A mi hermano Roger Izquierdo J., experto en presupuesto público, in memoriam.
La transición, entendida como proceso, ha de orientarse democráticamente a la recuperación y elevación de las capacidades institucionales del Estado: la discusión del proyecto de Ley de Presupuesto para 2027 ofrece una oportunidad propicia para avanzar en esa dirección. Ejercicio antaño frecuente de deliberación nacional, debe significar la ampliación y canalización legislativa de la consulta con todos los sectores del país, sin discriminación alguna, para actualizar el diagnóstico de nuestros problemas, establecer las prioridades impostergables y formalizar un compromiso consensuado sobre la distribución responsable de los recursos disponibles.
Olvidada durante años la especialidad presupuestaria, sus principios constitucionales y legales reclaman hoy más que nunca el debido respeto, tanto por parte del órgano legislativo encargado de recibir, debatir y sancionar la ley, como del Ejecutivo y de las instancias de control y fiscalización; aceptemos que la vigencia formal de tales principios no ha significado el acatamiento de la normativa que los contempla, suficientemente demostrado por el ejercicio fiscal arbitrario y prácticamente clandestino de todos estos años. Por consiguiente, la rectificación gubernamental exige transparencia, información pública, responsabilidad y rendición de cuentas, condiciones indispensables para recuperar la gobernabilidad y la gobernanza que una maniobra de reacomodo, por esmerada que fuese, jamás podrá garantizar.
El presupuesto público venezolano ha sido materia de decisión exclusiva y discrecional de las fracciones políticas dominantes del oficialismo, en detrimento incluso de las restantes representaciones parlamentarias, privadas de información sobre las estadísticas más sensibles del país. La estratagema presupuestaria se evidencia en la subestimación de los ingresos anuales, el manejo monopólico de la renta petrolera, arbitrariamente destinada a fondos gubernamentales sin control efectivo, y la creciente presión tributaria, mientras persiste una prestación ineficiente de los servicios públicos: se trata de una distorsión fiscal que compromete la responsabilidad del Estado y agrava la crisis social.
Aceptemos, la transición responde a una crisis muy aguda de gobernabilidad y gobernanza que, como demuestra la experiencia, puede agravarse con el uso de la fuerza, por ello, resulta recomendable hacer de la discusión presupuestaria una experiencia concreta de negociación política e institucional, capaz de ampliar las posibilidades democráticas. Esto no supone convertir la mesa de entendimiento, diálogo o negociación en una coalición de gobierno, sino alcanzar acuerdos parciales que permitan atender la insólita emergencia social y económica que nos embarga, sin sacrificar las diferencias políticas.
Las organizaciones político-partidistas tienen la responsabilidad de formular alternativas, proponer políticas públicas, representar intereses y disputar democráticamente el poder, mientras que la sociedad civil organizada, por su parte, aporta conocimientos, experiencias y demandas sectoriales indispensables. La concurrencia de ambas en una deliberación presupuestaria de carácter pluralista permitiría identificar urgencias, concertar soluciones y establecer compromisos verificables para el presente y el futuro; además, no se trata de sustituir las competencias de los órganos del Poder Público, sino de recuperar la discusión, calidad y responsabilidad institucional en el ejercicio de esas competencias.
El complejo problema universitario requiere de una instancia institucional adecuada para ventilarse sobria, responsable y convincentemente, encarando sus múltiples dimensiones como materia de las deliberaciones que puede suscitar el proyecto presupuestario. Antes que distraer la atención con una reforma de la Ley de Universidades de la que no se conoce siquiera un papel de trabajo oficial, corresponde al ministerio del ramo formular sus planteamientos y someterlos a consideración de las comunidades académicas. Empero, es el proceso presupuestario, cuyo plazo de sanción es perentorio, el que ofrece una oportunidad inmediata para que la comisión de diálogo, entendimiento o negociación evacúe una amplia consulta y procure acuerdos susceptibles de instrumentación legislativa, indicando prioridades, compromisos de asignación de recursos y mecanismos de seguimiento y fiscalización.
Se trataría de una experiencia de concertación que contribuiría a la recuperación inicial de la gobernabilidad y la gobernanza, particularmente en lo concerniente al aula civil y superior en Venezuela, porque el consenso que necesitamos no puede limitarse a una distribución circunstancial de recursos: debe comprender el diagnóstico, el método, las soluciones y el seguimiento de un asunto tan complejo. Presupuestar responsablemente nuestras casas de estudio exige abandonar la campaña de distracción en torno a una reforma universitaria que, sin formulación oficial conocida, parece servir de cobertura a la pretensión de imponer una universidad comunal, desnaturalizada y vinculada a un modelo rentista históricamente agotado.
Especialistas han señalado los Pactos de la Moncloa, suscritos en la España de 1977, como referencia de acuerdos que incorporaron compromisos económicos, fiscales, salariales y de gasto público, articulando a sectores empresariales y laborales; e, igualmente, cabe examinar las experiencias latinoamericanas de concertación vinculadas a la discusión presupuestaria, como la chilena de 1996. No se trata de trasladar mecánicamente fórmulas ajenas, sino de reconocer que la negociación política puede adquirir contenido material mediante compromisos económicos verificables. Indispensable acotación, en nuestro caso, no reduzcamos el drama universitario a las deficiencias salariales o infraestructurales, ya que la polémica debe comprender las condiciones de estudio y trabajo, la docencia, la investigación, los servicios y la autonomía institucional: las comunidades universitarias, agremiadas o no, han de participar en la definición de las demandas y prioridades que permitan recuperar la excelencia académica y la responsabilidad ética y sociopolítica de la universidad.
Alcanzamos a asistir y a participar en el debate celebrado el pasado día 5 en la antigua Sala E de la Universidad Central de Venezuela, con la notable ausencia de la ministra de Educación Universitaria, y, en el lugar, pudimos constatar el rechazo a una reforma legal atípica, sin que exista un proyecto oficial conocido ni conste la deseable y responsable ponderación y respaldo del Consejo de Ministros. Resulta más razonable para el oficialismo atender la iniciativa presupuestaria efectivamente consignada y procurar mayores recursos para las universidades, en lugar de prolongar una discusión sobre una reforma fantasma, cuyo contenido y propósito siguen sin esclarecerse.
La discusión presupuestaria no resolverá por sí sola la crisis universitaria ni sustituirá las transformaciones legislativas e institucionales pendientes, aunque puede inaugurar una práctica democrática distinta: reconocer los problemas, acordar prioridades, comprometer recursos y someter – fundamentalísimo – los resultados al escrutinio público. La universidad podría ser un punto de partida para extender semejante ejercicio a otros sectores y políticas públicas, haciendo de la negociación presupuestaria una experiencia anticipada de transición y reconstrucción de las capacidades del Estado.
No subestimemos a una ciudadanía que, al reclamar una mejoría inmediata de sus condiciones y calidad de vida, también puede comprender y asumir la importancia de una controversia nada banal sobre los recursos capaces de sostener, a mediano y largo plazo, cuanto pueda alcanzarse. Recuperar la universidad como espacio de movilidad social, bajo otro modelo de desarrollo, contribuiría igualmente a ordenar las expectativas y prioridades presupuestarias del país.

