El aguijón.
El peso del engaño sobre la familia trabajadora.
Los trabajadores venezolanos amanecimos el primero de mayo con la rabia contenida y un nudo en el pecho. La alocución de quien representa el poder central aumentó el desconsuelo en los grupos familiares, y reconfirmó la desconexión absoluta con el sufrimiento que padece el pueblo. Vendieron el ajuste del “ingreso integral” como un triunfo para los trabajadores. La realidad es que se trató de otro engaño más ante una emergencia humanitaria que ya nadie puede ocultar. El salario mínimo mensual es una humillación nacional al mantenerlo congelado en centavos de dólar, mientras la canasta alimentaria supera los 650 dólares mensuales. Son más de 1500 días en la espera “responsable”. El gobierno sabe que miles de familias venezolanas necesitan el equivalente a más de dos mil salarios mínimos solo para poner comida en la mesa, pero corren la arruga y dan la espalda a la realidad presente. Esto no es crisis económica carajo, es una fábrica de miseria y desesperanza. En el Táchira se vive con crudeza brutal. La frontera castiga doblemente: por los precios y por esa indiferencia del poder central. Allí, padres y madres saben perfectamente lo que significa acostarse calculando cómo sobrevivir una semana más con ingresos que nunca alcanzan.
Frente a esta tragedia, la respuesta irresponsable del gobierno sigue siendo la misma: más bonos. Pero ya es hora de decirlo con todas sus letras: “la dignidad no se bonifica”. El salario no es un regalo de los gobernantes, es un derecho fundamental. Convertirlo en bonos discrecionales es una forma perversa de mantener al trabajador sometido, agradecido y dependiente, porque al oficialismo le encanta el control social. Un bono se da hoy, se reduce mañana y se quita cuando les moleste. No genera prestaciones, no construye estabilidad, no permite soñar con un futuro. Quieren hacernos creer que todo se debe a sanciones y bloqueos. Mentira. Las sanciones complican, sí, pero la destrucción de la economía y la incompetencia en la gestión de los recursos tienen nombre y apellido, y dirección clara dentro del país. No se puede seguir evadiendo la responsabilidad que recae principalmente sobre quienes han gobernado por más de veintiséis años (26), y la misma no se diluye con discursos.
También han salido con el cuento de mejoras salariales sectoriales para educadores y personal de la salud. Nadie niega que estos sectores merecen atención urgente. Pero nos creen ingenuos: este es un movimiento político calculado para “dividir a la clase trabajadora”. Ofrecen migajas diferenciadas para enfrentar a unos contra otros, fragmentar las demandas y evitar que los trabajadores hablen con una sola voz. Los derechos no se fraccionan. Primero debe establecerse un “salario mínimo vital universal”, digno, real y suficiente para todo trabajador venezolano. Solo desde esa base se podrán hacer ajustes sectoriales sin convertirnos en competidores ni enemigos entre nosotros. Dividir para seguir dominando: esa es la vieja táctica que hoy aplican.
Lo que vive Venezuela es el fracaso de un modelo que ha convertido el trabajo digno en un privilegio de pocos. Reclamar un salario que permita vivir con decencia no es radicalismo: es el reclamo justo y humano de los trabajadores que son parte fundamental de un pueblo que ayuda con su esfuerzo al crecimiento y desarrollo de un país, no de una cúpula irresponsable. La dignidad no se bonifica, se respeta, se garantiza y se defiende, o simplemente no existe.
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