esto ha traído esta debacle que, tristemente, está destruyendo el núcleo social de nuestra sociedad, como es la familia.
-La presidenta encargada ha acertado en su discurso, ciertamente, el problema es que vemos mucha demagogia, mucha retórica, pero una acción muy demorada en función de las personas que sufren, una gran parte de ellos inocentes, en las cárceles, como ella misma lo alega, por ser pobres; pero peor aún, hay un número nutridísimo de personas que, teniendo todos los medios de prueba en su favor, el Ministerio Público los ignora y procura condenas groseras, condenas infames en prejuicio de ciudadanos inocentes, desconociendo que, no sólo está destruyendo una vida; un trabajador, una familia.
Se señala que el Estado venezolano se vale de expedientes amañados y de “chivos expiatorios”, procurando corregir los errores del pasado, a propósito de las denuncias, que se han introducido en organismos como la Corte Penal Internacional. ¿Qué sabe usted, al respecto, y si tiene pruebas?
-Las pruebas son públicas, notorias y comunicacionales; sin embargo, a nuestra organización llega un sin número de casos. Podría citarte un caso del estado La Guaira, donde el sargento Pablo Otazo, simplemente, cumpliendo órdenes, va a repeler una manifestación en el año 2017; una persona resulta con lesiones leves, producto del impacto de un perdigón; los mismos exámenes médicos determinan que son lesiones leves y para esa fecha la Corte Penal Internacional, estaba haciendo presión sobre el gobierno venezolano; otro caso es el de un numeroso grupo de funcionarios del estado Zulia y en muchos estados del país y en donde se han impuesto condenas groseras de más de veinte años, sin que medien medios de pruebas sustantivos, que pudieran demostrar una conducta, verdaderamente, distraída de la moralidad.
-Nosotros consideramos que la intención del gobierno de turno es el de lavarse la cara ante los organismos internacionales, al admitir que, en efecto, está judicializando a los funcionarios policiales y funcionarios militares, que se distraen del deber ser. Pero realmente son los eslabones débiles, quienes están pagando por delitos, que no han cometido y los que, verdaderamente, están impulsando estas acciones continúan en libertad, impunes en el poder.
Usted ha dicho que una gran parte de las detenciones arbitrarias y prolongadas han conducido a la disolución de las familias, tanto más que en una forma alevosa la autoridad ha ubicado algunos presos muy lejos de su domicilio, lo que supone traslados. ¿Cómo ve usted esta situación?
-Deja muchísimo que desear este tema, y habla muy mal de la administración de justicia. Por ejemplo, tengo el caso de Anthoni Martínez en el estado Carabobo, quien fue imputado, y en la actualidad tiene doce años privado de libertad, sin una sentencia firme, por un delito que no cometió; ya que se encontraba en su puesto de trabajo, en una empresa del Estado, una torrefactora; la propia empresa emanó el rol de entradas y de salidas y para el momento y lugar en el que se cometió el delito el joven estaba trabajando, y así se demostró mediante esta prueba nómina del personal de esta empresa y esto fue desconocido.
-Peor aún, a este muchacho lo apresan ocho meses después del delito, y el tribunal de Carabobo configura la flagrancia, sin ningún medio de convicción, más que un supuesto apodo de un tal “Cara de Rata”, que se prestó para una confusión, pues él no era el susodicho; lo cual con una investigación objetiva del Ministerio Público, pudo haberse demostrado esta confusión.
-Es decir, no hay la voluntad del investigar, realmente, sino voluntad para condenar, para cumplir estadísticas con insania. Parecen ser felices desgraciándole la vida a la juventud venezolana, con unas penas astronómicas, manteniendo a una persona durante doce años en la pena del banquillo, como decimos en el derecho.
-Hay el otro caso del joven José Luis Torres Tarazona en La Guaira, Carayaca, a quien imputan, junto con su hermano, por el delito de cooperador inmediato de extorsión; cuando los extorsionadores fueron los funcionarios del FAES, y entonces resulta que amenazan a Torres Tarazona con la muerte, si no admite el delito y, peor aún, el tribunal configura la complicidad necesaria, sin que exista un perpetrador del hecho en el expediente.
-Es decir, si yo soy cómplice de algo, tiene que existir el sujeto, que cometió delito. En ese sentido, a su hermano le imputan ocho años y a José Luis doce, de modo que todavía está preso, sin haberse individualizado el delito. Decir, cómo fue su participación en el hecho, sin prueba alguna y no hay forma de que los tribunales puedan corregir todas estas distopías. Además, privado de libertad en una sede del CICPC de vehículos, que no sé que tiene que ver con el delito de extorsión, y sentenciado por la jueza de un tribunal de drogas, que no es competente, para conocer materia de extorsión.
-Así que todo este desastre procesal ni porque se haga público ni porque se reclame ante las instancias no ha habido forma de que se haga justicia con estos muchachos; la esposa embarazada, la madre sufriendo; un humilde campesino que es víctima de toda esta distopía, de toda esta inhumanidad, que está operando en la justicia venezolana.
-Este comportamiento malvado, no solamente condenan al preso a no tener el afecto, la visita familiar, la ayuda con la comida y las necesidades básicas. Lo mandan a regiones totalmente distantes; por lo que quedan desasistidos; pasando por la autoridad del tribunal, que es quien debe ordenar el sitio de reclusión y el ministerio Penitenciario se atribuye usurpa esta función del poder judicial y lo mandan donde le da la gana, sin participarle incluso al tribunal.
¿Por qué, a su juicio, no gozan de autonomía los jueces del país?
-No pueden gozar de autonomía; pues como le dije el 98% de los jueces del país son provisorios. Los remueven cuando les da la gana. Si no toma la decisión que algún corrupto, un presidente de circuito le da la gana, lo destituye, sobre todo, si se ajustan a derecho. De modo que lo que están es cuidando cargos.
¿De modo que han desaparecido los concursos de oposición para el nombramiento de los jueces?
-Definitivamente, el artículo 255 de la norma constitucional es taxativo, en cuanto a cuáles son los mecanismos. Nosotros hemos ahondado, ahora, cuando tuvimos una reunión con el gremio de abogados, además de otros activistas de defensa de los derechos humanos y hemos planteado que lo idóneo en Venezuela sería emular el modelo mexicano, en donde las regiones, que se conocen bien todas las personas, así como se elige un alcalde o un gobernador, deba ser elegido el presidente del circuito, el juez, así como el fiscal superior y los fiscales que tengan un control real. Ese poder excesivo le ha hecho un craso daño. Ha aflorado la maldad intrínseca, una perversión atroz, que solo por no perder el cargo le desgracian la vida a un ciudadano.
¿Cuál sería su propuesta ante las anunciadas reforma del sistema judicial venezolano?
-Nosotros creemos que una reforma real debe empezar por una emergencia judicial, debe empezar por una purga genuina en las instituciones de administración de justicia. Creemos que el poder judicial está profundamente plagado de personas incompetentes, que han sido puestos a dedo; porque es un familiar de un general, de algún poderoso. Pero que en la praxis tienen un profundo desconocimiento del derecho y que, peor aún, actúan con una insania incalculable y esto aplica para jueces y fiscales. na insania incalculable y estp ay estp aonocimiento del derecho y que, pgus a dedo; psonas, as el sitio de reclusio la comida y
¿Se han tergiversado normas del ministerio público, como por ejemplo el de Protección al Adulto mayor, en beneficio de gente que no está en estas condiciones, y en lo que influye la situación económica?
-Si bien pudiera parecer una iniciativa noble; porque, ciertamente, hay muchos adultos mayores abusados en su condición de minusvalía por su edad, por su condición económica, por lo que sea, pareciera ser una buena iniciativa; pero en la praxis se está incurriendo en fraude procesal, en abuso de autoridad, en un sinnúmero de irregularidades contrarias a derecho con la intención de justificar un fin noble que no lo es tal, pues se ha verificado que ha sido a conveniencia una buena parte de las veces.
¿Considera usted que la reforma de las leyes venezolanas pueda traer un adecentamiento en el sistema de justicia venezolana?
-La reforma es, ciertamente, necesaria. Hay muchas leyes que son vetustas, de mediados del siglo pasado. Pero tiene que ser una reforma consultada. Todas estas pantomimas, que se vienen haciendo de consulta popular y un largo etcétera, como por ejemplo con respecto al Código Orgánico Penal del año 2021 violentó el principio de progresividad y echó para atrás avances humanistas, que se habían logrado con anterioridad, precisamente, sin valorar dicho principio.
-Hoy en día en este país no se presume inocencia. Se presume culpabilidad y se impone la pena del banquillo por años, incluso, a los ciudadanos venezolanos, si no tienen suficientes dólares, si no tiene suficientes contactos o poder, para poder zafarse de todas estas tropelías, que desde la administración de justicia se vienen imponiendo a los ciudadanos venezolanos. Es imperativo que el poder popular participe, ampliamente, en todos estos procesos. No solamente en la selección de jueces y fiscales en todos los niveles, sino también en la supervisión.
-Debemos volver al sistema de escavinos, de jurado, de crear una comisión especial de la sociedad civil, que sea veedora, que sea vinculante de todos los procesos distópicos de jueces, fiscales, incluso, de defensores públicos que una buena parte de ellos terminan convertidos en un acusador más, no solamente coaccionan a los privados de libertad a admitir hechos bajo engaño en muchas ocasiones.
Nota de prensa – Enrique Meléndez
