Análisis de entorno.
La figura del “militar multifuncional” terminó confundiendo disciplina con competencia para gestionar cualquier actividad.
La salida del chavismo no estará consolidada mientras la Fuerza Armada conserve una identidad partidista, atribuciones de cogobierno y capacidad para condicionar las decisiones civiles. Cambiar al presidente o renovar el alto mando puede modificar la coyuntura; transformar la relación entre armas, política y economía es lo que permitirá construir una democracia duradera.
El libro que escribí hace unos años, La transición del asistencialismo al mercado, ofrece una base para abordar ese desafío. Su capítulo VII, “Seguridad y defensa” —páginas 193 a 209—, relaciona la politización militar con la ocupación de funciones civiles, el deterioro reputacional y la necesidad de revisar doctrina, organización y alianzas.
Más adelante, en las páginas 251-252 y 268-269, convierte ese diagnóstico en propuestas para la transición y la reconstrucción. Este Análisis de entorno retoma esas ideas, distingue las advertencias del autor de los hechos comprobados y propone una implementación institucionalmente viable.
1. Cómo se produjo la distorsión: del servicio a la nación al compromiso con un proyecto
El libro identifica un mecanismo central: la incorporación de militares a cargos civiles no solo amplió su presencia en el Estado, sino que alteró su función. El uniformado dejó de ser exclusivamente un profesional de la defensa para convertirse también en administrador, empresario público y operador político.
La figura del “militar multifuncional” terminó confundiendo disciplina con competencia para gestionar cualquier actividad.
La consecuencia institucional es profunda: cuando la carrera depende de la confianza política, la obediencia deja de orientarse únicamente a la ley y comienza a organizarse alrededor de la permanencia de un proyecto. La pertenencia partidista puede competir con el mérito como criterio de promoción; el acceso a cargos económicos introduce incentivos distintos a la preparación militar. Este es el mecanismo de desprofesionalización que debe desarmarse, no simplemente sustituirse por nuevas lealtades.
La Constitución ofrece el punto de partida: el artículo 328 define una institución esencialmente profesional, sin militancia política y al servicio exclusivo de la nación, nunca de una persona o parcialidad. El artículo 330 reconoce el voto de los militares activos, pero les prohíbe la propaganda, la militancia y el proselitismo. Despartidizar no significa privar al militar de ciudadanía; significa impedir que utilice su función armada para favorecer una opción política.
Por eso, la transición debe exigir subordinación constitucional, no adhesión a un nuevo liderazgo. No se trata de reemplazar oficiales chavistas por oficiales “de la oposición”, sino de terminar con la categoría de oficial políticamente confiable como fundamento del mando.
2. Desprofesionalización no significa que todos sean incompetentes o culpables
Conviene evitar una generalización que dificultaría la reconstrucción. El propio libro reconoce que la opacidad impide establecer con claridad el apresto logístico y operacional real. No permite concluir que todas las unidades hayan perdido sus capacidades ni que todos sus integrantes compartan responsabilidades.
3. Matriz de escenarios históricos y de seguridad (2027+)
Frente al horizonte 2027, la gobernabilidad en Venezuela dependerá de cómo se resuelva la ecuación entre poder civil y control de las armas:
| ESCENARIOS ESTRATÉGICOS (2027) | PROBABILIDAD | DESCRIPCIÓN OPERATIVA | RIESGOS ASOCIADOS |
| Escenario 1: Reinstitucionalización y subordinación civil | 55% | Saneamiento de mandos, disolución de milicias e integración en un plan de defensa nacional conducido por el liderazgo legítimo de MCM. | Resistencia de células corruptas y necesidad de auditoría estricta de expedientes. |
| Escenario 2: Cogobierno militar o “transición tutelada” | 35% | La oficialidad busca actuar como factor de veto, negociando impunidad y permanencia en áreas de negocios a cambio de paz social. | Inestabilidad económica, parálisis de inversiones y riesgo de dictadura de facto. |
| Escenario 3: Fragmentación y redes insurgentes | 10% | Sectores radicalizados y elementos vinculados a economías ilícitas se repliegan hacia la clandestinidad y el crimen organizado. | Violencia focalizada, minería ilegal y desestabilización en zonas de frontera. |
El diagnóstico debe separar tres dimensiones:
1. Capacidad militar: entrenamiento, mantenimiento, logística, disponibilidad y preparación
2. Integridad institucional: ascensos, contrataciones, patrimonio, conflictos de interés ycontroles
3. Responsabilidad individual: participación acreditada en delitos, abusos o encubrimientos
La necesidad de investigar no es una construcción retórica. La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU ha documentado detenciones arbitrarias y tortura vinculadas a la DGCIM, y en septiembre de 2026 advirtió sobre la persistencia del aparato represivo, incluidas prácticas degradantes en instalaciones militares. Esos hallazgos justifican controles y rendición de cuentas; no reemplazan la determinación judicial de responsabilidades personales.
La política correcta debe ofrecer una salida profesional a quienes cumplan la ley y una respuesta judicial a quienes hayan delinquido. Ni impunidad colectiva ni culpabilidad por portación de uniforme.
3. La transición necesita continuidad operativa, pero no continuidad del cogobierno
El libro propone retirar a los militares de la administración civil, reconstruir el alto mando y recuperar la autoridad del gobierno constitucional. También contempla opciones extremas, incluida la disolución institucional, si la fuerza resultara incompatible con el nuevo orden. Por supuesto, se trata de propuestas del autor que requieren evaluación, no medidas que deban adoptarse automáticamente.
La recomendación es una reforma profunda con continuidad de las capacidades indispensables. Un retiro generalizado sin evaluación puede eliminar conocimientos, desarticular servicios y aumentar la resistencia corporativa. Pero conservar intacta la estructura a cambio de tranquilidad también puede convertir a la institución en un poder de veto.
El acuerdo de transición debería establecer cuatro compromisos:
1. Reconocer la autoridad civil legítimamente constituida y los resultados electorales verificables
2. Retirar progresivamente a militares activos, y retirados en los últimos 10 años, de funciones civiles ajenas a su misión, con entregas auditadas
3. Revisar mandos y ascensos mediante expedientes individuales y criterios públicos
4. Garantizar derechos profesionales, remuneraciones y pensiones legales, sin ofrecer inmunidad general por delitos
El mensaje debe ser inequívoco: hay futuro para la carrera militar dentro de la democracia; no debe haber futuro para el cogobierno armado.
4. La nueva doctrina: proteger al país sin convertir al ciudadano en enemigo
El capítulo “Seguridad y defensa” propone desplazar el énfasis hacia fronteras, amenazas irregulares, narcotráfico, contrabando y capacidades tecnológicas. También plantea recuperar la cooperación con los vecinos y dar mayor importancia a la diplomacia para prevenir conflictos interestatales
Esa orientación es útil, pero necesita dos ajustes. Primero, no conviene sustituir una doctrina ideológica por otra reducida exclusivamente al narcotráfico: la defensa territorial, marítima y aérea, la ciberseguridad y la respuesta ante desastres requieren capacidades propias. Segundo, ampliar las tareas militares dentro del país no puede perpetuar la militarización de la seguridad ciudadana.
Proponemos una doctrina con cinco pilares:
• Defensa nacional sin identificación partidista
• Autoridad civil sobre planificación, presupuesto y empleo de la fuerza
• Separación clara entre defensa, policía e investigación penal
• Protección de derechos y responsabilidad por órdenes ilegales
• Cooperación internacional basada en intereses nacionales y controles democráticos.
La renovación debe llegar a las academias, los ascensos y los ejercicios, y no quedarse solo en un documento. Cambiar consignas ayuda; cambiar lo que se enseña, recompensa y sanciona transforma la institución.
5. El riesgo poschavista: estructuras armadas que sobrevivan a la pérdida del gobierno
El libro advierte sobre la posibilidad de que sectores radicalizados migren hacia organizaciones clandestinas y sobre la existencia de armas que podrían alimentar esa amenaza. Debe leerse como una hipótesis de riesgo del texto, y no como un desenlace inevitable ni tampoco como una capacidad actual cuantificada.
La respuesta propuesta es preventiva: inventariar y asegurar armamento, verificar cadenas de custodia, proteger depósitos y ofrecer mecanismos legales de desarme y reinserción. Cualquier reconversión de milicias debe incluir control efectivo de armas y evaluación de sus integrantes; cambiarles el nombre o asignarles labores productivas no resuelve por sí solo el problema.
Al mismo tiempo, debe evitarse que la hipótesis de insurgencia sirva para criminalizar al chavismo civil. Una democracia necesita distinguir entre oposición política legítima y organización armada ilegal. Esa diferencia será una prueba de que la transición realmente abandonó la lógica del enemigo interno.
6. Estados Unidos: ayudar a reformar, no elegir al próximo árbitro militar
El libro propone recuperar vínculos con Estados Unidos y otros socios para modernizar capacidades y acompañar la reinserción institucional. Esa cooperación puede aportar formación, mantenimiento, transparencia de compras y controles profesionales.
La discusión ya tiene actualidad: un funcionario del Departamento de Estado señaló que Washington esperaba ampliar la cooperación de seguridad con Venezuela, aunque describió las conversaciones serias sobre bases como algo todavía lejano. No corresponde presentar esa posibilidad como un acuerdo cerrado.
El papel estadounidense debería sujetarse a tres condiciones:
1. Cooperación entre Estados, con autoridad civil y supervisión legislativa, no pactos personales con comandantes
2. Evaluación de antecedentes antes de asistir a unidades o funcionarios
3. Objetivos verificables de profesionalización, sin convertir la capacidad de mantener el orden en sustituto de la legitimidad democrática
El error sería reemplazar una dependencia doctrinaria por otra. Venezuela necesita socios para recuperar autonomía profesional, no una nueva tutela sobre sus mandos. Washington debe ayudar a que la Fuerza Armada deje de decidir quién gobierna, no seleccionar quién ejercerá esa función desde los cuarteles.
7. Hoja de Ruta Institucional y liderazgo de María Corina Machado
Como la única líder con legitimidad popular indiscutible, respaldo electoral masivo y confianza ante los centros de decisión internacionales, María Corina Machado debe asumir la iniciativa estratégica mediante las siguientes acciones decisivas:
Mensaje Claro a la Oficialidad Media y Tropa: MCM debe enviar un mensaje de certidumbre institucional. La reconstrucción no significará una persecución colectiva ni la destrucción de la carrera militar, sino la garantía de sueldos dignos, seguro social, formación académica y honor profesional bajo el marco constitucional.
Cero Impunidad a los Delitos de Lesa Humanidad: Establecer una demarcación categórica: justicia intransigente para los involucrados en violaciones de derechos humanos, torturas o narcotráfico, y preservación del futuro profesional para los oficiales que se apeguen a la Constitución.
La reinstitucionalización no debe interpretarse como una persecución colectiva ni como la desarticulación de la carrera militar, sino como el restablecimiento de la subordinación constitucional al poder civil electo, la devolución de las empresas públicas a la administración civil y la garantía de profesionalización, sueldos dignos y honor para la oficialidad.
Para evitar la dispersión de esfuerzos y la solapación de competencias, la hoja de ruta institucional se organiza en tres tiempos estratégicos con metas revisables y ejecutables:
1. Primeros 100 Días: Intervención, Auditoría e Integridad Inicial
• Afirmación de la Comandancia en Jefe y Subordinación Civil: Emisión de los primeros decretos ejecutivos para reafirmar la autoridad del gobierno civil sobre la estructura militar, enviando un mensaje claro de certidumbre a la tropa y oficialidad media: habrá estabilidad profesional para quienes respeten la Constitución, pero cero impunidad para los delitos de lesa humanidad, tortura o narcotráfico.
• Aseguramiento de Armamento y Archivos: Intervención inmediata de los organismos de contrainteligencia y seguridad (DGCIM y SEBIN), aseguramiento de depósitos de armas, verificación de cadenas de custodia y protección de denunciantes para evitar la fuga o desviación de pertrechos hacia estructuras clandestinas.
• Detención de la Propaganda y Cese del Proselitismo: Eliminación inmediata de saludos ideológicos, consignas partidistas y símbolos políticos en los cuarteles y actos del servicio.
2. Primer Año: Desincorporación Económica y Revisión de Mandos
• Retiro Auditado del Sector Económico: Transferencia progresiva y auditada de empresas públicas, aduanas, distribución de alimentos y ministerios civiles gestionados por militares de vuelta a la administración pública civil, cerrando las fuentes de rentas paralelas y corrupción.
• Revisión Transparente de Ascensos y Expedientes: Evaluación individual de los mandos militares mediante un comité técnico con criterios públicos. Los ascensos se fundamentarán en el mérito, la preparación académica y la independencia profesional, desmantelando la figura del “oficial políticamente confiable”.
• Reforma de la Formación Académica: Modificación de los pensums de estudio en las academias militares para erradicar la doctrina del “enemigo interno” y sustituirla por la defensa territorial, los derechos humanos y la subordinación democrática.
3. Mediano Plazo: Reorganización Doctrinal y Cooperación Bilateral
• Rediseño del Despliegue y Tamaño Institucional: Adecuación del tamaño, equipamiento y despliegue geográfico de la FANB en función de una Estrategia Nacional de Defensa soberana aprobada parlamentariamente, orientada a la protección de fronteras, la ciberseguridad y la soberanía marítima y aérea.
• Cooperación Técnica con Estados Unidos y Aliados: Establecimiento de acuerdos bilaterales de asistencia militar e inteligencia con EE. UU. y socios estratégicos. Esta cooperación actuará como un catalizador técnico para la modernización y el reequipamiento, bajo estricta supervisión legislativa y sin ceder la soberanía de la defensa nacional a potencias extranjeras.
8. Percepción general de la FANB: Interna y Externa
A. Percepción Interna (Dentro de Venezuela)
• Erosión de la confianza y desnaturalización: Desde la perspectiva de la ciudadanía y de sectores civiles independientes, la institución militar es percibida mayoritariamente de forma crítica. Se le atribuye haber abandonado su rol constitucional de defensa de la soberanía para convertirse en un actor político partidista, vinculado estrechamente a la cúpula del poder
• El contraste entre la tropa y la cúpula: La opinión pública interna distingue con claridad entre los altos mandos -señalados de cooptación ideológica, corrupción administrativa y control de negocios ilícitos (como el oro y el narcotráfico)- y la tropa profesional o alistada, la cual padece las mismas privaciones económicas, escasez de presupuesto y obsolescencia de equipos que el resto de la sociedad
B. Percepción desde el Exterior
• Pérdida de disuasión y obsolescencia: Para los gobiernos y centros de análisis internacionales, la FANB dejó de ser una fuerza militar convencional con capacidad de proyección disuasiva. Sanciones económicas, restricciones presupuestarias y años de desinversión en mantenimiento mayor han dejado gran parte del inventario militar en un estado de inmovilidad u obsolescencia técnica
• Actor de naturaleza híbrida: En foros diplomáticos y de seguridad hemisférica (como en Washington, Bogotá o Brasilia), la FANB es vista menos como un ejército tradicional y más como una estructura de poder político-militar que controla resortes económicos vitales, lo que la convierte simultáneamente en un obstáculo central y en un interlocutor ineludible para cualquier proceso de transición.
9. ¿Cómo se percibe a la FANB desde otras Fuerzas Armadas?
• Escepticismo y distancia profesional: Las fuerzas armadas de países vecinos (como Brasil y Colombia) observan a la FANB con una mezcla de cautela y distanciamiento profesional. Históricamente, las academias militares de la región valoran la doctrina de defensa nacional y el profesionalismo institucional; bajo esos estándares, la integración de la política partidista en los cuarteles venezolanos es vista como una “anomalía institucional” o una degradación de la carrera militar
• Preocupación por la seguridad transfronteriza: Ejércitos socios perciben a la FANB como un actor debilitado frente a la penetración de grupos armados irregulares (como el ELN, disidencias de las FARC y bandas criminales transnacionales). La incapacidad operativa de la FANB para controlar sus propias fronteras genera tensiones y obliga a los vecinos a mantener esquemas de vigilancia y disuasión en sus respectivas líneas limítrofes
10. Posibilidades de Disolución de la FANB y Sustitución por un Acuerdo de Defensa con EEUU
La idea de disolver por completo la FANB y reemplazarla directamente por un paraguas o acuerdo de defensa con los Estados Unidos plantea escenarios de alta complejidad técnica, jurídica y geopolítica que los expertos desglosan de la siguiente manera:
A. ¿Es viable la disolución total de la Fuerza Armada?
• Imposibilidad práctica e institucional: Jurídica y militarmente, disolver una institución con cientos de miles de efectivos armados y arraigo territorial es impracticable sin desatar un caos de seguridad interna o una insurgencia armada por parte de los sectores más radicales de la oficialidad
• La tesis de la “reorganización y saneamiento” (Plan de Transición): En lugar de una disolución, los planes estratégicos de transición (consensuados en escenarios de cambio político) abogan por una reestructuración profunda en un plazo de seis meses. Esto implica:
o Desvincular drásticamente a la institución de la militancia política
o Sancionar y separar a los mandos vinculados a violaciones de derechos humanos y corrupción
o Disolver unidades milicianas o cuerpos parainstitucionales creados por motivos políticos y no de Estado
o Devolver el monopolio legítimo de la fuerza exclusivamente a una fuerza militar profesional y depurada.
B. El rol de un Acuerdo de Defensa con Estados Unidos
• Cooperación asimétrica, no sustitución: Un acuerdo de cooperación militar con Washington no implicaría que tropas o comandos estadounidenses sustituyan a la defensa nacional de Venezuela. Las potencias extranjeras no asumen tareas de policía interior ni de defensa territorial permanente en naciones soberanas debido al costo político, legal y a las repercusiones hemisféricas (especialmente el rechazo regional a la intervención directa)
• Asistencia técnica y modernización: El papel de Estados Unidos y de los aliados occidentales en un escenario de post-transición se orientaría a:
o Programas de asistencia militar, entrenamiento en derechos humanos e interoperabilidad democrática (bajo el modelo de cooperación internacional)
o Reequipamiento, asesoría en doctrina de defensa y profesionalización de los mandos
o Cooperación estrecha en materia de inteligencia para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional
Conclusión estratégica
El dilema de la transición venezolana no se reduce a sustituir una cúpula política por otra, sino a clausurar definitivamente el ciclo del militarismo proselitista que destruyó las bases productivas e institucionales del país.
La inacción castrense ante el desenlace del régimen demostró que la ideologización forzada solo produjo debilidad operativa y deshonra institucional. La reconstrucción exige coraje político, solvencia técnica y coraje moral, atributos que encarna María Corina Machado como la autoridad legítima requerida para conducir un proceso donde la FANB sea sometida a un riguroso saneamiento, reingeniería institucional y subordinación absoluta al poder civil.
Cualquier acuerdo de defensa bilateral con Estados Unidos funcionará exclusivamente como un catalizador técnico para acelerar su profesionalización y la recuperación de capacidades disuasivas, más nunca como un reemplazo de la soberanía militar nacional. La prueba definitiva de éxito no será el aplauso de los generales al nuevo gobierno, sino la consolidación de un sistema donde ningún militar vuelva a tener el poder de decidir la duración de la democracia o el destino de la República, devolviendo la conducción y la legitimidad en su totalidad al pueblo venezolano.
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