Voces de Libertad.
Delcy Rodríguez habla de elecciones, pero no dice cuándo. Promete democracia, pero no presenta un calendario. Anuncia cambios, pero no ofrece garantías. Y pretende que los venezolanos sigamos esperando pacientemente mientras el país permanece atrapado en la incertidumbre.
Ya basta. Venezuela no necesita otra colección de promesas. Necesita una fecha para elegir libremente al presidente de la República. Necesita instituciones independientes, garantías constitucionales y el respeto absoluto a la soberanía popular.
Las elecciones no son una concesión graciosa de quienes ocupan ilegalmente el poder. Son un derecho irrenunciable de los ciudadanos.
María Corina Machado ha colocado el dedo en la llaga. Su exigencia es clara: elecciones presidenciales en 2027, con reglas transparentes, garantías verificables y participación de todos los venezolanos.
Frente a esa posición concreta, el régimen desahuciado responde con generalidades, anuncios imprecisos y promesas sin fecha de vencimiento.
Y aquí surge una pregunta que nadie puede eludir: ¿por qué tanta resistencia a establecer un cronograma electoral?
Si realmente existe voluntad de avanzar hacia la normalización democrática, ¿qué impide anunciar las etapas del proceso, definir los plazos institucionales y someter los compromisos al escrutinio público?
El calendario electoral no puede ser un secreto guardado bajo siete llaves en Miraflores
Durante demasiados años, los venezolanos hemos escuchado discursos sobre diálogo, reconciliación, paz y entendimiento nacional. Palabras solemnes que, demasiadas veces, terminaron estrellándose contra la realidad de las persecuciones, las arbitrariedades y los derechos vulnerados.
No podemos permitir que esa historia se repita.
El país necesita pasar de la retórica a los hechos. De las promesas a los compromisos. De las negociaciones interminables a las decisiones que restituyan plenamente la soberanía popular.
Y no nos vengan con el cuento de que primero hay que resolver absolutamente todos los problemas institucionales para después, algún día, convocar elecciones.
La recuperación de las instituciones y la preparación de unos comicios auténticamente democráticos pueden y deben avanzar simultáneamente.
Renovar el Consejo Nacional Electoral, garantizar la independencia del Tribunal Supremo de Justicia, actualizar el Registro Electoral, facilitar el voto de los venezolanos en el exterior y asegurar una observación internacional independiente son tareas indispensables.
Pero ninguna de ellas justifica mantener indefinidamente al país sin una respuesta sobre su futuro presidencial.
No más dilaciones disfrazadas de negociaciones. No más incertidumbre presentada como transición.
Delcy Rodríguez y sus cómplices deben entender de una vez por todas que la legitimidad democrática no nace de los discursos, ni de los acuerdos reservados, ni del reconocimiento de determinadas autoridades internacionales.
La legitimidad nace del voto libre de los ciudadanos.
Y ese principio no admite sustitutos.
María Corina Machado ha regresado a Venezuela y ha planteado una hoja de ruta política que exige respuestas concretas. Su presencia reabre con fuerza el debate sobre las condiciones y los tiempos de la transición democrática.
No se trata solamente de una confrontación entre dos posiciones antagónicas. Se trata de dos planteamientos frente a una cuestión fundamental, uno reclama un calendario electoral definido; el otro todavía no ha presentado una fecha oficial.
Y esa diferencia tiene consecuencias para toda la nación.
Porque detrás de cada día de incertidumbre hay millones de venezolanos que esperan recuperar sus derechos, reunificar sus familias y reconstruir sus vidas.
Hay trabajadores cuyos salarios han sido pulverizados. Pensionados condenados a ingresos insuficientes. Hospitales deteriorados. Escuelas abandonadas. Comunidades sometidas a apagones interminables y familias que luchan diariamente por sobrevivir.
La tragedia nacional no puede quedar subordinada a las ansias de poder para seguir destruyendo y saqueando al país de quienes administran ilegalmente el poder.
Tampoco puede existir una transición democrática auténtica mientras permanezcan presos políticos, persistan restricciones arbitrarias contra dirigentes y ciudadanos, o se mantengan obstáculos que impidan la participación libre de todos los sectores.
La libertad no se administra por cuotas. Los derechos humanos no son fichas de negociación. Y la soberanía popular no puede quedar secuestrada por cálculos políticos o económicos.
Que nadie se equivoque, exigir elecciones no significa desconocer la complejidad del momento venezolano. Significa precisamente asumir esa complejidad con responsabilidad y decisiones firmes.
El año 2027 debe dejar de ser una referencia vaga en los discursos para convertirse, mediante los procedimientos constitucionales correspondientes, en un horizonte electoral con compromisos públicos.
Y si Delcy Rodríguez y su pandilla sostiene que habrá elecciones, tiene la obligación de explicar cómo, cuándo y bajo cuáles garantías.
No basta con anunciar que algún día los venezolanos votaremos.
¡Queremos saber cuándo y cómo!
Sin más por los momentos, nos leemos la próxima semana.
