En la política venezolana, donde el desacuerdo no es una anomalía sino el sistema mismo, imaginar una coincidencia entre figuras antagónicas suele parecer un ejercicio de ficción. Y, sin embargo, hay momentos —raros, incómodos— en los que la geopolítica abre grietas que la política doméstica jamás permitiría.
El Esequibo podría ser una de ellas.
No porque haya cambiado la naturaleza del conflicto —anclado en una historia larga de despojos, arbitrajes dudosos y omisiones convenientes— sino porque el tablero internacional ya no responde a las reglas de cortesía que dominaron el mundo de la posguerra fría. Estados Unidos, bajo la impronta de Donald Trump, dejó de comportarse como el árbitro predecible de siempre para asumir, más bien, el papel de jugador disruptivo. Y en ese terreno, donde lo improbable deja de ser imposible, Venezuela podría encontrar una rendija.
Lo verdaderamente singular no es la oportunidad externa, sino la configuración interna. Delcy Rodríguez, María Corina Machado y Enrique Márquez —tres nombres que difícilmente compartirían una mesa para discutir el precio del café— coinciden hoy en algo que, en Venezuela, equivale a una alineación planetaria: acceso directo o funcional a Donald Trump.
No es un detalle menor. En un mundo donde las instituciones pesan menos que las relaciones personales, ese tipo de acceso es capital político en estado puro.
La paradoja es evidente. El chavismo, que durante años hizo del antiamericanismo una religión retórica, mantiene hoy canales fluidos con sectores del trumpismo. Y una parte de la oposición, que durante décadas apostó por el multilateralismo y las formas diplomáticas clásicas, encuentra en Trump un interlocutor más eficaz que cualquier cancillería europea. Ironías de la historia: Bolívar invocado en cadena nacional mientras se negocia en privado con Washington.
Pero volvamos al punto. ¿Es concebible una acción conjunta?
En política interna, no. Sería pedirle al fuego que conviva con la gasolina. Las diferencias no son solo estratégicas, son existenciales. Sin embargo, el Esequibo introduce una variable distinta: la territorialidad. Y la territorialidad, a diferencia de la ideología, tiene la virtud de simplificar los argumentos. No admite demasiadas ambigüedades sin pagar un costo político.
Allí podría emerger lo que podríamos llamar un “acuerdo mínimo viable”: breve, explícito, sin adornos. No una alianza —palabra tóxica en el contexto venezolano— sino una coincidencia táctica. La defensa del territorio como causa común, no como reconciliación política.
La iniciativa tendría que ser, inevitablemente, personal. Uno de los tres —no importa cuál, aunque la audacia no abunda— tendría que asumir el riesgo de convocar a los otros dos. Sin grandes discursos, sin épica innecesaria. Un documento corto, casi quirúrgico, que establezca un objetivo concreto: activar, desde sus respectivos canales, una estrategia de persuasión directa sobre Trump y su entorno para reposicionar el reclamo venezolano en clave de interés estratégico estadounidense.
Porque de eso se trata, en última instancia. No de convencer a Washington de la justicia histórica del reclamo —argumento que rara vez decide nada— sino de su utilidad geopolítica. En un contexto de competencia energética, de presencia creciente de actores extrahemisféricos y de reconfiguración de alianzas, Venezuela podría vender —si logra articular el discurso— la idea de que un Esequibo bajo su control sería más funcional a ciertos intereses estadounidenses que bajo la órbita actual de Guyana.
¿Es una tesis discutible? Sin duda. ¿Arriesgada? También. Pero la política internacional no es un seminario de ética, sino un mercado de intereses.
Guyana, por supuesto, parte con ventajas evidentes: estabilidad relativa, narrativa de víctima, alianzas claras. Pero Venezuela tiene algo que, en este momento específico, pesa: centralidad. Es un problema que Washington no puede ignorar, mientras que Guyana sigue siendo, pese a todo, un actor periférico. En tiempos de sobrecarga geopolítica, la atención es un recurso escaso y valioso.
Ahora bien, conviene no caer en entusiasmos ingenuos. Las probabilidades de éxito de una operación de este tipo son, siendo generosos, modestas. Pero la política —la de verdad, no la declarativa— se mueve muchas veces en ese margen estrecho donde lo improbable justifica el intento.
Además, el costo político interno de una iniciativa así sería, paradójicamente, manejable. Defender el Esequibo no se percibe como una concesión al adversario, sino como una reafirmación nacional. Para el chavismo, sería una extensión natural de su narrativa soberanista. Para la oposición, una oportunidad de demostrar que su agenda no se agota en lo electoral ni en la denuncia.
Y, quizás lo más relevante, para los tres actores implicados sería una inversión en su propio capital político futuro. En un país fatigado de conflictos estériles, la capacidad de coincidir —aunque sea en un punto— podría convertirse en un activo inesperado.
Naturalmente, el escepticismo está justificado. Venezuela ha convertido la imposibilidad de acuerdos en una forma de identidad. Pero también es cierto que los momentos de reacomodo global suelen producir alineaciones insospechadas.
El Esequibo, más que un territorio en disputa, podría convertirse en un experimento político. No necesariamente exitoso, pero sí revelador: medir hasta qué punto las élites venezolanas son capaces de reconocer que, incluso en medio del caos, hay causas que trascienden la pelea doméstica.
O, dicho de otra manera, si todavía existe en Venezuela algo parecido a un interés nacional que no dependa de quién lo enuncie.
Maestría en Negociación y Conflicto – California State University – @humbertotweets – +1 (407) 221-4603
