Para muchos venezolanos, visitar el Salto Ángel, en Canaima, o el archipiélago de Los Roques quedó en el plano de los dioses. Viajar a estos destinos resulta prácticamente inalcanzable para buena parte de la clase trabajadora. Es decir, una mayoría de la población no tiene acceso a este tipo de turismo, lo que añade un nuevo componente a una brecha que, aunque muchos pretendan invisibilizar, forma parte de nuestra cotidianidad.
Esta realidad nos lleva a preguntarnos: ¿de qué vale tener uno de los países más extraordinarios del mundo si sus habitantes no tienen cómo llegar a destinos que parecen reservados para los más acomodados o para el turista extranjero? No afirmamos que los venezolanos hayan dejado de salir de sus casas ni que no aprovechen su tiempo de ocio para visitar playas y montañas. El problema es otro: existe una especie de naturaleza prémium a la que no todo el mundo puede acceder debido a sus elevados costos.
Por ejemplo, al consultar directamente a proveedores turísticos para planificar un viaje al Salto Ángel en 2027, el paquete más barato de cinco días y cuatro noches supera los 1.100 dólares por persona. Otros oscilan entre los 1.400 a los 3.000 dólares. La tarifa incluye el boleto aéreo entre Caracas y Canaima, alimentación completa, hospedaje y excursiones. No se trata de cuestionar necesariamente el precio de un servicio que exige una logística compleja, sino de preguntarnos cuántos venezolanos pueden destinar esa cantidad de dinero a unas vacaciones, cuando un profesional promedio rebuscándose podría ganar unos 250 verdes. El verdadero problema es que décadas de deterioro económico han reducido la capacidad de consumo de amplios sectores de la población, cuyos ingresos apenas alcanzan para cubrir sus necesidades básicas, mucho menos para disfrutar de destinos turísticos de esta naturaleza.
Aun sabiendo que tenemos un país hermoso y que existen destinos más económicos, los venezolanos buscan alternativas en la franja costera, las montañas andinas, los cerros cercanos a las ciudades y otros lugares que tienen al alcance. Las familias hacen un esfuerzo considerable para pasear y compartir, reafirmando que el patrimonio natural pertenece simbólicamente a todos los venezolanos, aunque acceder a él implique costos profundamente desiguales.
Lo digo también desde mi propia experiencia. Con el sueldo que percibía como profesor universitario en Venezuela, tanto en instituciones públicas como privadas, no me alcanzaba para disfrutar de ese turismo prémium. Era imposible. Otras opciones estaban en mi radar y las aproveché al máximo. Sin embargo, la discusión debe ir más allá de las posibilidades individuales y de la capacidad de cada familia para organizar sus vacaciones.
Los gobiernos que vengan tendrán la responsabilidad de promover alternativas accesibles, mejorar los servicios turísticos y garantizar que los beneficios de esta actividad lleguen también a las comunidades locales y a la población en general. Esto exige pensar el turismo no solamente como una fuente de ingresos, sino también como una oportunidad para el descanso, la recreación y el conocimiento del propio territorio.
Venezuela posee paisajes que despiertan la admiración del mundo. Pero la riqueza natural de un país no debería medirse únicamente por su capacidad para atraer visitantes extranjeros o satisfacer las expectativas de quienes pueden pagar tarifas elevadas. También debería medirse por las posibilidades que tienen sus propios habitantes de conocerla, recorrerla y disfrutarla.
Porque un país puede ser extraordinario por la belleza de sus paisajes, pero esa riqueza adquiere otra dimensión cuando sus ciudadanos también pueden formar parte de ella.
