Resumen Ejecutivo:
Yo diría que El Salvador, bajo la presidencia de Nayib Bukele, ha pasado por una transformación radical que, a mi parecer, ha redefinido por completo lo que entendíamos por soberanía y seguridad. La implementación de una estrategia de “mano dura” contra las pandillas, centrada en el Plan de Control Territorial y el Régimen de Excepción, ha logrado una reducción drástica de la violencia, lo que ha posicionado al país como uno de los más seguros de la región. Sin embargo, este éxito en seguridad, en mi opinión, se ha logrado a expensas de los derechos humanos y, tristemente, de la erosión de las instituciones democráticas, con detenciones masivas, violaciones al debido proceso y condiciones carcelarias que considero inhumanas.
En el ámbito económico, la mejora de la seguridad ha impulsado un crecimiento notable del turismo. Aunque otras iniciativas, como la adopción de Bitcoin, han tenido un impacto más limitado, y la inversión extranjera directa ha disminuido, esto, creo yo, refleja preocupaciones sobre el estado de derecho y la transparencia. Externamente, El Salvador ha logrado diversificar sus alianzas, yendo más allá de la tradicional relación con Estados Unidos, buscando cooperación con actores como Turquía y China. Además, me parece que ha emergido como un exportador de su “modelo Bukele” de seguridad a otros países de la región.
La construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) podemos llegar a decir que simboliza un estilo de mutación estatal. No es solo una mega-prisión interna, sino que es una estructura con implicaciones “internacionales” al llegar a albergar delincuentes de otros países bajo acuerdos bilaterales. Este fenómeno de “diplomacia carcelaria” quizás pueda llegar a representar, en mi opinión, una nueva forma de proyectar la soberanía. En conjunto, el Estado salvadoreño ha evolucionado hacia un modelo de gobernanza que yo calificaría como híbrido o un “Estado de seguridad iliberal”, donde la legitimidad se deriva de la capacidad de imponer el orden, priorizando la seguridad sobre las libertades individuales y el equilibrio de poderes. El Salvador podemos decir que cuenta con la creación de un se perfil así como de un actor que, a mi juicio, desafía las normas democráticas liberales, ofreciendo un precedente para otras naciones que enfrentan amenazas muy similares.
Introducción:
La Trayectoria de El Salvador Hacia un Nuevo Modelo de Estado:
Me gustaría empezar comentando que El Salvador ha sido históricamente un país muy afectado por la violencia endémica de las distintas pandillas, lo que lo ha convertido en una de las naciones más peligrosas del mundo. Organizaciones criminales como lo es la Mara Salvatrucha o (MS-13) y Barrio 18, llegaron a ejercer un control territorial de manera muy significativa, logrando involucrarse en actividades ilícitas como la extorsión (afectando, según las investigaciones, hasta un 70% de las empresas), asesinatos, narcotráfico y reclutamiento forzado. Las tasas de homicidio por su parte alcanzaron picos a niveles alarmantes, llegando a 106 por cada 100.000 habitantes en el 2015. Los intentos gubernamentales anteriores, como las políticas de “Mano Dura” y la tregua de pandillas de 2012-2014, no lograron mejoras sostenibles. De hecho, a menudo llego a resultar en un aumento notorio de la violencia o hasta acusaciones de complicidad oficial, y, claro, contribuyeron al hacinamiento carcelario sin llegar a desmantelar las estructuras de las pandillas.
Las instituciones democráticas del país se encontraban, a mi parecer, muy debilitadas por la corrupción generalizada, un estado de derecho frágil y sobre todo la falta de independencia judicial, lo que generó una profunda desilusión pública y un anhelo por una gobernanza efectiva. En este contexto de crisis, el Presidente Nayib Bukele emergió como una figura política “ajena” al sistema bipartidista tradicional, capitalizando, creo yo, el descontento popular. Inicialmente, Bukele logro proyectar una imagen populista, presentándose como un líder no ideológico centrado en el desarrollo nacional, el crecimiento económico y, en particular, el turismo. Sin embargo, tras un notable aumento de la violencia de pandillas en marzo de 2022, su administración adoptó de manera decisiva una postura más autoritaria, priorizando una estrategia de “mano de hierro” para la seguridad.
La popularidad sostenida de Bukele, con índices de aprobación que alcanzaron el 95% para sus políticas de seguridad, es, a mi juicio, un indicativo crucial de su legitimidad pública. Esta aprobación, a pesar de los métodos controvertidos y las denuncias de abusos contra los derechos humanos, sugiere una disposición social a aceptar un gobierno más autoritario a cambio de una mejora tangible en la seguridad y una reducción del poder de los grupos criminales. Este fenómeno se alinea con una narrativa de “Mesías” o “Salvador” que a menudo surge en contextos de prolongada falla estatal y desesperación pública. La percepción de la población de un intercambio de libertades civiles por seguridad física representa, creo yo, una elección social profunda. Este caso desafía las teorías democráticas occidentales tradicionales, que postulan que la legitimidad política emana principalmente de la adhesión a los principios e instituciones democráticas liberales. El éxito de Bukele demuestra que la “legitimidad de desempeño” la capacidad de ofrecer resultados concretos, especialmente en seguridad puede ser una fuente de autoridad potente, capaz de anular déficits democráticos procedimentales. Este modelo podría servir como un plan duradero para nuevas formas de gobernanza en estados que enfrentan amenazas existenciales similares por parte del crimen organizado, influyendo potencialmente en una tendencia global donde el orden se prioriza sobre las normas democráticas tradicionales.
Contexto Geopolítico y Social:
El Salvador, como ya mencioné, ha enfrentado una larga historia de violencia, principalmente atribuida a la actividad de sus pandillas, y la MS-13 es, quizás, la más notoria. La situación social es, en mi opinión, sumamente compleja, caracterizada por esos altísimos niveles de criminalidad y una desigualdad económica que, como es lógico, exigió a los gobernantes anteriores la implementación de estrategias de seguridad que, en muchos casos, resultaron poco efectivas.
Nayib Bukele, con un mensaje fresco y la promesa de un cambio, llegó a la presidencia con una estrategia muy bien definida para enfrentar esta problemática. Su enfoque fue, a mi parecer, radicalmente diferente al de sus predecesores, lo que ha provocado una reconfiguración de las dinámicas del poder estatal.
Combate a la Mara Salvatrucha o el MS-13:
El punto central de la narrativa de Bukele es su férreo combate a la MS-13. El presidente ha lanzado un plan conocido como el “Plan Control Territorial”, que, creo yo, ha logrado combinar operaciones militares y policiales con distintos programas sociales. Esta estrategia, como hemos visto, ha resultado en la captura de miles de miembros de pandillas y una reducción significativa de las tasas de homicidio en el país.
Sin embargo, esta guerra contra las pandillas ha sido muy criticada por las distintas organizaciones de derechos humanos. Ellas argumentan que las tácticas implementadas atentan contra todos los principios fundamentales, donde, además, no se cuentan con el debido proceso ni la presunción de la inocencia. Este escenario me lleva a plantear algunas interrogantes sobre cómo se puede, quizás, redefinir la soberanía en un contexto donde el uso de la fuerza se convierte en el principal mecanismo de control absoluto por parte del Estado.
El Paradigma de Seguridad de Bukele: La “Mano Dura” y sus Resultados
El Plan de Control Territorial (PCT): Fases, Objetivos e Implementación
El Plan de Control Territorial (PCT), un programa salvadoreño de seguridad y lucha contra las pandillas, se lanzó el 20 de junio de 2019, poco después de que Bukele asumiera el cargo. El plan, según entiendo, se estructura en seis fases (con una potencial séptima), y se estimó que costaría un total de 575,2 millones de dólares estadounidenses. Las fases clave incluyen “Preparación” (aumento de la presencia militar y policial para desarticular las finanzas de las pandillas en los centros históricos de las ciudades), “Oportunidad” (estrategias preventivas centradas en la comunidad, programas educativos y empresariales para jóvenes, proyectos de infraestructura), y “Modernización”.
La implementación del PCT implicó patrullas conjuntas de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) en territorios controlados por pandillas, búsquedas aleatorias y arrestos de presuntos pandilleros. Las fases iniciales se centraron en 12 municipios, principalmente dentro del área metropolitana, con el objetivo de desarticular la extorsión y el cobro de “renta” por parte de las pandillas. A diferencia de las políticas de “Mano Dura” anteriores, que a menudo se basaban en la fuerza bruta y detenciones masivas sin un impacto sistémico, el PCT de Bukele, desde su concepción, apuntó explícitamente a los bastiones económicos de las pandillas. El despliegue de personal militar junto con la policía y la imposición de confinamientos completos en las prisiones indican, en mi opinión, una estrategia integral, de carácter cuasi militar, destinada a desmantelar la infraestructura operativa y financiera de las pandillas, más allá de la mera captura de miembros individuales. Esta ocupación agresiva de territorios controlados por pandillas y la interrupción de sus fuentes de ingresos crearon un vacío de poder que el Estado pudo llenar posteriormente. La interrupción estratégica de las finanzas de las pandillas, en particular las omnipresentes redes de extorsión, paralizó directamente la capacidad de las pandillas para operar y mantener el control. Este estrangulamiento económico, combinado con una abrumadora presencia militar y policial, debilitó significativamente a las pandillas, haciendo que las subsiguientes políticas de arrestos masivos y encarcelamiento fueran más efectivas para consolidar la autoridad estatal y reducir la criminalidad visible.
Cómo se ha deconstruido el simbolismo de la Mara Salvatrucha y sus implicaciones psicosociales:
La Mara Salvatrucha, comúnmente conocida como MS-13, es una pandilla violenta que se originó a finales del siglo XX, principalmente entre inmigrantes salvadoreños en Los Ángeles. Desde entonces, se ha extendido a varias partes de Estados Unidos y Centroamérica. El simbolismo asociado con la pandilla juega un papel crítico en su identidad y funcionamiento. La deconstrucción de este simbolismo revela implicaciones psicosociales más profundas que impactan no solo a los miembros, sino también a las comunidades que habitan.
En el centro de la identidad de la pandilla yace una intrincada red de símbolos que transmiten poder, pertenencia y resistencia. Los tatuajes, los grafitis, los colores e incluso los gestos son significativos dentro de la cultura pandillera. Los tatuajes a menudo representan imágenes de muerte o lealtad, como calaveras o el número 13, que representa la afiliación de la pandilla con la letra M (la decimotercera letra del alfabeto), que representa a Mara. Los grafitis actúan como un marcador territorial, afirmando el dominio sobre los vecindarios. A través de estos símbolos, sus miembros expresan su identidad, marcan su territorio e invocan miedo, consolidando su lugar en una narrativa más amplia de violencia y supervivencia.
Sin embargo, la percepción social de la MS-13 ha sido a menudo reduccionista, enmarcándola simplemente como una organización criminal. Esta simplificación excesiva ignora los contextos socioeconómicos que dan origen a estos grupos. Muchos miembros de la MS-13 provienen de entornos empobrecidos, donde las oportunidades son escasas. La pandilla se convierte en un refugio, un medio de supervivencia y una forma de forjar un sentido de identidad en un entorno marcado por la marginación y el trauma. Así, los símbolos sirven como insignias de honor y escudos contra un mundo hostil. Con el debate en curso sobre las pandillas y la violencia, la necesidad de desmantelar los mitos que rodean el simbolismo de la MS-13 se ha vuelto crucial. Deconstruir el imaginario de la pandilla no significa negar sus acciones violentas ni la criminalidad inherente a su existencia. En cambio, implica comprender cómo estos símbolos se forman, perpetúan e interpretan en diferentes contextos. Al examinar las narrativas culturales que rodean a la MS-13, descubrimos las complejidades de la vida de las pandillas, incluido el anhelo de comunidad, protección y reconocimiento que impulsa a las personas a unirse a las pandillas.
El proceso de deconstruir el simbolismo de las pandillas está intrínsecamente ligado al debate más amplio sobre las respuestas sociales a la violencia pandillera. Las estrategias de las fuerzas del orden se han centrado típicamente en medidas punitivas, lo que a menudo ha resultado en un aumento de las tensiones entre las comunidades y la policía. Dichos enfoques con frecuencia ignoran los problemas subyacentes que llevan a las personas a unirse a las pandillas, como la pobreza, la falta de educación y el desarraigo social. Los símbolos de las pandillas, vistos desde esta perspectiva, pueden revelar una búsqueda desesperada de autonomía en un mundo que ha marginado sistemáticamente a estos individuos.
Además, los medios de comunicación desempeñan un papel importante en la formación de las percepciones de la MS-13 y sus simbolismos. Las representaciones sensacionalistas a menudo enfatizan la violencia, reforzando estereotipos dañinos y fomentando el miedo. Estas representaciones contribuyen a una comprensión binaria de los pandilleros como inherentemente malvados, carentes de humanidad o narrativa. Sin embargo, el discurso académico y la investigación comunitaria reflejan una realidad diferente: una en la que los miembros de la MS-13 lidian con identidades complejas. Muchos buscan redención o escapar del ciclo de violencia, lo que ilustra la dualidad de su existencia como perpetradores y víctimas.
Al explorar las implicaciones psicosociales del simbolismo de la MS-13, se hace evidente que el lenguaje visual de la pandilla sirve como mecanismo de afrontamiento y como reflejo del rechazo social. Para muchos, la afiliación a una pandilla se convierte en una familia sustituta, brindándoles lo que perciben como amor, validación y propósito en medio del caos. El significado detrás de sus símbolos pasa de la mera identificación con una pandilla a la manifestación de un trauma no resuelto, el desplazamiento cultural y el deseo humano de pertenencia.
Además, la pérdida de dichos símbolos puede provocar una crisis de identidad en sus miembros. La transición fuera de la vida pandillera o la deconstrucción de sus símbolos puede provocar sentimientos de vulnerabilidad, ansiedad y confusión. Quienes deciden abandonar la pandilla pueden tener dificultades para redefinirse fuera del marco simbólico en el que antes se basaban para su identidad. Por consiguiente, los esfuerzos de apoyo y rehabilitación comunitarios deben abordar estos aspectos psicológicos, brindando a los exmiembros las herramientas para reconstruir sus vidas sin recurrir a asociaciones del pasado.
Ante estos numerosos desafíos, se están produciendo transformaciones positivas tanto en los discursos académicos como en los comunitarios. Organizaciones de base y grupos de defensa están enfatizando la importancia de contar historias, animando a exmiembros de pandillas a compartir sus relatos. Estas historias no solo humanizan a personas que antes estaban confinadas a representaciones negativas, sino que también comienzan a desmantelar el estigma que rodea sus experiencias. Al hacerlo, desafían las narrativas dominantes que glorifican la vida pandillera y exponen las realidades, a menudo ocultas, del sufrimiento y la resiliencia.
Las iniciativas educativas dirigidas a jóvenes en riesgo pueden deconstruir aún más el atractivo del simbolismo de las pandillas. Al brindarles narrativas alternativas —a través del arte, la mentoría y la participación comunitaria—, podemos ofrecerles caminos de pertenencia que no impliquen violencia ni criminalidad. El arte, en particular, sirve como un poderoso medio de expresión. Los programas que permiten a los jóvenes crear e interactuar con el arte pueden ayudarlos a articular sus luchas y aspiraciones sin necesidad de recurrir al simbolismo de las pandillas. Estas iniciativas pueden contribuir a la recuperación de la identidad, alejándose de los símbolos de violencia hacia aquellos que denotan esperanza, creatividad y construcción de comunidad.
Además, reconocer el papel de la cultura en la formación de la identidad es imperativo al hablar de la MS-13. El simbolismo de la pandilla está profundamente arraigado en las narrativas culturales más amplias que rodean el desplazamiento y la migración. Comprender la intersección de estos problemas sociales más amplios con la cultura de las pandillas permite una comprensión más profunda de su simbolismo. Esto pone de relieve la necesidad de políticas que no solo aborden la conducta delictiva, sino también las disparidades socioeconómicas que enfrentan las comunidades marginadas.
En conclusión, la deconstrucción del simbolismo asociado con la Mara Salvatrucha va más allá de la investigación académica; es una búsqueda necesaria que aborda las experiencias humanas reales tras los tatuajes, los grafitis y los códigos. Nos obliga a confrontar los contextos sociopolíticos que fomentan a estos grupos y a desafiar las narrativas que simplifican su existencia reduciéndola a mero crimen y violencia. Al comprender las implicaciones psicosociales de estos símbolos, podemos promover mejor un cambio significativo, fomentando entornos que promuevan la comprensión, la sanación y, en última instancia, la pertenencia. Al transitar este complejo panorama, debemos ser conscientes de las personas cuyas identidades han sido moldeadas por estos símbolos y trabajar para reconocer su humanidad ante la adversidad.
El Régimen de Excepción: Marco Legal, Alcance y Realidades Operativas
El Régimen de Excepción se declaró el 27 de marzo de 2022, en respuesta directa a un aumento de la violencia de pandillas que resultó en 87 homicidios durante un solo fin de semana. Inicialmente, se concibió como una medida temporal de 30 días, pero se ha renovado sucesivamente 33 veces hasta diciembre de 2024, convirtiéndose, de hecho, en una política de estado permanente. Bajo este régimen, se suspenden varias garantías constitucionales, incluyendo el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a una defensa calificada, la libertad de asociación y la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones.
Las fuerzas de seguridad tienen poderes ampliados, lo que ha llevado a detenciones masivas sin órdenes administrativas o judiciales, a menudo basadas en criterios vagos como la apariencia o denuncias anónimas. La renovación continua y casi automática del estado de excepción significa, a mi parecer, un cambio fundamental en la gobernanza de El Salvador. Esta institucionalización indica que la suspensión de derechos constitucionales y la concentración de poder en el ejecutivo ya no son medidas de emergencia temporales, sino que se han convertido en elementos fundamentales del “Modelo Bukele.” Esto no es simplemente una política extendida; representa una redefinición del marco operativo del estado y su relación con los derechos fundamentales de sus ciudadanos. La normalización de los poderes excepcionales altera fundamentalmente el orden constitucional, alejando a El Salvador de un marco democrático liberal hacia un estado de seguridad autoritario o iliberal. En esta nueva configuración, los derechos humanos y el debido proceso son secundarios a los imperativos de seguridad que el estado percibe. Esto sienta un precedente preocupante para otras naciones que luchan con desafíos de seguridad interna similares, legitimando potencialmente la erosión de las instituciones democráticas bajo el pretexto de mantener el orden.
Alianzas Externas:
Un aspecto que me parece fundamental del gobierno de Bukele ha sido su habilidad para lograr forjar alianzas estratégicas, tanto a nivel regional como internacional. El Salvador ha buscado apoyo en naciones como Estados Unidos, que, a través de diversas iniciativas, ha brindado soporte logístico y económico. También se han explorado lazos con países como China, lo que marca, en mi opinión, un giro en la política exterior salvadoreña. Esta flexibilidad en las relaciones exteriores no solo se debe a la búsqueda de recursos económicos, sino que también indica un cambio en la forma en que El Salvador ejerce su soberanía. Al alinearse con diferentes actores internacionales, Bukele parece no solo buscar ayuda financiera, sino también una legitimación de su régimen a través del reconocimiento externo.
Impacto Cuantitativo: Reducción Dramática de Homicidios y Extorsiones
El Salvador ha experimentado, como hemos visto, una reducción histórica en la delincuencia violenta. La tasa de homicidios se desplomó de 53,1 por cada 100.000 personas en 2018 a un nivel sin precedentes de 1,9 en 2024. Los homicidios anuales disminuyeron de 6.656 en 2015 a solo 114 en 2024. El país, para mi sorpresa, registró 684 días sin homicidios desde la implementación del Régimen de Excepción. Los casos de extorsión, una fuente importante de ingresos para las pandillas, cayeron más del 48%. En general, los delitos violentos, incluyendo robos, hurtos, lesiones y agresiones sexuales, experimentaron una disminución sustancial de más del 40%
Tabla 1: Evolución de las Tasas de Delincuencia Clave (2015-2024)
| Año | Tasa de Homicidios (por 100,000 hab.) | Homicidios Anuales Totales | Casos de Extorsión Reportados |
| 2015 | 106 5 | 6,656 22 | N/A |
| 2018 | 53.1 4 | 3,340 10 | N/A |
| 2022 (Inicio Régimen) | N/A | N/A | 732 (2023) 21 |
| 2024 | 1.9 4 | 114 21 | 377 21 |
Nota: “N/A” indica que los datos específicos para ese año y categoría no se encontraron en el material de investigación proporcionado.
Impacto Cualitativo: Percepción Pública vs. Preocupaciones de Derechos Humanos
Las políticas de seguridad de Bukele gozan de índices de aprobación excepcionalmente altos (95%). Los salvadoreños reportan, a mi entender, una nueva sensación de seguridad y libertad frente a la violencia de las pandillas, lo que les permite moverse libremente por la noche. Este éxito percibido ha llevado a que otros países latinoamericanos estudien e incluso copien aspectos del “Modelo Bukele”.
Sin embargo, esta narrativa de éxito coexiste, tristemente, con graves preocupaciones en materia de derechos humanos:
Detenciones arbitrarias masivas: Entre 83.000 y 110.000 personas han sido detenidas bajo el estado de excepción, lo que equivale al 1,4% de la población del país, resultando en la tasa de encarcelamiento más alta del mundo.
Violaciones al debido proceso: Las denuncias incluyen la falta de requisitos legales para la detención, juicios masivos (¡hasta 500 personas a la vez!), jueces con identidad oculta, ausencia de una defensa legal efectiva y violaciones sistemáticas de la presunción de inocencia.
Condiciones carcelarias inhumanas: Se han documentado casos de hacinamiento severo (superando el 250% de la capacidad), falta de atención médica, alimentos y agua inadecuados, y tratos crueles, degradantes e inhumanos, incluyendo tortura.
Muertes bajo custodia estatal: Organizaciones locales y Amnistía Internacional han registrado entre 300 y 400 muertes bajo custodia estatal desde el inicio del estado de excepción.
Desapariciones forzadas y tortura: Grupos de derechos humanos han documentado casos de tortura, malos tratos y detención en régimen de incomunicación.
Poblaciones vulnerables afectadas: Niños detenidos por delitos relacionados con el crimen organizado son trasladados a prisiones de adultos, violando las normas internacionales de justicia juvenil. Los arrestos a menudo parecen basarse en la apariencia o denuncias anónimas, lo que lleva a la detención de personas sin conexiones aparentes con pandillas.
Cooptación del sistema judicial: Desde 2021, el sistema judicial ha sido gradualmente socavado, con el poder ejecutivo influyendo en su independencia mediante acciones como la destitución y el reemplazo del fiscal general y los jueces de la Corte Suprema.
Represión de la sociedad civil y los medios de comunicación:
El gobierno ha intensificado su asedio a la sociedad civil a través de medidas como la Ley de Agentes Extranjeros. Esta ley impone un impuesto desproporcionado del 30% sobre los fondos extranjeros, prohíbe actividades vagamente definidas como “políticas” o que “alteren el orden público,” y otorga a las autoridades estatales amplios poderes para controlar y sancionar a grupos de derechos humanos y medios de comunicación independientes, criminalizando efectivamente el derecho de asociación y la libertad de expresión. Los ataques contra periodistas han aumentado significativamente.
Presuntos acuerdos secretos: Investigaciones sugieren que el gobierno de Bukele pudo haber llegado a acuerdos secretos con la MS-13 en los primeros años de su presidencia, posiblemente implicando la desviación de fondos de USAID a las pandillas a cambio de apoyo político y reducción de las tasas de homicidio. La sorprendente dicotomía entre la drástica reducción de la violencia de pandillas y las violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos revela, a mi juicio, una profunda paradoja en el centro de la gobernanza de Bukele. Si bien los ciudadanos experimentan una mayor seguridad física frente a las pandillas criminales, simultáneamente enfrentan una nueva forma de inseguridad impuesta por el Estado, caracterizada por detenciones arbitrarias, falta de debido proceso y supresión de la disidencia. Esto sugiere que la “seguridad” bajo Bukele se ha redefinido de una garantía integral de los derechos y la justicia de los ciudadanos a un concepto de orden impuesto por el Estado, logrado por medios coercitivos. El temor reportado por la población a hablar libremente a pesar de sentirse más segura frente a las pandillas subraya esta compensación. Esta situación, creo yo, ejemplifica un “pacto hobbesiano,” donde una población, desesperada por la estabilidad y el orden después de años de caos, está dispuesta a ceder libertades civiles significativas y protecciones democráticas a un ejecutivo fuerte. Plantea preguntas críticas sobre la naturaleza de la legitimidad estatal en contextos de amenazas internas graves y si los impresionantes logros en seguridad, por muy populares que sean, pueden justificar la erosión de los derechos humanos fundamentales y las instituciones democráticas. Si se replica, este modelo podría contribuir a una tendencia global de “estados de seguridad” que priorizan el orden y el control sobre las libertades individuales y el estado de derecho.
Estrategias Económicas y de Seguridad Interna:
Las políticas económicas adoptadas por Bukele han complementado su enfoque de seguridad. La inclusión de criptomonedas, específicamente el Bitcoin, como moneda de curso legal, es una de las medidas más controvertidas. Este paso no solo tiene implicaciones económicas, sino que también afecta la percepción internacional del país y su capacidad para atraer inversiones.
Por otro lado, la inversión en infraestructura de seguridad, así como el fortalecimiento de las fuerzas policiales, ha permitido a Bukele consolidar su poder interno. Sin embargo, esto plantea la pregunta de si la militarización de la seguridad es un signo de debilidad institucional o una respuesta legítima a la crisis de seguridad.
Transformación Económica e Iniciativas de Desarrollo
Adopción de Bitcoin: Razones, Implementación y Efectos Económicos
El Salvador adoptó Bitcoin como moneda de curso legal en 2021, un movimiento pionero a nivel mundial. El gobierno citó objetivos como apoyar a las comunidades no bancarizadas, reducir los altos costos de las remesas internacionales (que constituyen más del 20% del PIB de El Salvador), disminuir la dependencia del dólar estadounidense y estimular la economía nacional. Las iniciativas incluyeron el lanzamiento de la billetera de criptomonedas Chivo para facilitar las transacciones con Bitcoin y promover la inclusión financiera. Se anunció el ambicioso proyecto “Bitcoin City,” planeado en la base del volcán Conchagua, con el objetivo de utilizar energía geotérmica para la minería de Bitcoin y ofrecer un paraíso fiscal con cero impuestos sobre la renta, la propiedad, las adquisiciones y los impuestos municipales.
La adopción de Bitcoin posicionó a El Salvador como un destino turístico único, atrayendo a “turistas de la novedad de BTC”. Sin embargo, su impacto económico más amplio ha sido, a mi parecer, limitado: aproximadamente el 90% de los salvadoreños nunca han utilizado Bitcoin, y solo el 1,1% de las remesas involucraron criptomonedas. El país no logró recaudar capital significativo de sus políticas de criptomonedas, lo que exacerbó su déficit fiscal. En consecuencia, el FMI vinculó nuevos préstamos a la voluntariedad del uso de Bitcoin, poniendo fin a su estatus obligatorio. A pesar de esto, El Salvador mantiene una reserva nacional de Bitcoin (alrededor de 6.000 BTC, valorada en 500 millones de dólares) para una posible gestión de la deuda o inversiones gubernamentales.
El uso de Bitcoin por parte de Bukele fue presentado como un paso audaz e innovador para modernizar el sistema financiero de El Salvador y atraer inversiones globales. Si bien generó con éxito atención internacional y atrajo turismo de nicho, sus beneficios económicos prácticos para la población en general y la salud fiscal del estado han sido, en el mejor de los casos, modestos. La intervención del FMI, que efectivamente obligó a revertir el estatus obligatorio de Bitcoin, resalta los límites de la soberanía económica, particularmente para los estados que dependen de las instituciones financieras internacionales tradicionales. El mantenimiento continuo de una reserva nacional de Bitcoin y la influencia reportada del enfoque de El Salvador en otros actores geopolíticos importantes sugieren, a mi entender, que las motivaciones de la política se extienden más allá de consideraciones puramente económicas para incluir la señalización geopolítica y la marca nacional. Este caso ilustra la voluntad de un líder de emplear políticas económicas no convencionales tanto para la construcción de una imagen interna como para el posicionamiento internacional. Subraya los desafíos que enfrentan las naciones en desarrollo para afirmar la autonomía económica cuando su estabilidad fiscal sigue ligada a los sistemas financieros globales convencionales. El concepto de “Bitcoin City” ejemplifica aún más una visión de un estado hipermoderno y paraíso fiscal, con el objetivo de reorientar fundamentalmente la identidad económica de El Salvador desde su base agrícola tradicional.
Auge del Turismo: La Seguridad como Catalizador del Crecimiento
El Salvador experimentó un notable aumento del turismo, ocupando el cuarto lugar a nivel mundial en crecimiento turístico en 2023, con un aumento del 40% en las llegadas desde 2019. En 2024, el país recibió 3,9 millones de turistas, un aumento del 22% con respecto al año anterior, superando significativamente a competidores regionales tradicionales como Costa Rica, Guatemala y Panamá. Este crecimiento se atribuye principalmente a la mejora drástica de las condiciones de seguridad, junto con inversiones en infraestructura (nuevas carreteras, mejoras aeroportuarias, zonas de desarrollo turístico) y la promoción de nichos de mercado como el ecoturismo y “Surf City”. El turismo se ha convertido rápidamente en un pilar importante del crecimiento económico nacional, contribuyendo con el 11% del PIB de El Salvador durante el primer semestre de 2024.
La correlación directa e inmediata entre la drástica reducción de las tasas de criminalidad y el auge sin precedentes del turismo es, a mi juicio, un hallazgo crucial. Para una nación anteriormente sinónimo de violencia extrema, esto demuestra que la seguridad no es simplemente un bien público, sino un requisito económico fundamental que puede desbloquear un potencial económico previamente suprimido. El “Modelo Bukele” aprovechó eficazmente sus logros en seguridad para transformar la imagen internacional de El Salvador y atraer visitantes, lo que generó beneficios económicos tangibles. La mejora de la situación de seguridad restauró directamente la confianza internacional en El Salvador, remodelando su percepción global de un país peligroso a un destino más atractivo y seguro. Esto, a su vez, se proyecta que estimulará un aumento de la inversión extranjera directa (IED) en el sector turístico y contribuirá a un fortalecimiento y diversificación económica más amplios.
Panorama de la Inversión Extranjera: Oportunidades y Desafíos
Fitch Ratings mejoró recientemente la calificación de la deuda a largo plazo de El Salvador, citando una reducción significativa de las necesidades de financiación y un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se espera que el acuerdo con el FMI por un préstamo de 1.400 millones de dólares catalice 2.200 millones de dólares adicionales en apoyo financiero multilateral, lo que impulsará la confianza de los inversores en la sostenibilidad económica del país. Sin embargo, a pesar de estas señales positivas, la inversión extranjera directa (IED) en El Salvador cayó un 44% durante el primer mandato de Bukele en comparación con la administración anterior. Las razones clave citadas para el declive de la IED incluyen un estado de derecho débil, falta de transparencia política y la persistencia de redes de corrupción arraigadas. El gobierno de Bukele también ha eliminado o expulsado organismos clave de lucha contra la corrupción, lo que, a mi parecer, agrava aún más estas preocupaciones.
La ocurrencia simultánea de mejores calificaciones crediticias y apoyo del FMI junto con una disminución significativa de la inversión extranjera directa y un aumento de la pobreza en los hogares presenta, a mi juicio, una contradicción crítica en la narrativa económica de El Salvador. Esto sugiere que, si bien las instituciones financieras internacionales pueden sentirse tranquilas por los ajustes fiscales y las mejoras en la seguridad, los inversores extranjeros privados se ven disuadidos por problemas estructurales más profundos relacionados con la gobernanza, el estado de derecho y la transparencia. La concentración de poder y la captura judicial crean un entorno legal y regulatorio impredecible y potencialmente arbitrario, lo que socava la confianza de los inversores a pesar de los esfuerzos por atraerlos a través de iniciativas de alto perfil como Bitcoin City. Esta contradicción indica que, si bien un enfoque fuerte y centralizado puede generar ganancias inmediatas en seguridad, también puede erosionar simultáneamente la previsibilidad institucional y la certeza legal que son cruciales para el desarrollo económico a largo plazo y la inversión extranjera sostenida, más allá de sectores específicos como el turismo. Destaca una tensión entre el desempeño a corto plazo y la salud institucional a largo plazo, sugiriendo que el estilo de gobierno de Bukele puede priorizar la imagen sobre la entrega de beneficios económicos integrales a los salvadoreños.
Críticas a las Políticas Económicas y Disparidades Socioeconómicas:
A pesar de los avances en seguridad, la pobreza en los hogares de El Salvador aumentó del 23% al 27% entre 2019 y 2024. El país depende significativamente de las importaciones de alimentos, lo que ha provocado un aumento del 10,82% en los precios de los alimentos, el más alto entre las economías dolarizadas del hemisferio occidental. La deuda pública sigue siendo elevada, ascendiendo al 85% del PIB. Se han planteado preocupaciones sobre la gestión fiscal del gobierno, incluyendo la “especulación con el dinero de los contribuyentes con Bitcoin”. Tras su reelección en 2024, Bukele lanzó un “Nuevo Plan Económico” centrado en mejorar la seguridad alimentaria (reduciendo los impuestos a la importación y combatiendo las “mafias empresariales”) y brindando apoyo especial a la industria tecnológica, con el objetivo de transformar El Salvador en el “Silicon Valley de América Latina”.
Compromisos Externos: Alianzas y Posicionamiento Geopolítico
Asociación Estratégica con Estados Unidos: Cooperación en Seguridad y Tensiones Diplomáticas
El Salvador y Estados Unidos mantienen, como sabemos, una alianza de seguridad y defensa de larga data, cooperando durante décadas para combatir el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. El apoyo de Estados Unidos ha incluido capacitación, equipos, unidades especializadas para las fuerzas salvadoreñas y asistencia humanitaria, lo que ha contribuido a fortalecer las capacidades operativas y la estabilidad regional.
Sin embargo, esta asociación se ha visto tensa por las investigaciones estadounidenses sobre presuntos acuerdos secretos entre el gobierno de Bukele y líderes de pandillas de la MS-13. Estas acusaciones incluyen la desviación de fondos de USAID a las pandillas a cambio de apoyo político y reducción de las tasas de homicidio, así como esfuerzos para bloquear la extradición de líderes de pandillas buscados en Estados Unidos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a importantes colaboradores de Bukele implicados en presunta corrupción. Las relaciones diplomáticas experimentaron una “pausa” con la retirada de la Embajadora de Estados Unidos, quien criticó el creciente autoritarismo de Bukele. Bajo la administración Trump, se produjo una controvertida “extradición inversa,” donde líderes de alto rango de la MS-13 bajo custodia estadounidense fueron devueltos a El Salvador como parte de un acuerdo para albergar a migrantes venezolanos en CECOT, a pesar de las investigaciones estadounidenses en curso sobre los presuntos pactos de Bukele con las pandillas.
La relación entre Estados Unidos y El Salvador se caracteriza, a mi entender, por una tensión fundamental entre intereses estratégicos de seguridad compartidos (combate al crimen transnacional, gestión de flujos migratorios) y valores divergentes (el retroceso democrático de El Salvador y las violaciones de derechos humanos). Si bien Estados Unidos ha invertido históricamente en las capacidades de seguridad de El Salvador, las tácticas controvertidas de la administración Bukele y los presuntos tratos con las pandillas han provocado una fricción significativa, incluyendo sanciones y reveses diplomáticos. Sin embargo, la disposición de la administración Trump a participar en el acuerdo de CECOT e incluso facilitar “extradiciones inversas” sugiere un enfoque de política exterior transaccional, donde los objetivos políticos inmediatos (como el control de la inmigración) pueden anular las preocupaciones sobre el estado de derecho y los derechos humanos, al menos para ciertas administraciones estadounidenses. Esta dinámica, creo yo, ilustra cómo los estados poderosos pueden, por razones pragmáticas, pasar por alto o respaldar implícitamente prácticas autoritarias en naciones asociadas, particularmente cuando esas naciones ofrecen soluciones a problemas internos apremiantes (por ejemplo, la migración). Este enfoque corre el riesgo de legitimar modelos iliberales en el escenario internacional y podría sentar un precedente para que otros estados prioricen las ganancias de seguridad inmediatas sobre la adhesión a los principios democráticos.
Diversificación de Alianzas: Compromiso con Turquía, China y Actores Regionales
Turquía: El Salvador ratificó un acuerdo de cooperación en defensa con Turquía en 2025, destinado a fortalecer y modernizar sus Fuerzas Armadas. Este acuerdo enfatiza el intercambio de conocimientos, el apoyo logístico y el intercambio tecnológico, más que solo la compra de equipos. Esto, en mi opinión, señala un movimiento estratégico para ampliar sus asociaciones de defensa más allá de los aliados occidentales tradicionales.
China: Bukele ha mantenido un enfoque pragmático hacia China, aumentando la colaboración en proyectos económicos y de inversión. China ha financiado proyectos de infraestructura de alto perfil en El Salvador, incluyendo una nueva biblioteca nacional y un estadio de fútbol. Este compromiso, creo yo, resalta los esfuerzos de El Salvador por diversificar sus socios económicos y de desarrollo.
Actores Regionales: El modelo de seguridad del Presidente Bukele, a menudo denominado el “Modelo Bukele,” está ganando terreno y siendo estudiado por otros países latinoamericanos que enfrentan desafíos similares con el crimen organizado. En particular, Costa Rica, Ecuador y Perú han expresado interés en el enfoque de El Salvador, y Ecuador y Perú están considerando acuerdos para enviar a sus propios prisioneros al CECOT.
La diversificación proactiva de alianzas por parte de Bukele, moviéndose más allá de la esfera de influencia tradicional de los Estados Unidos para colaborar con países como Turquía y China, indica, a mi juicio, una estrategia clara y deliberada para mejorar la autonomía geopolítica de El Salvador y así lograr reducir la dependencia excesiva de una sola potencia. Este enfoque permite a El Salvador asegurar diversos recursos, experiencia y apalancamiento político. Además, el “Modelo Bukele” en sí mismo está evolucionando hacia una “mercancía exportable”, atrayendo a otros líderes de la región que luchan contra la grave violencia de pandillas. Esto transforma a El Salvador de un receptor de política exterior y ayuda en un potencial influyente de los enfoques de seguridad regionales, promoviendo activamente sus métodos controvertidos como una solución viable. Esta tendencia, creo yo, sugiere una creciente fragmentación de las alineaciones geopolíticas tradicionales en América Latina. Los estados buscan cada vez más asociaciones basadas en intereses pragmáticos (por ejemplo, soluciones de seguridad efectivas, desarrollo de infraestructura) en lugar de una estricta alineación ideológica o la adhesión a normas democráticas liberales. El “Modelo Bukele” representa una nueva forma de cooperación Sur-Sur en seguridad, que potencialmente pasa por alto las condicionalidades tradicionales de derechos humanos impuestas por los socios occidentales y remodela las arquitecturas de seguridad regionales.
Implicaciones para la Posición e Influencia Internacional de El Salvador
El Salvador ha ganado un reconocimiento internacional significativo por sus dramáticos logros en seguridad, y algunas figuras internacionales incluso han elogiado el enfoque de Bukele. Sin embargo, este reconocimiento va acompañado de críticas generalizadas y severas de organizaciones internacionales de derechos humanos (Amnistía Internacional, Human Rights Watch), organismos regionales (CIDH) y las Naciones Unidas con respecto a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y el retroceso democrático. El establecimiento y funcionamiento de CECOT, particularmente su papel en el alojamiento de detenidos extranjeros, ha tenido un impacto profundo y controvertido en la reputación internacional de El Salvador.
Tabla 3: Resumen de las Alianzas de Seguridad Externas Clave de El Salvador
|
País/Entidad Socio |
Tipo de Cooperación | Iniciativas/Acuerdos Clave | Resultados/Implicaciones Notables |
| Estados Unidos | Seguridad, Defensa, Asistencia Humanitaria, Migración | Alianza de Seguridad para la Aplicación de Fugitivos (SAFE), asistencia militar (entrenamiento, equipo, unidades especializadas), asistencia humanitaria (JTF-Bravo, programa de asistencia humanitaria de SOUTHCOM) 39 |
Fortalecimiento de capacidades operativas, estabilidad regional. Tensiones por investigaciones de acuerdos con pandillas, sanciones a funcionarios, “pausa” diplomática, extradiciones inversas.27 |
| Turquía | Cooperación en Defensa | Acuerdo de cooperación en defensa (intercambio de conocimientos, apoyo logístico, intercambio tecnológico) 40 | Modernización de las Fuerzas Armadas, diversificación de socios de defensa. |
| China | Económica, Inversión | Proyectos de infraestructura (biblioteca nacional, estadio de fútbol) 4 | Diversificación de socios económicos y de desarrollo. |
| Ecuador | Seguridad (potencial) | Interés en acuerdos para enviar prisioneros a CECOT 41 | Potencial de CECOT como centro regional de encarcelamiento “subcontratado”. |
| Perú | Seguridad (potencial) | Interés en acuerdos para enviar prisioneros a CECOT 41 | Potencial de CECOT como centro regional de encarcelamiento “subcontratado”. |
Alianza de Seguridad para la Aplicación de Fugitivos (SAFE), asistencia militar (entrenamiento, equipo, unidades especializadas), asistencia humanitaria (JTF-Bravo, programa de asistencia humanitaria de SOUTHCOM)
Fortalecimiento de capacidades operativas, estabilidad regional. Tensiones por investigaciones de acuerdos con pandillas, sanciones a funcionarios, “pausa” diplomática, extradiciones inversas.
Potencial de CECOT como centro regional de encarcelamiento “subcontratado”.
CECOT: Un Símbolo de la Evolución del Poder Estatal y sus Implicaciones Internacionales Construcción, Capacidad y Modelo Operativo de la Mega-Prisión.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una mega-prisión de máxima seguridad ubicada en Tecoluca, El Salvador, fue construido con un costo de 100 millones de dólares estadounidenses. Inaugurado en enero de 2023, CECOT se anunció inicialmente con una capacidad de 20.000 detenidos, que luego se duplicó a 40.000. A junio de 2024, albergaba a 14.532 reclusos. La prisión es administrada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y cuenta con 600 soldados y 250 agentes de policía.
CECOT ha enfrentado severas críticas de organizaciones de derechos humanos por sus condiciones inhumanas. Estas incluyen, entre otras cosas, hacinamiento extremo (con prisioneros apiñados en espacios que representan 1/7 del estándar mínimo recomendado internacionalmente), tiempo limitado fuera de las celdas (¡solo 30 minutos al día!), confinamiento solitario en celdas completamente oscuras y una grave falta de atención médica, alimentos, agua e higiene básica. A los detenidos se les niega la comunicación con familiares y abogados, no se les permiten visitas familiares y no tienen acceso a programas educativos o de rehabilitación. El gobierno salvadoreño ha declarado explícitamente que los prisioneros encarcelados en CECOT “nunca saldrán” y ha descartado programas de rehabilitación para los reclusos. El acceso a CECOT está muy restringido para los grupos de derechos humanos, mientras que a medios de comunicación seleccionados e influencers de redes sociales se les otorgan visitas controladas.
Tabla 2: CECOT: Capacidad, Población y Características Clave
| Característica | Detalle |
| Nombre de la Prisión | Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) 37 |
| Ubicación | Tecoluca, San Vicente, El Salvador 23 |
| Estado | Operacional 41 |
| Clase de Seguridad | Prisión de máxima seguridad 41 |
| Capacidad Declarada | 40,000 detenidos (inicialmente 20,000) 5 |
| Población Actual | 14,532 (a 11 de junio de 2024) 41 |
| Fecha de Apertura | 31 de enero de 2023 41 |
| Administrado por | Ministerio de Justicia y Seguridad Pública 41 |
| Características Operativas Clave | Hacinamiento extremo (1/7 del estándar internacional), 30 min/día fuera de celda, celdas oscuras, falta de atención médica/alimentos/agua, sin visitas familiares, sin programas de rehabilitación/educación.15 |
| Política de Liberación/Rehabilitación | Gobierno afirma que los prisioneros “nunca saldrán”; no hay programas de rehabilitación.23 |
Gobierno afirma que los prisioneros “nunca saldrán”; no hay programas de rehabilitación.
Alojamiento de Detenidos Extranjeros: El Acuerdo con EE. UU. y sus Ramificaciones Legales/Humanitarias
En un desarrollo significativo, el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración Trump, deportó a individuos directamente a CECOT, notablemente 137 venezolanos, bajo la rara vez invocada Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esto marcó el primer uso de esta ley desde la Segunda Guerra Mundial. Esta transferencia se realizó de acuerdo con un “acuerdo” no vinculante y aún no publicado entre Estados Unidos y El Salvador, formalizado mediante un intercambio de notas diplomáticas. Bajo los términos propuestos, Estados Unidos acordó pagar a El Salvador aproximadamente 20.000 dólares por detenido, con un total de alrededor de 6 millones de dólares por 300 migrantes durante un año. Los informes también indicaron un posible descuento del 50% por un segundo año si Estados Unidos devolviera a miembros de la MS-13 a El Salvador.
El acuerdo ha planteado una serie de problemas de derecho nacional e internacional, incluyendo la invocación indebida de la Ley de Enemigos Extranjeros, la ausencia de debido proceso para los entregados y la prohibición constitucional de castigo sin juicio. Se argumenta que viola el principio de jus cogens de no devolución, que prohíbe la transferencia de individuos a un estado donde enfrentarían un riesgo de violaciones de derechos fundamentales, particularmente tortura o trato inhumano. Las condiciones en CECOT violan el derecho a un trato humano (hacinamiento, prácticas deshumanizadoras) y el derecho a la reintegración (ausencia de programas de rehabilitación), según lo estipulado por instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Convención contra la Tortura, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las Reglas Mandela. Grupos de derechos de inmigrantes han presentado demandas en tribunales federales de Estados Unidos para invalidar el acuerdo, citando violaciones de las garantías constitucionales y leyes estadounidenses. Persisten las preocupaciones sobre si Estados Unidos mantiene la “custodia constructiva” sobre las personas transferidas a CECOT.
La oferta de Bukele a Estados Unidos de “subcontratar parte de su sistema penitenciario” señala, a mi juicio, una audaz afirmación de la capacidad salvadoreña y la voluntad de participar en la “diplomacia carcelaria.” CECOT trasciende su función como una mera instalación de detención; es un símbolo poderoso y un activo estratégico en la política exterior de El Salvador. Su escala, la retórica intransigente del gobierno que la rodea y la voluntad de albergar a detenidos extranjeros a cambio de una tarifa transforman la capacidad penitenciaria en una mercancía geopolítica. Esto representa una forma novedosa de “diplomacia carcelaria,” donde un estado aprovecha su aparato de seguridad interna (aunque sea muy controvertido) para obtener influencia externa, generar ingresos y ofrecer una “solución” a los desafíos de seguridad y migración de otros estados. Esta práctica desafía directamente las normas internacionales establecidas de derechos humanos y los marcos legales. Este desarrollo, en mi opinión, significa una nueva dimensión de la proyección del poder estatal, donde la soberanía de un estado se afirma no solo a través del control interno, sino también a través de su capacidad para extender ese control (o sus consecuencias) a no nacionales en su territorio, potencialmente con fines de lucro. Implica una redefinición de la soberanía que va más allá de la integridad territorial tradicional y la no injerencia, adoptando un enfoque más transaccional y utilitario de las relaciones internacionales, lo que podría remodelar las normas globales en torno a los derechos humanos, la migración y la cooperación en justicia penal.
CECOT como Proyección de la Soberanía Salvadoreña y Exportación de Seguridad
El interés expresado por Ecuador y Perú en llegar a acuerdos similares para enviar a sus propios prisioneros a CECOT indica el potencial de CECOT para convertirse en un centro regional para el encarcelamiento “subcontratado”. El propio Bukele ha calificado provocativamente a CECOT como “la cárcel más criticada del mundo”, mientras que su Ministro de Justicia y Seguridad Pública la ha llamado “el monumento más grande a la justicia que jamás hayamos construido”. Esta dualidad subraya su importancia simbólica tanto para el público interno como para el internacional.
El Estado Salvadoreño Reconfigurado: Nuevas Características de Soberanía y Seguridad Cambio en la Soberanía: De la Gobernanza Democrática Tradicional al Control Ejecutivo Centralizado:
La mayoría legislativa de Bukele desmanteló, a mi parecer, sistemáticamente la independencia judicial. En mayo de 2021, el Fiscal General y los cinco jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema fueron destituidos sumariamente y reemplazados por leales. Las leyes posteriores permitieron la destitución o traslado de jueces y fiscales por motivos de edad o años de servicio, socavando aún más la independencia judicial y la separación de poderes. Tras las elecciones legislativas de 2021, el partido Nuevas Ideas de Bukele obtuvo una supermayoría, eliminando eficazmente cualquier obstáculo legislativo a su agenda. Los casos de despliegue militar para presionar a la Asamblea Legislativa, como se vio en febrero de 2020, subrayan la voluntad del ejecutivo de ejercer la fuerza para lograr sus objetivos legislativos.
La Corte Suprema, ahora integrada por leales, dictaminó, para mi sorpresa, controvertidamente que Bukele podía presentarse a un segundo mandato a pesar de los límites constitucionales a la reelección. Esta acción, junto con la eliminación de salvaguardias que protegían normas constitucionales clave, demuestra una estrategia deliberada para concentrar el poder y extender el control ejecutivo indefinidamente. El gobierno ha promulgado leyes, como la Ley de Agentes Extranjeros, para imponer restricciones arbitrarias, un impuesto del 30% sobre los fondos extranjeros y criminalizar actividades vagamente definidas, con el objetivo efectivo de silenciar las voces críticas y las organizaciones independientes. Los ataques contra periodistas han aumentado significativamente, restringiendo aún más la libertad de prensa.
El desmantelamiento sistemático de los controles y equilibrios institucionales a través de la captura judicial, el dominio legislativo y la manipulación constitucional significa, a mi entender, una profunda reorientación de la soberanía interna de El Salvador. Este cambio pasa de un estado donde la soberanía se distribuye entre poderes separados a uno donde se concentra cada vez más en el poder ejecutivo. Esto puede denominarse “soberanía ejecutiva,” donde la voluntad del presidente dicta en gran medida la ley y la política, operando con una mínima restricción institucional independiente. La supresión concurrente de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes elimina aún más los mecanismos externos de rendición de cuentas y disidencia. Esto redefine la dimensión interna de la soberanía de El Salvador, alejándose de un modelo democrático liberal hacia una forma de gobernanza autoritaria.
Redefinición de la Seguridad y el Surgimiento de un Estado de Seguridad Iliberal:
La seguridad en El Salvador ha pasado de ser una garantía integral de los derechos de los ciudadanos a un concepto de orden impuesto por el Estado, logrado a través de medios coercitivos. El “Modelo Bukele” no solo ha contenido la criminalidad de las pandillas mediante arrestos masivos, sino que también ha suspendido garantías constitucionales, utilizando la fuerza excesiva y la militarización como métodos para establecer y mantener el orden. Esta estrategia ha sido promovida activamente como un modelo exportable a otros países de la región.
El Salvador ha evolucionado hacia un “Estado de seguridad iliberal” o un régimen autoritario competitivo, donde la legitimidad se construye y se mantiene a pesar de una clara erosión democrática. Las características de este nuevo tipo de actor incluyen un ejecutivo fuerte que consolida rápidamente la autoridad mediante una combinación estratégica de coerción, reestructuración institucional y actuaciones simbólicas de cumplimiento democrático. El éxito en la reducción de la violencia de las pandillas ha otorgado a Bukele una aprobación interna excepcionalmente alta y un reconocimiento internacional sostenido. Sin embargo, esto se logra a costa de la independencia judicial, la libertad de prensa y el espacio cívico. La preocupación no es solo la suspensión de derechos, sino la institucionalización de estas medidas como política permanente, lo que indica un cambio fundamental en la relación entre el Estado y sus ciudadanos. Este modelo de gobernanza híbrida prioriza la seguridad y el orden sobre los principios democráticos sustantivos, y su éxito percibido podría servir como un plan duradero para nuevas formas de gobernanza más allá de El Salvador.
Conclusiones o Apreciaciones:
En resumen, yo diría que la administración de Nayib Bukele en El Salvador ha orquestado una reconfiguración profunda del Estado, dando lugar a un modelo de gobernanza que redefine la soberanía y la seguridad de maneras que me parecen poco convencionales. El éxito en el combate a la Mara Salvatrucha y otras pandillas es innegable, con una drástica reducción de las tasas de homicidio y extorsión que ha transformado la percepción de seguridad en el país y ha impulsado un auge turístico sin precedentes. Este logro, sin embargo, se ha cimentado en el Régimen de Excepción, una política que, al suspender derechos constitucionales y centralizar el poder en el ejecutivo, ha institucionalizado la coerción y la represión como pilares de la seguridad pública.
La naturaleza de la soberanía salvadoreña ha mutado de un sistema democrático con separación de poderes a una “soberanía ejecutiva”, donde el poder del presidente se ejerce con mínima restricción institucional. La captura judicial, el dominio legislativo y la manipulación constitucional han desmantelado los contrapesos democráticos, mientras que la sociedad civil y los medios de comunicación independientes enfrentan una creciente represión. Esta concentración de poder, aunque popular internamente por los resultados en seguridad, genera incertidumbre para la inversión extranjera directa y plantea serias preguntas sobre la sostenibilidad económica a largo plazo y la protección de los derechos fundamentales.
En el ámbito externo, El Salvador se ha posicionado como un actor que busca autonomía estratégica, diversificando sus alianzas más allá de Estados Unidos hacia países como Turquía y China. El “Modelo Bukele” de seguridad, con su énfasis en la “mano dura” y el encarcelamiento masivo, se ha convertido en una “mercancía exportable”, atrayendo el interés de otras naciones de la región. La construcción y operación del CECOT, que alberga a detenidos extranjeros bajo acuerdos bilaterales, es la manifestación más clara de esta “diplomacia carcelaria”, donde la capacidad penitenciaria se convierte en un activo geopolítico y una nueva forma de proyectar la soberanía estatal.
Puntualizando, El Salvador bajo Bukele ha asumido las características de un “Estado de seguridad iliberal” o un “régimen híbrido”. Este tipo de actor se distingue por su capacidad de generar legitimidad a través del desempeño en seguridad, incluso a costa de las libertades civiles y las instituciones democráticas. Su enfoque pragmático y transaccional en las relaciones internacionales, combinado con una fuerte afirmación de control interno, lo posiciona como un caso de estudio crucial en la evolución de la gobernanza estatal en el siglo XXI, desafiando las concepciones tradicionales de la democracia y el estado de derecho en el sistema internacional.
Bibliografía Recomendada
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Mapas
Ubicación de CECOT:
*CECOT en Tecoluca, San Vicente, El Salvador.48
Mapa del diseño del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en Tecoluca, El Salvador.49
Ubicación propuesta de Bitcoin City:
*La ciudad planificada se ubicará en la región sureste de La Unión, en la base del volcán Conchagua.34
Control territorial de pandillas (pre-Bukele):
*Antes de la administración Bukele, casi todos los municipios del país estaban infestados de pandillas.1
*Las pandillas MS-13 y Barrio 18 dividieron El Salvador en territorios, y para 2016, tenían presencia en 247 de los 262 municipios de El Salvador.3
Las fases iniciales del Plan de Control Territorial se implementaron en 12 municipios, descritos como “prácticamente [el] área metropolitana”.2
Nota: Los mapas específicos que ilustran el control territorial de las pandillas antes y después de Bukele no se proporcionan directamente como imágenes en el material de investigación, pero la información textual describe la extensión de dicho control.
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