De un tiempo a esta parte, factores de la izquierda progresista en América Latina y España han venido acuñando conceptos como “lawfare”, “guerra jurídica” o “golpe por goteo” para describir el supuesto uso del Poder Judicial por parte de sectores conservadores para deslegitimar adversarios o derrocar gobiernos de ese signo político. Razón por la cual no ha faltado quien diga que la Justicia es una trinchera de la derecha.
Sin embargo, por ciertas decisiones recientes, parece que la diosa Justicia (Iustitia) sí es ciega. O, al menos, reparte a diestra y siniestra sin ver a quién. Resulta ser que la mayoría de los líderes políticos procesados, inhabilitados o condenados en América Latina y Europa durante los últimos años se ubican entre la derecha o la centro-derecha.
En Francia, Marine Le Pen fue condenada en marzo pasado por malversación de fondos del Parlamento Europeo y, además, recibió una inhabilitación por 5 años. Mientras que Nicolas Sarkozy es el primer presidente de ese país en ser condenado por corrupción (con tobillera electrónica incluida), y enfrenta otro juicio por presunto financiamiento ilegal de su campaña de 2007 con dinero del malogrado Muamar el Gadafi.
Por esta parte del mundo tenemos los casos de: Panamá, Ricardo Martinelli condenado en 2023 a más de 10 años de prisión por lavado de dinero, e inhabilitado; El Salvador, Mauricio Funes (Fmln) y Antonio Saca (Arena) por corrupción y lavado de dinero (el primero murió exiliado en Nicaragua); Ecuador, Rafael Correa condenado en abril de 2020 a ocho años de prisión y 25 años de inhabilitación política en causa Sobornos, tiene orden de captura internacional; y su ex vicepresidente Jorge Glas, sentenciado por el delito de asociación ilícita en el caso de sobornos de Odebrecht. Bolivia, Jeanine Áñez condenada a 10 años de cárcel, paga los platos rotos por la crisis de 2019; mientras que el ex presidente Evo Morales enfrenta una orden de arresto emitida en octubre de 2024 por presunto tráfico de personas y abuso sexual de una menor de 15 años; además, hace pocas semanas el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inhabilitó y también suspendió al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, fuerte precandidato del MAS, lo que ha generado protestas de sus partidarios (esa historia se encuentra en pleno desarrollo).
Chile, Argentina, Colombia…
En Chile, el ex precandidato presidencial del Partido Comunista y exalcalde, Daniel Jadue, enfrenta un proceso por cohecho, administración desleal, estafa y fraude al fisco, pero no hay sentencia firme en su contra.
En Perú, todos los expresidentes elegidos democráticamente desde 1985 han sido procesados, inhabilitados, o condenados por algún delito. Aquí la balanza se encuentra bien equilibrada.
Son bastante conocidos los casos de Cristina Kirchner y el más reciente de Álvaro Uribe Vélez.
Nos falta por mencionar Brasil. Allí Fernando Collor de Mello, condenado en 2023 a ocho años de prisión por corrupción, cumple pena en prisión domiciliaria con su respectiva tobillera electrónica.
El caso de Lula
Lula da Silva fue condenado en casos de corrupción (hasta 12 años), pero el Supremo Tribunal Federal (STF) (la máxima corte constitucional del país) anuló todo el proceso en 2021 por falta de competencia del juez Sérgio Moro y violación del debido proceso, aunque todavía tiene varios procesos judiciales abiertos pendientes de resolución vinculados a Lava Jato y Odebrecht.
Su ex aliado, Michel Temer, tiene causas abiertas por corrupción y lavado en distintas fases procesales, sin ninguna condena hasta la fecha. En marzo de 2019, fue detenido por un juez de Río de Janeiro por presunto desvío de recursos públicos, pero luego se le concedió un habeas corpus, fue liberado bajo medidas cautelares, tuvo que entregar el pasaporte y le bloquearon los bienes.
Ahora se suma al grupo, Jair Bolsonaro. No se le procesa por corrupción, sino por intento de golpe de Estado y rebelión contra el orden democrático. En noviembre de 2024, fue formalmente imputado; junto otras 33 personas (incluyendo dos generales retirados) es acusado de liderar una estructura para impedir la asunción de Lula como presidente.
En febrero de 2025, la Procuraduría General presentó cargos adicionales por conspiración para asesinar a Lula y a Alexandre de Moraes, magistrado del Supremo Tribunal Federal.
El juicio comenzó el 19 de mayo de 2025 ante esa instancia. Hace pocos días se le ordenó usar una tobillera electrónica, se le prohibió el uso de redes sociales y el contacto con su hijo Eduardo.
La participación encubierta» de Bolsonaro
El juez Moraes señala que Bolsonaro incumplió con las restricciones que se le habían impuesto, luego que el domingo pasado su otro hijo, el senador Flávio Bolsonaro, lo colocara brevemente en el altavoz del teléfono ante la multitud que se congregó para manifestarle respaldo en Copacabana, uno de los bastiones del bolsonarismo. Flavio publicó el video, que luego borró.
La participación encubierta de Jair Messias Bolsonaro, preparando material prefabricado para su difusión en manifestaciones y redes sociales, demostró claramente que continuó con su conducta ilícita de intentar coaccionar al Supremo Tribunal Federal y obstruir la justicia, en flagrante desacato a las medidas cautelares previamente impuestas, escribió el juez en su orden.
En Argentina esto es una mala noticia para la expresidenta Cristina Kirchner, pues allá se debate sobre las medidas de restricción que se le han impuesto a su actividad pública, con la diferencia de que ella sí tiene sentencia firme.
Pero volviendo a Brasil todo este asunto ha escalado a niveles de una crisis internacional, con consecuencias para su economía, debido al deliberado intento de Donald Trump de condicionar el levantamiento de los derechos aduaneros estadounidenses contra productos brasileños al abandono del proceso judicial en contra de Bolsonaro. El juez de Moraes considera que este y su hijo Eduardo, están “incitando, alentando y ayudando a un gobierno extranjero a realizar actos hostiles contra Brasil (…) intentando someter ostensiblemente el funcionamiento del Tribunal Supremo a los Estados Unidos de América”.
Pelea contra Bolsonaro
Recordemos que esta pelea de Moraes contra Bolsonaro y sus amigos (y viceversa) lleva meses. El 30 de agosto de 2024, el juez ordenó la suspensión de la plataforma X en todo Brasil, alegando la falta de un representante legal en el país, y ordenó el congelamiento de los recursos financieros de Starlink, dando un plazo de 24 horas para el cumplimiento de la orden.
Elon Musk reaccionó llamándolo “dictador malvado intentando disfrazarse de juez”, “pseudo‑juez no electo” (obsérvese, que es la misma acusación que se ha hecho contra otros jueces en otras partes) que “intenta destruir la democracia en Brasil” y lo comparó con Darth Vader.
Como no podía ser de otra manera, Bolsonaro se puso del lado de Musk. El 7 de septiembre, día de la Independencia de Brasil, en una manifestación en São Paulo, dijo: “Espero que el Senado frene a Alexandre de Moraes, este dictador que hace aún más daño a Brasil que Lula da Silva”.
El 8 de octubre de Moraes ordenó el regreso de la plataforma X al país.
Sin embargo, esta historia de desencuentro entre los dos personajes ya tenía sus antecedentes, puesto que en agosto de 2021 Bolsonaro presentó una solicitud de impeachment contra de Moraes ante el Senado, siendo la primera vez que un presidente de la República hacía algo así contra un magistrado del Supremo Tribunal Federal, luego que éste dictara medidas de búsqueda y captura contra alguno de sus aliados políticos.
Alejarlo de la política
Esa fue una de las tantas metidas de pata de Bolsonaro que llevaron a la centro-derecha brasileña a dejarlo de lado e irse con Lula en la elección de 2022. La mayoría del Senado y del Supremo Tribunal se pusieron en su contra.
Digamos que ser apologista del régimen militar brasileño (1964-1985) y afirmar que el general Augusto Pinochet “debía haber matado a más gente” no lo han ayudado.
Desde entonces cada vez que puede llama dictador a de Moraes y lo acusa de querer “alejarlo de la política”.Lo cierto del caso es que este magistrado se ha ganado fama de estricto e implacable y, por lo visto, desde todos los sectores políticos le ven con temor, entre otras cosas, porque no se puede decir que sea un peón del Partido de los Trabajadores (PT). Al revés.
No fue nominado a ese cargo ni por Lula ni por Dilma Rousseff, sino por Temer en 2017. Seis meses antes de las elecciones de 2018, votó en contra del habeas corpus solicitado por la defensa de Lula, y aunque se manifestó a favor de la anulación del juicio contra del expresidente, sostuvo que el proceso debía continuar en la sección judicial de São Paulo.
De modo que, si la izquierda progresista se ha quejado del lawfer, la derecha lo hace de la “dictadura de los jueces”, y en esto último no deja de tener cierta razón. En este extraño sistema que es la democracia liberal, los tribunales tienen la última e inapelable palabra. Esas son las reglas.
Al Navío – @PedroBenitezF.
