Hay países donde la ley protege. Y hay otros donde la ley se usa para robar. Venezuela, hoy, pertenece a la segunda categoría.
Lo ocurrido en una vivienda de Los Chorros, en Caracas, no es un error judicial ni un exceso administrativo. Es la expresión desnuda de un sistema que ha decidido abolir los límites entre justicia y poder. Un sistema donde la legalidad ya no sirve para contener el abuso, sino para ejecutarlo.
La casa pertenece a los hijos de Antonieta Jurado de Otero. No es una empresa. No es un actor político. No es parte del juicio que supuestamente justifica la intervención. Es, en términos jurídicos elementales, un tercero. Y, sin embargo, su propiedad fue ocupada. Sus bienes, retirados. Su espacio, invadido.
No hubo notificación. No hubo audiencia. No hubo verificación de titularidad. Hubo, en cambio, camiones entrando y saliendo, muebles desapareciendo, personas siendo desalojadas. Todo bajo la sombra de una orden que nadie explicó, pero que todos ejecutaron.
Eso tiene un nombre preciso: despojo.
Y cuando el despojo se realiza con la participación o la aquiescencia de autoridades, deja de ser un delito común y se convierte en política de Estado.
El nombre de ese poder no es abstracto. Tiene rostro: Diosdado Cabello.
No se trata aquí de una imputación ligera ni de una consigna política. Se trata de responsabilidad. De la responsabilidad que implica utilizar el aparato judicial para extender los efectos de una demanda más allá de sus límites legales, alcanzando a quienes no forman parte del proceso.
Ese es el momento en que el derecho deja de ser derecho.
Porque el derecho, para existir, necesita fronteras. Necesita reglas. Necesita garantías. Cuando esas condiciones desaparecen, lo que queda no es un sistema jurídico imperfecto. Es otra cosa: un mecanismo de apropiación.
La historia latinoamericana ha conocido bien estos procesos. No empiezan con la abolición formal de la ley. Empiezan con su deformación. Con decisiones que parecen excepcionales, justificadas por circunstancias particulares, pero que poco a poco construyen una nueva normalidad: la del abuso legalizado.
Primero es un caso. Luego otro. Después, la costumbre.
Y en ese punto, la sociedad ya no vive bajo la ley, sino bajo la voluntad de quienes la interpretan.
Lo verdaderamente grave de este episodio no es solo la violación de derechos individuales. Es la señal que envía. Una señal inequívoca: nadie está protegido.
Porque si el Estado puede tomar la casa de alguien que no está en juicio, sin explicaciones y sin consecuencias, entonces la propiedad deja de ser un derecho y se convierte en una concesión precaria.
Hoy fueron los hijos de Antonieta Jurado de Otero. Mañana puede ser cualquiera. Ese es el mensaje real. No el jurídico, no el político, sino el existencial.
La casa, ese último espacio donde el individuo se siente a salvo del poder, deja de ser refugio y se convierte en territorio vulnerable. Y cuando eso ocurre, la relación entre el ciudadano y el Estado cambia de naturaleza. Ya no es una relación de derechos. Es una relación de fuerza.
En ese momento, el miedo sustituye a la ley. Y una sociedad gobernada por el miedo no necesita dictaduras formales para serlo.
Basta con que la ley se utilice como instrumento de saqueo.
Porque cuando la justicia sirve para quitarle a alguien lo que es suyo, ya no estamos ante un problema jurídico.
Estamos ante un régimen que ha decidido prescindir de la justicia.
