Delcy Rodríguez ya se sabe en campaña electoral. Las expectativas creadas con el regreso de María Corina Machado dejan poco espacio a las evasivas sobre la convocatoria de elecciones. Consciente de que no tiene de otra, se lanzó al ruedo arrogándose la capacidad de resolver problemas que, como vicepresidente de Maduro, contribuyó a crear. Vendrían, para el próximo año, cuatro ajustes salariales, inversiones y la recuperación de servicios públicos. Pongamos en perspectiva estas promesas.
La recuperación parte prácticamente de cero.
Lo primero que hay que constatar ante éstas u otras ofertas, es que Venezuela, arrasada por más de un cuarto de siglo de expoliación chavista, parte de cero. De estar entre los latinoamericanos más prósperos en la segunda mitad del siglo XX, hoy compartimos el sótano junto a Haití, Nicaragua y Honduras. Como objetivo central de política se impone el desarrollo acelerado de nuestras fuerzas productivas para atender la emergencia humanitaria compleja, generar empleo productivo cada vez mejor remunerado, recuperar los servicios públicos y garantizar las libertades para incentivar la iniciativa privada, atraer capital extranjero y estimular el aporte de todos los venezolanos, incluyendo a quienes, hoy, integran la diáspora. Debe enmarcarse en una economía de mercado con estabilidad de precios, tipo de cambio competitivo, y con un Estado dedicado a proveer bienes públicos y políticas sociales que respondan a los criterios de justicia social imperantes en el país. Requiere, como tanto se ha insistido, instituciones sólidas y eficientes que las sustenten. Su degradación y desmantelamiento durante los últimos 27 años, obliga a una reforma integral del Estado venezolano. Entre otras cosas, significa privatizar empresas convertidas en desaguadero de recursos públicos y fuente de corruptelas, sanear las cuentas públicas, remunerar mejor a los empleados públicos con criterios de meritocracia, asegurar la calidad y cobertura de los servicios públicos, y dotar a las dependencias públicas para que puedan cumplir con sus funciones y para que contribuyan a fomentar la reactivación de la economía.
El imperativo de reestructurar la deuda pública externa
Tales reformas demandan dinero que el país no posee. Tampoco puede obtenerlos con financiamiento externo, al estar en default desde 2017 y pesar sobre él una deuda imposible de pagar, dada la caída en la exportación de crudo. Por tanto, el Estado está obligado a recuperar su acceso a los mercados financieros internacionales, y ello sólo ocurrirá si logra reestructurar su deuda pública externa.
Distintas estimaciones sitúan su valor (nominal) en más del doble del PIB venezolano y seis veces el monto de sus exportaciones de 2025. La diversidad de pasivos financieros en juego, las condiciones disímiles de su concertación y dudas sobre su legitimidad o legalidad, hacen que la reestructuración sea muy compleja. Requiere, además, la dispensa de la licencia 58 de la OFAC para transar papeles de deuda. Debe evitar ser vehículo para corruptelas y/u operaciones de lavado de dinero para no dar pie a reclamos judiciales que trabarían su negociación. Un proceso tan complejo debe contar con un equipo negociador altamente calificado y con asesoramiento del FMI. Su análisis de sostenibilidad de deuda (DSA) debe servir para fundamentar la obtención de años de gracia, la extensión de plazos, rebajas del principal y de los intereses, y acceso a nuevos financiamientos, de forma que Venezuela pueda cumplir con los nuevos compromisos y enfrentar, a la vez, los ingentes problemas de hoy.
El apoyo del FMI obliga a Venezuela a cumplir con el examen de sus políticas macroeconómicas –equilibrios fiscales, externos, estabilidad de la moneda– contemplado en el artículo IV de su convenio constitutivo. Se asegura, así, su capacidad de pago de sus compromisos externos. Condicionado a ello, se abren posibilidades de financiamiento preferencial que ayudarán a solventar importantes necesidades.. El aval del FMI contribuirá, asimismo, a restablecer la confianza de la inversión privada internacional en Venezuela al apuntalar su apego a un orden internacional amparado en reglas. Ello también posibilitará acuerdos con otros países. Igualmente, allana financiamientos por parte de otros multilaterales –Banco Mundial, BID, CAF– y la participación en convenios bilaterales de protección recíproca de inversiones, así como en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), adscrito al Banco Mundial que piden los inversionistas.
Pero, el gobierno de facto contrató, en términos onerosos y poco claros, a CenterView Partners para la reestructuración, vinculado, presuntamente, a personeros del gobierno de EE. UU., marginando al FMI.
La palanca petrolera y la soberanía nacional
La reinserción provechosa de Venezuela al intercambio financiero y comercial del mundo se ampara en su industria petrolera, su fuente principal de ingresos. De ella depende asegurar el reembolso de los préstamos de los entes multilaterales, así como el respaldo a la reestructuración de la deuda externa y la recuperación de sus reservas internacionales. Pero retornar a los niveles de producción de antes podrá tomar ocho o más años y requerirá inversiones que superen los USD 100 mil millones. Implica resolver, cuanto antes, las graves deficiencias del servicio eléctrico. Requerirá la inversión de las empresas internacionales más importantes del sector–PdVSA está en el suelo–, que precisan de condiciones confiables, hoy ausentes, dados los montos y los riesgos que implica su maduración tardía. Pero el gobierno interino es ilegítimo y las condiciones del mega-acuerdo petrolero (muy opaco) anunciado por Trump, violan el ordenamiento legal del país y, al entregar la concesión a una empresa, NABEP, controlada por quien es investigado por lavado de dinero, despierta poca confianza.
Venezuela debe rescatar la soberanía sobre el uso de nuestra principal riqueza para poder atender los ingentes problemas a afrontar. Implica superar el protectorado a que nos sometió EE. UU. luego de la captura del dictador Maduro. La Tesorería de EE. UU. administra los ingresos por exportación de nuestro crudo, pero luego de diez meses de la incursión militar, no se conoce cuánto le ha ingresado, cuánto han desviado para pagos internos en EE. UU. ni porqué, cuánto se ha entregado al gobierno de facto, ni en qué lo ha gastado. De ello dependerá la legitimidad y, por tanto, la credibilidad, estabilidad y probabilidades de acierto de las políticas a instrumentar para lograr la recuperación del país. Delcy Rodriquez es, por el contrario, la agente que cumple con los designios de Trump.
Estabilidad macroeconómica
La reforma del Estado debe asegurar los preceptos constitucionales que resguardan la estabilidad macroeconómica: equilibrio presupuestario plurianual (artículo 311), límites al endeudamiento anual, prohibición del financiamiento monetario del gasto público (Art. 320), y la autonomía del Banco Central para cumplir con la estabilidad de precios y la preservación del valor interno y externo de la moneda (art. 318). Debe haber coordinación, además, con las políticas comerciales y financieras para evitar desequilibrios de balanza de pagos que pueden ser insostenibles.
La necesidad de procurar equilibrios macroeconómicos para estabilizar los precios y el tipo de cambio, en el marco de la activación económica del país obliga a modificar la política antiinflacionaria vigente. La inflación (anualizada) para septiembre, de 465%, atestigua que ha fracasado. El influjo importante de dinero que se espera choca con la astringencia monetaria, la reducción del gasto y el anclaje del precio de la divisa. La recuperación de la economía supone aumentar la demanda de dinero con acciones de compra-venta, crédito, inversiones, contrataciones, abonos, empleo, transferencias, etc., de manera de absorber productivamente el incremento de la liquidez, no reducir su oferta.
Por otro lado, el papel central de la exportación de crudo debe evitar trastornos macroeconómicos asociadas con el manejo de la renta. La arrogación del Estado venezolano de la propiedad de los recursos de su subsuelo le permitió apoderarse en el pasado de rentas internacionales por la venta del petróleo. Su monetización a través del gasto público infló el poder de compra de los residentes, alimentando distorsiones conocidas como de “enfermedad holandesa”, socavando la competitividad de actividades transables, no petroleras y sobrevaluando el bolívar. Eliminar estos efectos requiere confinar la renta en un fondo soberano externo, emulando el exitoso ejemplo de Noruega. Contribuirá a sanar la gestión pública, ya que el gobierno no dispondrá de ingresos extras para gastar cuando suben los precios del crudo, para luego verse obligada a suspender proyectos cuando bajan. En el pasado se tradujo en gastos procíclicos, contrarios a los fines de estabilización macroeconómica. Asimismo, su discrecionalidad amplió las oportunidades para toda suerte de manejos irregulares.
La diversificación productiva
La recuperación económica venezolana, fundamentada en un Estado de derecho, el rescate pleno de la soberanía nacional, la estabilidad del sistema de precios y un tipo de cambio competitivo permitirá consolidar una estrategia de diversificación productiva. Políticas activas dirigidas a movilizar el enorme caudal de recursos parados por el chavismo (que todavía pueden aprovecharse), junto a los aportes de los venezolanos de la diáspora y la inversión foránea, contribuirán a restituir el tejido de empresas productivas, comerciales y de servicio que el país necesita. Deben instrumentarse políticas industriales –en Japón y los llamados tigres asiáticos mostraron ser muy exitosas–, pero con efectos de naturaleza más horizontal. Se trata, básicamente, de generar externalidades positivas vía formación de talentos, generación de conocimientos, desarrollos tecnológicos, la provisión de capital de riesgo, la mejora de servicios esenciales y especializados, la promoción de exportaciones, la coordinación de iniciativas que se complementan y el afianzamiento de los derechos sobre la propiedad intangible, entre otras, a fin de propiciar dinámicas favorables al emprendimiento y la innovación. El aprovechamiento del know-how y destrezas acumulados durante años de explotación petrolera es muy importante.
A manera de conclusión
Rescatar a Venezuela de la ruina en que la dejó el chavismo representa un desafío enorme. Remite a la calidad, credibilidad y confianza de sus instituciones, en un marco de transparencia y rendición de cuentas sobre su desempeño. Supone una reforma integral del sector público venezolano. La vigencia plena del Estado de derecho, con reglas de juego claras, garantías procesales para resolver disputas, funcionarios honestos y calificados, es requisito para la seguridad y previsibilidad de inversionistas y residentes. La libertad y la garantía de sus derechos son base para una participación activa de los venezolanos en la recuperación de su país. De ello dependerá tener servicios públicos y dependencias públicas eficientes, capaces de satisfacer las necesidades de la gente y proveer economías externas positivas que reduzcan los costos de transacción de la economía. El asunto institucional no es meramente administrativo. Depende del celo e idoneidad de las personas que les dan vida, la claridad y eficacia de su liderazgo y, desde luego, de los recursos a su disposición. El rescate de los sistemas de educación y de salud, de una seguridad social robusta de cobertura universal, junto con una participación ciudadana activa, permitirán plasmar la justicia social deseada..
Contar con un Estado inclusivo y eficiente se facilitará con la movilización de los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, comprometidos con su recuperación. Para ello debe convocarse pronto a elecciones limpias y confiables, con un TSJ y un CNE saneados y con plena libertad política, sin inhabilitaciones y con un registro electoral actualizado. Sacar a Venezuela del abismo en que se encuentra requiere de un gobierno legitimado por la soberanía popular, capaz de rescatar la soberanía nacional sobre sus recursos para construir, de manera mancomunada con la iniciativa ciudadana y la inversión extranjera, el país que nos merecemos. Un régimen tan desprovisto de legitimidad como el que encarna, hoy, Delcy Rodríguez, no tiene cómo enfrentar los retos de la recuperación.
Economista, profesor (J), Universidad Central de Venezuela – humgarl@gmail.com
