Hace varias semanas los medios de comunicación internacionales se hicieron eco de una noticia extraordinaria para nuestro país, el neurocientífico Rafael Yuste, uno de los principales investigadores del cerebro humano, vuelve a España tras 40 años en los Estados Unidos, donde es el director del Centro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia, para crear el nuevo Centro Nacional de Neurotecnología (CNN) o Spain Neurotech. Será el mejor referente internacional sobre la convergencia entre neurociencia, inteligencia artificial y ética y ofrecerá servicio tanto a hospitales como a centros de investigación y a empresas en todo el territorio nacional.
Esta iniciativa nació a raíz de la pandemia de la Covid por parte de la Comunidad de Madrid y, fundamentalmente, a instancias del Gobierno de Pedro Sánchez. Gran protagonismo tuvo, en su momento, la vicepresidenta Nadia Calviño, a quién la idea de Yuste de desarrollar un proyecto de esta envergadura en España le pareció muy acertada (utilizándose para ello los Fondos Europeos de Reconstrucción). En diciembre de 2024 se firmó el acuerdo de constitución de un consorcio público integrado por el Estado Español, la Comunidad de Madrid y la Universidad Autónoma, con una inversión de 200 millones de euros para los próximos 15 años.
Veamos sus antecedentes en los Estados Unidos: fue en 2013, con Obama como Presidente los Estados Unidos, cuando se pone en marcha el Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies, a la cabeza de Yuste. Este macro-proyecto focalizó su atención en establecer un mapa tridimensional de la actividad neuronal, que registró las comunicaciones que se ocasionan en los circuitos cerebrales (que cuenta con 100.000 millones de neuronas y 10.000 conexiones cada una de ellas) En definitiva, mapeó la actividad neuronal del cerebro humano (el gran desconocido), posibilitando a futuro dar soluciones a enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, la depresión, la epilepsia, la esquizofrenia…
Las cuestiones bioéticas coligadas al mismo hicieron necesaria la creación de la Presidential Commission for the Study of Biotethical Issues, que sitúo en primer plano la relevancia de la neuroética y la neurotecnología, analizando sus impactos éticos, sociales y legales.
La neurociencia se divide en dos áreas: la neurociencia de la ética “que se propone investigar los sistemas neurales que están a la base de las intuiciones, juicios y comportamientos morales, y estudia los procesos mentales superiores como autoconciencia, libertad, responsabilidad” [1] y la ética de la neurociencia (que estudia los problemas éticos derivados de sus progresos y aplicaciones).
Respecto a la neurotecnología se concreta en dispositivos, herramientas o métodos que permiten medir o modificar la actividad cerebral. Los hay de diversos tipos: electrónicos, magnéticos, acústicos, ópticos, moleculares… e integran inteligencia artificial, que es básica para un adecuado procesamiento de los datos y confrontar los dispositivos. Si bien éstos están regulados y los datos a que dan lugar protegidos legalmente, algunos se venden libremente en el mercado (el crecimiento anual es del 30%, con unas ventas de más de 6.000 millones de euros), derivándose eventuales inconvenientes de usos descontrolados y sin garantías de la información personal.
Retomando nuestro tema inicial, en el edificio que ha puesto a disposición la Universidad Autónoma de Madrid trabajaran unas 400 personas, unas lo harán con una finalidad científica para comprender mejor el funcionamiento del cerebro, otras con fines diagnósticos y terapéuticos para enfermedades neurológicas y psiquiátricas y, por último, habrá quién lo haga puesta la mirada en el mundo empresarial, potenciando instituir startups españolas. Cinco son los departamentos en los que se ha estructurado: Neurobiología, Neuroingeniería, Neuroclínica, Emprendimiento y Ética y Derechos Humanos. Especial significación este último, puesto que todos los descubrimientos y avances que se sucedan deben contextualizarse dentro de parámetros éticos y de respecto a los derechos humanos, de ahí que contará con científicos, éticos, juristas…
En el año 2017, en la Universidad de Columbia, veinticinco expertos en la materia firmaron un artículo en la prestigiosa revista Nature en donde abogaban por que los desafíos éticos y sociales de la neurotecnología fueran tratados como una cuestión de derechos humanos. En aquel momento se planteaba la oportunidad para descodificar, manipular y controlar el comportamiento de ratones de laboratorio, abriéndose el horizonte para hacerlo con seres humanos. Se creó la Fundación Neuroderechos, bajo la presidencia de Yuste, para llevar el debate a los parlamentos, políticos y organismos de todo el mundo. Fruto de ello Chile (2021), el estado brasileño de Río Grande do Sul (2023) y algunos norteamericanos (California, Colorado y Montana) disponen de leyes para preservar los datos cerebrales frente a la neurotecnología (los principios rectores son garantizar la privacidad, el consentimiento y el control sobre la propia mente). En España, la ley de salud digital de Cantabria incluirá la protección de neurodatos [2].
En el contexto europeo el Reglamento General de Protección de Datos [3] y la próxima ley de inteligencia artificial (aprobada en diciembre de 2023) no alcanzan adecuadamente a la neurotecnología, si bien el Comité de Derechos Humanos de Ginebra ha decidido incluir los neuroderechos [4].
Dice al respecto, entre otras cuestiones, sobre los Estados Miembros que deberán: “Ejercer la diligencia debida a la hora de regular, supervisar y sancionar la conducta de los actores que desarrollen, comercialicen o requieran el uso de neurotecnologías como medio de impedir que se ponga en peligro el goce de los derechos humanos y adoptar medidas para poner remedio a su vulneración. Elaborar un marco normativo de protección capaz de responder a las particularidades de las neurotecnologías, incluidos los efectos actuales y potenciales para los derechos humanos; adoptar medidas para asegurar que el marco normativo nacional, incluidas las leyes civiles, penales y laborales, sea apropiado para hacer frente a los nuevos retos que plantean las neurotecnologías, también desarrollando mecanismos institucionales capaces de prever las vulneraciones de los derechos humanos y los abusos y adoptar medidas para impedirlos, así como considerar el fortalecimiento de las competencias de las instituciones nacionales de derechos humanos con este fin”.
Compartimos unas recientes palabras de Yuste cuando decía “Necesitamos una ley supranacional que proteja el cerebro humano de la tecnología”, pues aunque a los ciudadanos de a pie se nos antoje ilusorio lo expuesto en las líneas precedentes, ante los riesgos, como dice el refrán popular: “más vale prevenir que curar” y estamos tratando sobre el cerebro, nuestro elemento distintivo como especie dotada de inteligencia y que ha sido capaz de tantos y tantos logros, a pesar de las sombras que acucian en nuestro momento histórico.
Notas:
[1] Véase, https://docta.ucm.es/entities/publication/e55a5afb-ffd7-4cb4-9b54-0838939d4ba7
[2] Véase, https://participacion.cantabria.es/normativa/-/normativas/ver/4169?q=neuroderechos
[3] Véase, https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
[4] Véase, https://docs.un.org/es/A/HRC/57/61
