En días pasados un joven articulista en un diario español colocó sobre la mesa un tema de gran relevancia en los tiempos de la “involución moral” que se vive en el siglo XXI, intitulado “La delgada línea entre los principios y la eficacia”.
El debate entre los principios y la eficacia, como dilema central para alcanzar un objetivo o fin político, se remonta a los tiempos antes de Cristo. Sin embargo, estratégicamente pareciera que la recomendación en un primer momento, es buscar un equilibrio, aunque históricamente y en ciertas circunstancias, uno de los dos tiende a predominar, dando lugar a diferentes enfoques.
La diferencia surge porque la eficacia (que es lograr el objetivo propuesto al menor costo), a menudo puede requerir medios que comprometan los principios éticos (valores como la moral, la justicia, la transparencia o la dignidad humana). Ante este dilema, una visión pragmática se centra en los postulados sostenidos por Nicolás Maquiavelo: “El fin justifica los medios”, si el fin es el “bien común”. Para el florentino, cualquier medio que sea necesario para alcanzar el fin es justificable, especialmente si la inacción o el apego estricto a la moralidad conducen al fracaso o a un mal mayor. En un caso concreto, por ejemplo: cuando los riesgos son la tiranía y la pérdida de legitimidad moral a largo plazo. En contraposición, a la luz de un enfoque ético estricto, el dilema se centra en los medios y la legitimidad. Se defiende que el fin nunca justificará los medios y la acción política debe ser inherentemente moral. El riesgo en este caso es la parálisis o la ineficacia ante problemas urgentes, lo cual también puede socavar el bien común. Resumiendo, la política contemporánea estratégicamente tiende a la búsqueda de la legitimidad a largo plazo. En cambio, una política eficaz pero profundamente inmoral (corrupta, injusta) pierde la confianza ciudadana y se vuelve insostenible. Por lo tanto, la estrategia más apropiada es que la eficacia debe estar enmarcada y limitada por los principios ético-políticos.
La historia del pensamiento político ha estado enmarcada por este debate, ofreciendo perspectivas muy variadas: en la Antigüedad Aristóteles (S. IV a.C.) sostenía que la política es la ciencia maestra que busca el “Bien Supremo” (la felicidad de los ciudadanos). La acción política es una forma de ética aplicada a la Ética a Nicómaco, la obra más conocida de Aristóteles sobre ética, (ver el preámbulo de La Política). Para Cicero (S.I a. C.), “El fin del gobierno es la ‘Vida Buena’, no solo la supervivencia”, defendía el concepto de “Decorum” (decoro), que establece que lo decente no puede separarse de lo “honestum” (honesto). La acción correcta es la que es moralmente justificable y, por ende, la que genera la mayor legitimidad.
Para el Renacimiento italiano, Nicolás Maquiavelo (S. XV-XVI d. C.) en El Príncipe, da prioridad a la eficacia, separa explícitamente la política de la moral. En su concepción, el criterio para juzgar al gobernante es la conservación del poder y la estabilidad del Estado. Sugiere que un gobernante debe estar dispuesto a ser “no bueno” si la eficacia lo requiere. Para la época de la Ilustración durante el S. XVIII Immanuel Kant, filósofo prusiano de la Ilustración, la ética se basa en la autonomía moral, entendida esta como “la capacidad de los individuos de darse a sí mismos leyes morales universales basadas en la razón”, en lugar de depender de normas externas. El imperativo categórico prohíbe usar a las personas como meros instrumentos bajo el “Principio de Dignidad”. Esto choca con la eficacia maquiavélica que a menudo instrumentaliza a los ciudadanos.
Por su lado, Max Weber figura clave de la sociología del siglo XX, confronta la “Ética de la Convicción vs Ética de la Responsabilidad”. Weber articula un nuevo dilema: El político debe combinar la “Ética de la Convicción” (adherencia a principios maquiavélicos, como “el fin justifica los medios”), con la “Ética de la Responsabilidad”, al considerar las consecuencias previsibles de sus actos, buscando la eficacia dentro de lo permitido. Un político maduro debe poder equilibrar ambos, sabiendo que la acción política es siempre una negociación moral. Finalmente, Adela Cortina, filósofa contemporánea cuya obra se centra en el siglo XXI, compara la “Ética Cívica y Ética Aplicada”. Sostiene que la ética no es un adorno, sino el fundamento para la convivencia y la democracia. La política sin ética conduce al abuso y la ineficacia a largo plazo. Cortina propone una ética pública que se concrete en la transparencia, la rendición de cuentas y la búsqueda del bien común.
Aunque es difícil encontrar un consenso total, dentro de los líderes latinoamericanos -frecuentemente reconocidos por su compromiso con la ética, la democracia o por el respeto que generaron a pesar de las controversias políticas que suscitaron- se pueden citar a Rómulo Betancourt, cuyo legado se asocia con la ética y el liderazgo en la consolidación de las instituciones democráticas durante su presidencia, cuando tuvo que enfrentar cuatro golpes militares de izquierda y de derecha y ataques e invasiones de la guerrilla castro comunista; José Mujica (Uruguay), ampliamente conocido por su estilo de vida austero y su rechazo a los privilegios presidenciales; Rigoberta Menchú, activista guatemalteca, simbolizando un liderazgo ético en la lucha por la justicia social; y Paulo Freire (Brasil), reconocido por su trabajo como como educador y filósofo enfocado en la liberación y la conciencia crítica.
Por consiguiente, en nuestra opinión, la conducta más recomendable y sostenible es la alineada con la Ética de la Responsabilidad de Max Weber: la acción política debe ser lo más eficaz posible para lograr los fines justos, pero nunca debe sacrificar los principios fundamentales de la dignidad humana y la justicia en el proceso. Los medios inmorales casi siempre generan inestabilidad y deslegitimación a largo plazo.
