El mundo lleva días celebrando la respuesta al caos, a la avaricia indisimulada, a la crueldad contra el débil, al abuso de poder y a la indecencia institucionalizada de la administración Trump. Sin embargo, hasta hace nada abundaban voces que denunciaban a los USA como una democracia moribunda, un Gilead naranja donde los derechos civiles son un bien de lujo y las garantías democráticas una especie en peligro de extinción. Se temía una jornada electoral trufada de coacciones del ICE, una espiral de violencia civil que justificaría una escalada represiva y, como consecuencia, la anulación de facto de cualquier respuesta de la sociedad americana. Por fortuna, nada de esto ha ocurrido.
A toro pasado, es tentador considerar estos miedos una forma de alarmismo ridículo, cuando no oportunista. Pero incluso quienes creíamos en la capacidad de resistencia de la democracia en USA veíamos con preocupación los ataques del Tribunal Supremo a las minorías, el asesinato de ciudadanos ejerciendo sus derechos, la desbocada carrera por rediseñar distritos o el acoso a cualquier institución (medios, universidades, jueces) que osase plantarse ante los delirios del rey loco (e inmune). Los miedos tenían base y es probable que, como en Hungría, sea la magnitud de la derrota (13-14% de diferencia a escala nacional) lo que haya eliminado la tentación de impugnar o manipular los resultados. Al mismo tiempo, el carácter histórico del giro azul ha generado un entusiasmo reparador no exento de autoterapia. “América vuelve a ser América”, escribe Krugman. Por lo visto, EE UU es EE UU cuando los resultados nos gustan.
La verdad es que EE UU nunca ha dejado de serlo, ni en 2000, ni en 2008, ni en ninguna de las elecciones que han seguido. Es un país profundamente dividido y polarizado, donde las desigualdades económicas, regionales, y de influencia política se superponen. Es también un sistema institucional pensado para impedir cualquier intento de reescribir el contrato político entre múltiples centros de poder. Está diseñado especialmente para situaciones en las que el que intenta re-escribir las reglas es el líder del Ejecutivo elegido por los ciudadanos. Una vez más, EE UU ha optado por un gobierno dividido, harto de un Congreso anulado por el servilismo instrumental de los republicanos hacia el gran líder e incapaz de frenar una gestión grotesca, corrupta y orientada a transformar una democracia diversa en el paraíso de machos supremacistas blancos. Pero conviene no olvidar que el sistema que hoy nos permite respirar es el mismo que ha bloqueado durante décadas avances sociales elementales para el resto del mundo, el mismo que se opondría con todo su poder a un hipotético(a) presidente democrático-socialista con una agenda de cambio ambiciosa. Recordar esto es importante para entender las consecuencias del bluenami a medio plazo.
Las elecciones han cambiado las dinámicas internas de demócratas y republicanos, con implicaciones para la posibilidad de recuperar una conversación constructiva entre ellos. En el caso de los republicanos, el mismo mecanismo que permitía a Trump controlar el partido, su influencia sobre los votantes en primarias, ha generado candidatos particularmente susceptibles de ser castigados por la caótica gestión del líder. La garantía de triunfo de ayer es hoy una losa asfixiante y la lealtad a Trump cotiza a la baja. Esto abre un escenario nuevo, con un partido republicano que necesita reubicarse en el amplio espacio que hay entre los leales a MAGA y los demócratas moderados. Sus acciones dependerán en parte de cómo los demócratas interpreten su victoria.
Es evidente que el partido demócrata debe coordinar su diversidad interna de forma inteligente y ofrecer un programa comunicable. La demanda de políticas económicas que reviertan los efectos de la política comercial y la guerra de Irán es tan real como la necesidad de retomar el programa de reformas de Biden. Hay buenas bases en sanidad, en fiscalidad, en provisión de servicios y su financiación, en expansión de políticas redistributivas y en la reconstrucción legislativa de la igualdad política tras las recientes decisiones del Supremo. Cuanto más claras sean estas propuestas, más réditos generarán los probables vetos de Trump. Pero, además de esto, han de ir más allá.
El martes EE UU envió un mensaje claro contra la corrupción y a favor de la democracia. Fortalecer la democracia implica reformas hasta ahora inviables por la polarización. En primer lugar, urge recuperar la capacidad investigadora del Congreso y reponer límites que desincentiven la selección de personajes cuya voracidad sólo rivaliza con su incompetencia. Para ello, la colaboración de sectores del partido republicano que ya han asumido la necesidad de apartarse de Trump es esencial. Contribuir a restablecer un mínimo de decencia institucional aún a costa de romper con el movimiento MAGA puede ser una estrategia de supervivencia para esos republicanos que, abruptamente, redescubrirán a los padres fundadores. El nombramiento de Stephen Miller como respuesta a las elecciones, paradójicamente, aumenta los incentivos a seguir esta estrategia.
Marcar estos límites consolidará el freno radical al proyecto de transformación social e institucional de un presidente que, a pesar del caos, ha sido muy efectivo asegurando su legado a largo plazo. Su impacto sobre la composición del Supremo, por ejemplo, se notará durante décadas. Por ello es interesante resaltar que el freno al proyecto de expansión sin límites de la presidencia MAGA tiene dos frentes. El primero es más inmediato: las órdenes ejecutivas, un instrumento usado y abusado por todos, no se convertirán en ley y su contenido, con frecuencia delirante, será revocable en su día. Incluso en ámbitos donde la discreción ejecutiva es mayor (“defensa”, exteriores), el presidente afronta ahora con un Congreso dispuesto a cerrar el grifo. Los actores globales, desde Israel a Europa, ya están adaptando sus estrategias al nuevo Washington. Lo mismo ocurre con la capacidad de los oligarcas para capturar el Estado. Lo tienen más difícil.
El segundo frente concierne a la viabilidad de cambios en el entramado institucional mismo, empezando por la discusión de la reforma y ampliación del Tribunal Supremo como árbitro final de una federación donde las diferencias ideológicas están tan concentradas territorialmente. Es un debate que llega tarde pero que en el que podríamos ver avances si forma parte de una negociación más ambiciosa entre demócratas y republicanos moderados. A esto cabría añadir un segundo elemento: la posibilidad de legislar para restringir el gerrymandering a escala federal. Hasta ahora, los republicanos se habían opuesto, pero estas elecciones los han puesto delante del espejo de su propia incompetencia para calibrar el diseño de los distritos. Richard Hudson, presidente del Congreso Nacional Republicano, perdió su escaño en un distrito rediseñado por sus compañeros en Carolina del Norte. La anécdota ilustra un problema más general: el número de estados donde el gerrymandering garantiza al partido republicano los efectos esperados es cada vez menor. Su propio anhelo de supervivencia abre una ventana para reformas legislativas que aumenten la representatividad de la democracia estadounidense.
Restablecer una conversación con los emergentes republicanos moderados no será sencillo pero la estructura de incentivos de estos últimos ha cambiado. A su vez, el destrozo sobre el tejido material y las oportunidades de las clases medias permite a los demócratas ofrecer una alternativa clara y al mismo tiempo negociar cambios institucionales necesarios. Ahora bien, si estos últimos vuelven a ser una jaula de grillos en la que el ruido ahogue posibles soluciones, la rabia del pato cojo retumbará de nuevo frente a la restauración de la decencia. La victoria del martes no garantiza que la democracia en EE UU no pueda, como el anciano Kant en la obra de Alfonso Sastre, “morir de mejoría” en el futuro.
Es catedrático de Ciencia Política en Duke University
