Cuando estaba en bachillerato, en mi plan de vida estaba ser abogado. Pero un primo que ya lo era y un hermano que estudiaba en una universidad de Boston para serlo, porque el dictador Pérez Jiménez había cerrado la UCV, me hicieron cambiar de rumbo. Sin embargo, no ser abogado no impide a nadie saber que el resultado de una elección se respeta. Es la preferencia de una mayoría la que determina quién va a dirigir una nación, un gremio, la directiva de un club social, o simplemente quién de la familia irá a sacar al perro, con ese aguacero, a hacer sus necesidades.
Cuando el resultado de una elección no se respeta, y los electores tienen pruebas suficientes para afirmar que el organizador de la votación “le dio un palo a la lámpara” y le dio el triunfo al perdedor, tienen esos electores pleno derecho de protestar el resultado falso y actuar en consecuencia. Y esas protestas pueden derivar en actos violentos, según sea el ámbito de la elección.
Venezuela tiene un ejemplo en su historia: el plebiscito del 15 de diciembre de 1957, convocado por el general Marcos Pérez Jiménez, para consultar a la población sobre si debía continuar en el poder por un nuevo período (1958–1963), que en realidad era un mecanismo para prolongar su dictadura militar, que lo que hizo fue terminar acelerando su caída semanas después.
Pérez Jiménez anunció en noviembre de 1957 que no habría elecciones presidenciales, como lo exigía la Constitución de 1953. Repetía así lo hecho en las elecciones de 1952, cuando el régimen desconoció resultados adversos.
El plebiscito planteaba una pregunta única: Si Pérez Jiménez continuaba en el poder. Una tarjeta azul significaba “SI” y una roja “NO”.
La Constitución vigente no contemplaba este mecanismo para elegir presidente, por lo que la oposición lo consideró ilegal y amañado. Los empleados públicos fueron obligados a mostrar las tarjetas rojas en el trabajo como prueba de haber votado por el “SI” bajo amenaza de despido, y la oposición llamó a la abstención, denunciando que el resultado estaba decidido de antemano.
El coronel Manuel Egaña hizo honor a su apellido y engañó a los votantes anunciando que el “SI” había obtenido 86,7 %, y el “NO” 13,3 %. Por supuesto, ningún partido opositor reconoció estos resultados y el plebiscito, lejos de consolidar al régimen, desencadenó su crisis final: la percepción de fraude y autoritarismo intensificó el descontento social, las protestas estudiantiles marcaron un punto de quiebre y la desconfianza dentro de las Fuerzas Armadas aumentó.
Como es sabido, el 23 de enero de 1958, apenas cinco semanas después, Pérez Jiménez fue derrocado y huyó del país.
Como todos los venezolanos saben, el 28 de junio de 2024 hubo elecciones presidenciales. Los resultados anunciados por el presidente del CNE fueron distintos a los que arrojaban las actas de mesa, que daban como ganador a Edmundo González.
Como siempre, los anuncios del CNE mostraban “resultados irreversibles”…
Ahora propone el presidente Donald Trump impulsar nuevas elecciones en Venezuela, al encontrarse con que, luego de la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses y la apertura de una etapa de transición aún sin una hoja de ruta clara, aparte su ambición por ponerse en nuestras riquezas naturales busca evitar que un vacío de poder derive en un nuevo ciclo de inestabilidad.
¿Y entonces cómo queda Edmundo González, ganador en junio del 24?
No soy abogado, e ignoro si en derecho existe algún latinajo equivalente a “dejarlo como la guayabera”.
