En un mundo saturado de titulares sobre Ucrania y Gaza, la guerra en Sudán avanza casi en silencio. Desde abril de 2023, este país del noreste africano se desangra en un conflicto que ha provocado millones de desplazados y una catástrofe humanitaria de dimensiones insoportables. Sin embargo, la indiferencia internacional contrasta con la magnitud del sufrimiento y la frustración de un pueblo que lleva años luchando por democracia.
La narrativa dominante suele reducir la guerra sudanesa a una rivalidad entre dos generales: Abdel Fattah al-Burhan, jefe del Ejército, y Mohamed Hamdan Daglo, conocido como Hemedti, líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido. Pero esta visión ignora que el pueblo sudanés tiene una larga tradición de resistencia contra el autoritarismo y los regímenes militares, con movimientos de base que han marcado el rumbo político del país.
La revuelta civil de 2019 en contra del régimen islamista de Omar al-Bashir fue un hito de esa resistencia, destacada por su alcance nacional, disciplina organizativa y compromiso con la no violencia. Durante ese período, partidos tradicionales como el Umma, el Unionista Democrático o el Comunista, así como formaciones más recientes, se articularon junto con sindicatos, organizaciones civiles y asociaciones profesionales. Tras el inicio de la guerra en abril de 2023, estos actores intentaron reorganizarse en la coalición Taqaddum, un frente civil para detener la guerra y restaurar la democracia. Sin embargo, divisiones internas sobre cómo relacionarse con las zonas controladas por las RSF llevaron a su fractura y posterior disolución en 2025, lo que debilitó aún más las fuerzas democráticas.
La historia de las RSF está estrechamente ligada al conflicto de Darfur, donde surgieron a partir de las milicias yanyawid armadas por Al-Bashir en los años 2000. Formadas en gran parte por comunidades árabes locales, estas milicias fueron utilizadas para reprimir con extrema violencia las rebeliones de los grupos de origen nilo saharianos que denunciaban la marginación económica y política de la región.
Ese conflicto —marcado por limpieza étnica, desplazamientos masivos y la impunidad de sus responsables— explica el poder de las RSF en el oeste del país. Controlan rutas comerciales, explotan minas de oro y ejercen funciones que normalmente corresponden al Estado: seguridad y justicia, administración territorial, recaudación de recursos y provisión de servicios básicos.
Mientras tanto, el ejército concentra sus fuerzas en el Este, alrededor del Puerto de Sudán, la principal vía de comercio y recaudación aduanera, lo que le permite financiar operaciones y sostener su autoridad en la región. En Kordofán y el Nilo Azul, antiguos grupos rebeldes aprovechan el vacío de poder para fortalecer su control local. Así, Sudán se ha transformado en un mosaico de enclaves armados, como ha ocurrido previamente en Siria y Libia, aumentando el riesgo de fragmentación del país y de intervención externa.
Y es que a esta compleja dinámica interna se suman los juegos de poder a nivel internacional. Egipto respalda a Al-Burhan para proteger su frontera sur y garantizar el flujo de agua del Nilo, vital para su agricultura e industria. Arabia Saudita busca consolidar su influencia en el mar Rojo y asegurar rutas estratégicas de comercio y energía, apoyando indirectamente a los grupos leales al ejército. Los Emiratos Árabes Unidos en cambio están con Hemedti para mantener acceso a minas de oro, inversiones agrícolas y corredores hacia el Cuerno de África. Israel, por su parte, se alinea de manera flexible, buscando reforzar la normalización diplomática iniciada en 2020, garantizar la estabilidad de las rutas marítimas y comerciales hacia el mar Rojo, y proteger proyectos de cooperación en seguridad y tecnología; de hecho mantiene contactos con ambos bandos en una posición pragmática. Y Rusia, que aspira a instalar una base naval en Puerto Sudán, ha mostrado apoyo tácito a facciones del ejército que faciliten su acceso estratégico a la región.
Las consecuencias sobre la población civil son devastadoras: aldeas incendiadas, tierras de cultivo destruidas, violencia sexual sistemática, hambre y enfermedades que golpean especialmente a mujeres y niños. Hoy, un tercio de toda la población de Sudán está desplazada. Ocho de cada diez son menores de edad. Naciones Unidas advierte que estamos ante la peor crisis humanitaria del planeta, pero el eco internacional es mínimo.
Olvidar a Sudán es aceptar una doble moral que condena agresiones en unos escenarios mientras normaliza otras. Recordar las raíces estructurales del conflicto —marginación histórica, debilidad institucional, ausencia de un pacto social— es clave para entender que no basta con un alto el fuego. La salida no puede limitarse a un acuerdo entre generales ni a pactos impuestos desde fuera: los comités de resistencia, sindicatos, asociaciones profesionales y partidos, en toda su diversidad, siguen siendo la columna vertebral de la sociedad sudanesa. Son ellos quienes sostienen la vida cotidiana, organizan solidaridad y mantienen viva la aspiración democrática incluso bajo represión y escasez. Reconocer, escuchar y fortalecer a estos actores es condición indispensable para cualquier proyecto de paz sostenible y para evitar que Sudán quede atrapado en un ciclo interminable de señores de la guerra y tutelas externas.
@mariagabPa2024
