La presencia de integrantes de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en comunidades indígenas del municipio Cedeño, al sur del estado Bolívar, genera preocupación por la seguridad de sus habitantes, especialmente de niños, niñas y adolescentes. Una de las situaciones más alarmantes ocurre en la comunidad eñepa La Batea, donde hombres armados habrían ocupado las instalaciones de una escuela vinculada a Fe y Alegría, obligando a docentes y familias a abandonar la zona por temor a posibles hechos de violencia.
La Batea estado Bolívar.
Denuncian ocupación de escuela de Fe y Alegría por guerrilleros de las FARC en comunidad indígena de Bolívar.
La denuncia fue difundida por el periodista Fritz Sánchez, quien alertó sobre la situación que atraviesan los habitantes de La Batea y Punta Brava, comunidades indígenas que desde hace varios días reportan la presencia de presuntos integrantes de la Segunda Marquetalia, una de las estructuras disidentes de las FARC.
De acuerdo con los testimonios de los pobladores, los hombres armados estarían instalando alcabalas diariamente, reteniendo a habitantes y realizando visitas nocturnas a las comunidades, acciones que han generado temor e intranquilidad entre las familias.
La ocupación del plantel educativo representa una nueva preocupación para las comunidades, debido a que la escuela constituía un espacio de formación, acompañamiento y protección para los niños y adolescentes indígenas.
Cecodap advierte sobre los riesgos para la niñez indígena y exige protección integral
Ante esta situación, el abogado Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, advirtió que la presencia de hombres armados en La Batea ha provocado graves consecuencias para la población infantil.
Trapani explicó que Fe y Alegría mantiene desde hace años una labor educativa en comunidades indígenas de Los Pijiguaos y que la escuela de La Batea forma parte de esa red de acompañamiento comunitario.
A su juicio, la afectación va mucho más allá de la interrupción de las actividades académicas, pues la salida de docentes y familias debilita los vínculos de protección, altera la cotidianidad de los niños y aumenta su exposición a diferentes formas de violencia.
El representante de Cecodap recordó que la situación de inseguridad en Los Pijiguaos no es reciente. Según señaló, en octubre de 2025 el propio Estado venezolano reconoció públicamente la presencia de grupos armados del ELN y disidencias de las FARC en esa zona del estado Bolívar.
Agresiones en comunidades indígenas
Asimismo, mencionó que el 2 de agosto de 2026 hombres armados se llevaron al capitán indígena Julio Rodríguez de su comunidad, cuyo cuerpo fue localizado días después. También recordó las denuncias de autoridades indígenas sobre incursiones armadas y solicitudes de protección.
Durante agosto y septiembre continuaron las alertas relacionadas con secuestros, amenazas y presunto reclutamiento forzado. En ese contexto, se reportaron operaciones y sobrevuelos militares.
Posteriormente, el 5 de octubre, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) informó sobre la inhabilitación de una pista clandestina y un campamento logístico vinculado con actividades de minería ilegal en Los Pijiguaos.
Para Trapani, estos antecedentes permiten comprender la gravedad de los acontecimientos actuales en La Batea y Punta Brava, donde la presencia de hombres armados, las retenciones de habitantes y el desplazamiento de familias y docentes evidencian una afectación directa a la seguridad de las comunidades indígenas.
El abogado advirtió que los niños y adolescentes están expuestos a múltiples riesgos, entre ellos reclutamiento forzado, secuestros, trata de personas, explotación, violencia sexual, desplazamiento, separación familiar y afectaciones psicológicas.
También destacó que, en el caso de la niñez indígena, abandonar sus comunidades puede implicar la separación de su territorio, sus tradiciones, su cultura, sus familias extensas, sus maestros y sus autoridades ancestrales.
Por ello, insistió en que las medidas de protección deben contemplar no solo la seguridad física de los menores, sino también la preservación de sus vínculos familiares, culturales y comunitarios.
Finalmente, Trapani señaló que la respuesta de las autoridades no puede limitarse a retirar a los hombres armados de las instalaciones educativas. Consideró necesario garantizar la protección de las familias y los docentes, identificar a los niños y adolescentes en situación de riesgo, asegurar la continuidad educativa, prevenir el reclutamiento y la explotación, atender a quienes han tenido que abandonar sus hogares e investigar los hechos denunciados.
El coordinador de Cecodap subrayó que el Estado tenía conocimiento de la presencia de grupos armados en Los Pijiguaos desde octubre de 2025, por lo que considera fundamental adoptar medidas preventivas y no esperar a que la violencia alcance espacios destinados a la educación.
Carmenmilagro Aulino – El Impulso
