La abogada exdiputada y presidenta de COPEI ODCA en el estado Bolívar, Zaida Vahlis advierte que la subestimación del precio del petróleo genera ingresos extraordinarios que escapan al control parlamentario y ciudadano.
En el marco de la inminente discusión y aprobación del Presupuesto de la Nación para el ejercicio fiscal 2027, la abogada y exlegisladora del Consejo Legislativo del Estado Bolívar (CLEB), Zaida Vahlis, fijó una postura firme en defensa del patrimonio público y la reinstitucionalización del país.
Vahlis, quien preside el partido COPEI ODCA en la entidad y milita en la Plataforma Unitaria Democrática, hizo valer su trayectoria parlamentaria en el CLEB, donde promovió una línea de fiscalización rigurosa y el impulso activo de la ciudadanía en su papel contralor.
Durante mi gestión en la legislatura regional mantuve una postura crítica y exigente: el presupuesto debe ajustarse estrictamente a parámetros y proyecciones económicas reales, y no a cifras manipuladas para encubrir la discrecionalidad en la ejecución del gasto público, declaró.
La dirigente denunció la práctica recurrente de presupuestar la Nación sobre la base de un precio del barril de petróleo subestimado —fijado históricamente en montos conservadores como 55 dólares—, mientras el mercado internacional ha rondado o superado los 90 dólares. Esta manipulación genera una inmensa masa de ingresos extraordinarios que no se publican, no se rinden y escapan por completo del control parlamentario y ciudadano, afirmó.
Coyuntura geopolítica y renta petrolera
Vahlis advirtió que la compleja coyuntura internacional —marcada por la prolongación de la guerra en Ucrania y las crecientes tensiones en Oriente Medio, incluyendo el riesgo de cierre o control del Estrecho de Ormuz— introduce una elevada volatilidad en los precios de los hidrocarburos.
El contexto global demuestra que la renta petrolera experimentará fluctuaciones decisivas. Si el presupuesto para 2027 se diseña de espaldas a esta realidad geopolítica y sin una proyección realista, el Ejecutivo continuará manejando discrecionalmente millonarios excedentes petroleros, al margen de la ley y desatendiendo las urgencias en materia de infraestructura, salarios y servicios públicos, puntualizó.
Imperativo constitucional
Desde su perspectiva como abogada constitucionalista, Vahlis recordó que el apego a la legalidad presupuestaria es una garantía ciudadana innegociable. Citó el artículo 314 de la Constitución, que establece que ningún gasto puede ejecutarse si no está formalmente previsto en la Ley de Presupuesto, y los artículos 51 y 143, que consagran el derecho a la información pública y la rendición de cuentas.
Los recursos de la República pertenecen a todos los venezolanos y no al gobierno de turno. La no publicación del instrumento legal presupuestario vulnera el derecho constitucional de la ciudadanía a fiscalizar el destino de los fondos públicos, sostuvo.
Propuestas concretas
La exlegisladora presentó un conjunto de propuestas de carácter urgente: sincerar las proyecciones financieras con una banda de precios de referencia real para el petróleo; crear un Fondo de Estabilización Auditable para los ingresos adicionales derivados de shocks en el precio del crudo; exigir la publicación oficial e inmediata de la Ley de Presupuesto 2027 y sus anexos en Gaceta Oficial y portales digitales; y fortalecer el control parlamentario y social con informes trimestrales obligatorios sobre la ejecución de la renta petrolera.
Desde COPEI ODCA Bolívar reafirmamos que la democracia no consiste únicamente en elegir gobernantes, sino en controlar el poder y exigir cuentas claras. Sin transparencia no hay democracia, concluyó.
Nota de prensa.
