El silencio no puede reinar sobre la tragedia que vivió Venezuela en junio de este año. Mucho menos cuando existen señalamientos sobre responsabilidades de quienes construyeron edificios con severas falencias estructurales en La Guaira, pese a los riesgos sísmicos conocidos de la región costera. Las viviendas entregadas por el gobierno de Hugo Chávez terminaron convirtiéndose en una amenaza para quienes las habitaban. La reciente investigación publicada por The New York Times atinó al denominar estas edificaciones «trampas mortales».
En cualquier país del mundo, cuando el Estado asume la responsabilidad de construir hogares, también asume la obligación de garantizar su seguridad. Lo ocurrido en los complejos Opppe 26 y Opppe 27, cuyas torres colapsaron en cuestión de segundos el pasado 24 de junio, expone cómo las fallas de diseño y construcción, sumadas a la premura por entregar viviendas antes de unos comicios, pueden multiplicar las consecuencias mortales de un fenómeno natural.
La investigación periodística, sustentada en modelos tridimensionales, miles de imágenes de los escombros y análisis de especialistas en ingeniería estructural, identificó deficiencias fundamentales en las edificaciones. Entre ellas, la ausencia de muros de concreto reforzado alrededor de ascensores y escaleras, elementos esenciales para resistir movimientos sísmicos. También se documentaron irregularidades en los amarres de acero de las conexiones entre columnas y vigas: algunos estaban doblados en ángulos de 90 grados, cuando la normativa venezolana exige 135 grados.
No se trataba de construcciones antiguas ni de edificaciones que hubiesen superado su vida útil. Las torres tenían menos de quince años. Sin embargo, sus habitantes quedaron atrapados en estructuras que, de acuerdo con los hallazgos de la investigación, presentaban deficiencias que comprometían seriamente su resistencia. La urgencia por levantar viviendas y cumplir metas políticas antes de las elecciones de 2012 no podía estar por encima de la seguridad de miles de familias.
La tragedia dejó miles de muertos y una cifra de desaparecidos que todavía exige claridad. Las organizaciones de derechos humanos han advertido sobre la opacidad de las cifras oficiales y la ausencia de información pública suficiente para conocer la dimensión real de la catástrofe. No saber cuántas personas perdieron la vida ni cuántas continúan desaparecidas constituye, además, una forma de prolongar el sufrimiento de sus familiares.
Y entonces surge una pregunta inevitable: ¿quién asume la responsabilidad? No basta con atribuirlo todo a la fuerza de la naturaleza. Los terremotos son fenómenos naturales; las decisiones sobre dónde construir, cómo hacerlo, qué materiales utilizar y qué controles aplicar son decisiones humanas e institucionales. Cuando se ignoran advertencias técnicas, se incumplen normas de seguridad o se permite que la urgencia política prevalezca sobre la protección de la vida, deben investigarse las responsabilidades correspondientes.
La gravedad de estos hechos exige una investigación independiente, transparente y rigurosa que permita establecer las responsabilidades administrativas, políticas y penales que correspondan. Si se demuestra que hubo conocimiento de los riesgos y decisiones deliberadas que expusieron a la población a un peligro extremo, también deberán examinarse las posibles implicaciones bajo el derecho internacional. Recordemos que la justicia no puede quedar subordinada a los intereses de quienes ejercieron el poder.
