Aquella tarde salí con un propósito claro: tomar unas fotografías para sumarme a una campaña en línea que exigía la concreción de una transición democrática en Venezuela. Al acercarme a un monumento conocido de mi ciudad, una protesta local captó mi atención. Una bandera multicolor ondeaba con una consigna simple y universal: paz. Me acerqué, movida por la curiosidad, y pregunté por la razón de la manifestación. Imaginen mi sorpresa cuando escuché: la incursión de Trump en Caracas.
Mi primera reacción fue de enojo. Pregunté si entre los manifestantes había algún venezolano. No lo había. Eran todos activistas provenientes de espacios sindicales y políticos de la izquierda europea. Entonces intenté explicar, desde mi experiencia y mi historia, que para muchos de nosotros cualquier movimiento que presionara al régimen significa un paso hacia el cambio largamente anhelado. Me encontré con un muro: citas al derecho internacional, consignas aprendidas y, finalmente, una descalificación que me atravesó como una bofetada. Supuestamente, yo no podía opinar porque vivía en el extranjero.
¿Acaso ellos sí? ¿Qué les otorgaba el derecho de reproducir, quizá sin saberlo, la narrativa que durante años ha sostenido y legitimado a una tiranía?
Sin darme cuenta, quedé atrapada en una discusión de argumentos rígidos, irreconciliables, cargados de certezas absolutas. En algún punto ya no me reconocí. Yo, internacionalista de profesión, me había dejado arrastrar por el calor del momento, respondiendo incluso a planteamientos que, en otro contexto, habría considerado absurdos. No estaba dialogando; estaba reaccionando. Estaba encarnando la polarización.
La polarización es eso: un fenómeno en el que una sociedad se fragmenta en posiciones opuestas y cada vez más extremas, donde el espacio para los matices, la escucha y el entendimiento se vuelve mínimo o inexistente. No surge por azar ni únicamente por diferencias de opinión. Es el resultado de una combinación de factores sociales y psicológicos que se refuerzan entre sí.
Desde el punto de vista social, las personas tendemos a definirnos a través de nuestras pertenencias: políticas, ideológicas y culturales. Cuando un grupo se siente amenazado, real o simbólicamente, se repliega, exagera sus diferencias con los otros y fortalece su lealtad interna. El mundo se reduce entonces a una lógica binaria: nosotros tenemos razón, ellos están equivocados. Esa simplificación no solo empobrece el debate, sino que facilita algo más grave: la deshumanización del otro.
En el plano psicológico, entran en juego mecanismos bien conocidos. El sesgo de confirmación nos lleva a aceptar solo la información que valida nuestras creencias previas y a descartar, casi de forma automática, todo lo que las cuestiona. A ello se suman emociones intensas —miedo, ira, resentimiento— que disminuyen nuestra capacidad de pensamiento crítico. El cerebro, enfrentado a realidades complejas, busca refugio en explicaciones simples y categóricas. Y cuando una opinión forma parte de nuestra identidad, ponerla en duda se siente como una afrenta personal, lo que activa defensividad y radicalización.
Llegar a ese nivel de conciencia me tomó más tiempo del que habría querido. Tuve que respirar y hacer caso omiso de ataques que sentía como personales y que me empujaban a radicalizar mis respuestas, cuando el problema no era ideológico, ni siquiera se trataba de los conceptos en sí, sino de los límites reales de su aplicación.
El derecho internacional es parte fundamental del orden democrático y de la convivencia entre los pueblos. Sin embargo, cuando se aplica de forma abstracta, descontextualizada o selectiva —privilegiando la soberanía nacional por encima de la protección efectiva de las personas— resulta insuficiente frente a regímenes que cometen crímenes de lesa humanidad contra su propia población, como ocurre en el caso venezolano.
La paz verdadera exige: verdad, justicia, condiciones de vida dignas, instituciones legítimas y participativas, responsabilidad y, sobre todo, un espacio real para el diálogo. Cuando ese espacio es anulado por la represión, la censura y la negación del conflicto, invocar la paz sin más puede terminar siendo funcional a la perpetuación de la injusticia.
Precisar esos puntos me permitió sembrar algunas dudas y retirarme de la concentración con mayor serenidad. Esa vivencia es la que da origen a estas líneas. Porque la polarización no se explica solo por opiniones contrapuestas, sino por la manera en que procesamos la información y por cómo los marcos políticos reducen debates complejos a consignas simples.
Todos quisiéramos que la transición democrática en Venezuela se dé de manera pacífica. Pero la defensa de la paz no puede servir de excusa para ignorar la realidad del poder ni para relativizar la responsabilidad de quienes lo ejercen. Cuando eso ocurre, las consignas sustituyen al análisis y el costo recae sobre la población.
Tal vez el primer acto de resistencia, en tiempos tan fracturados, no sea elegir un bando, sino negarse a pensar en términos de izquierda o derecha cuando la realidad venezolana —y el sufrimiento de su gente— nos obliga a pensar primero en los derechos humanos.
