La pretensión de implantar una nueva Ley de Universidades en Venezuela aparece en uno de los momentos más críticos de su historia contemporánea, justo cuando las instituciones republicanas se han vuelto prácticamente inexistentes, cuando la vida pública ha sido sometida a su mayor degradación y cuando la propia idea de nación parece haber perdido por completo su capacidad para orientar un destino común. A la sombra de semejante paisaje, no deja de ser significativo que un poder satrapizado pretenda redefinir la naturaleza y función de la universidad, especialmente cuando se trata de la institución que —para bien o para mal— ha sido nada menos que la artífice política, moral e intelectual del país, por lo menos desde 1810.
Que haya sido de la universidad que surgiera la Idea de la Nación venezolana, es decir, que de su seno surgiera la realidad objetiva del país en su totalidad, comprendido como el despliegue del Espíritu de su pueblo, no solo es un hecho absolutamente original sino, tal vez, inédito. Es la actio mentis, el saber autoconsciente y sistemáticamente comprendido, puesto al servicio de la construcción de la sociedad. Porque la cuestión no consiste únicamente en determinar quién gobierna sus instituciones o cómo se organizan sus estudios. Lo que está en juego acá es algo más profundo: se trata del lugar que ha ocupado históricamente el pensamiento en la constitución de la realidad efectiva, no del “estado 51”, sino de esta Tierra de Gracia.
La Universidad Central de Venezuela no fue solamente una institución destinada a preparar profesionales, técnicos o “especialistas”. A lo largo de su historia, constituyó uno de los espacios desde los cuales se elaboraron las ideas que hicieron posible imaginar, discutir, disputar, interpretar y hacer efectiva la existencia de Venezuela como comunidad política y social. Claro que su historia no está exenta de contradicciones, silencios o insuficiencias; pero precisamente por eso debe ser comprendida históricamente. La universidad no se encuentra fuera de la sociedad que ella produjo: participa, porque forma parte integrante de sus conflictos, expresa sus límites y, sin duda, puede contribuir a superarlos. Por lo demás, su responsabilidad republicana consiste, entre otras, en hacer inteligibles las contradicciones de su tiempo.
Reducirla a una corporación dedicada a suministrar técnicos al mercado de trabajo supone, por tanto, alterar su sentido y significado. Sin duda, la formación profesional es indispensable, pero no agota la misión universitaria. Un tecnológico es una cosa, una universidad es otra cosa. La sociedad necesita médicos, ingenieros, abogados, economistas, etc. Pero, además, necesita que quienes ejerzan esas profesiones comprendan, con conocimiento de causa, las condiciones históricas dentro de las cuales actúan, los fines a los que sirven y las consecuencias de sus decisiones. El conocimiento especializado no sustituye el juicio acerca de la sociedad. Y cuando se separa de él, puede convertirse fácilmente en un instrumento eficaz para dar cumplimiento a fines inconfesables, cuya naturaleza, no pocas veces, se ha prohibido examinar.
La universidad tiene una responsabilidad que no se confunde con la imposición de una determinada doctrina ideológico-política. Le corresponde contribuir a la formación del Ethos republicano: ese conjunto de disposiciones, convicciones y capacidades mediante las cuales una sociedad reconoce los asuntos comunes como propios y comprende que la vida pública no puede reducirse a la obediencia, al interés privado o a la administración de necesidades inmediatas. No se trata de adoctrinar ciudadanos, sino, todo lo contrario, de formar personas críticas y autónomas, capaces de juzgar, discutir y asumir responsabilidades. Una República que renuncia a esa formación termina entregando sus decisiones a quienes pretenden ejercer el poder sin tener que dar razón de él.
En este punto, por cierto, resulta decisiva la comprensión de la función de la autonomía universitaria. No se trata, como se ha pretendido hacer ver, de un privilegio gremial ni una simple prerrogativa administrativa. Es la condición sine qua non que permite a la universidad determinar qué problemas merecen ser investigados, someter a examen las verdades establecidas y cuestionar las decisiones del poder, incluidas aquellas que afectan a la sociedad y, por consiguiente, a la propia institución. Una universidad que no puede interrogar a la autoridad deja de ser plenamente una universidad: se convierte en una dependencia pasiva, encargada de ejecutar fines que otros han decidido. La heteronomía comienza cuando la institución pierde la capacidad de resolver las preguntas que ella misma ha formulado.
Es por eso que conviene distinguir entre un profesor universitario y quien ha quedado reducido a la función “docente”, o sea, la de transmitir contenidos. La docencia es sin duda una tarea fundamental, pero la vida universitaria exige la integración de investigación, docencia y extensión. El profesor investiga porque el conocimiento no es un depósito de preceptos o de fórmulas concluidas; gracias a lo que investiga enseña, porque el pensamiento debe exponerse, confrontarse y ponerse a prueba; y por esa razón se vincula con la sociedad, porque el saber no puede permanecer indiferente ante la realidad política, social e histórica que le da sentido. El conocimiento que no se extiende más allá de las aulas es un conocimiento impotente. Pero, además, separadas entre sí estas funciones se empobrecen. La docencia sin investigación corre el riesgo de repetir respuestas envejecidas; la investigación sin extensión se encierra en sí misma; y ambas, desvinculadas de los problemas colectivos, terminan convertidas en ejercicios propicios para la esterilidad. Un profesor universitario no es un teacher: es un professor.
La experiencia de las universidades creadas o impulsadas por el régimen chavista merece ser examinada desde esta perspectiva. No se trata de descalificar en bloque a sus profesores ni a sus egresados, sino de evaluar las condiciones institucionales de su funcionamiento, la calidad de la formación impartida, la libertad académica, la producción de conocimiento y la posibilidad efectiva de la crítica. Una política universitaria no se mide por el número de instituciones inauguradas ni por la cantidad de títulos expedidos, sino por su capacidad para formar profesionales competentes y ciudadanos moral e intelectualmente autónomos. Cuando la expansión de la matrícula no va acompañada de condiciones adecuadas para investigar, enseñar y evaluar con rigor, las cifras pueden ocultar una grave insuficiencia formativa.
La paradoja se vuelve aún más evidente ante el desarrollo de la inteligencia artificial. En un mundo donde numerosas tareas rutinarias de procesamiento de información podrán ser automatizadas, una universidad que se limite a transmitir contenidos y adiestrar ejecutantes estaría renunciando, precisamente, a aquello que más se necesita. La formación superior no puede consistir en preparar individuos para repetir operaciones que las máquinas realizan cada vez con mayor eficacia. Su tarea es formar capacidades de y para el juicio: la comprensión de problemas, el establecimiento de relaciones, la evaluación de consecuencias y la deliberación sobre los fines que deben orientar el uso del conocimiento. La inteligencia artificial no vuelve innecesaria a la universidad. Por el contrario, hace más urgente la necesidad de que no abdique ante la responsabilidad de seguir pensando, de generar ideas y valores.
Pero esa responsabilidad solo puede cumplirse donde existe libertad para pensar. No hay autonomía sin posibilidad de crítica, ni crítica sin la disposición a examinar, incluso, aquello que una autoridad presenta como indiscutible. Por eso las universidades le resultan tan incómodas a los promotores de la barbarie de la reflexión. El poder que teme ser examinado procura sustituir el juicio por la obediencia y la formación por el adiestramiento. De ahí que la disputa por la universidad no sea un asunto sectorial. Concierne en las condiciones en las que una sociedad se puede reconocer como comunidad política y reconstruir sus estructuras institucionales.
Una República no se sostiene únicamente mediante leyes, elecciones o estructuras administrativas. Requiere, además, de ciudadanos capaces de comprender el mundo común, instituciones que no se sometan a los intereses del poder y espacios donde las ideas puedan confrontarse libremente, sin recibir de antemano una sentencia. La universidad no garantiza por sí sola estas condiciones, pero su debilitamiento hace mucho más difícil poder alcanzarlas.
La pregunta decisiva, entonces, no es si Venezuela necesita reformar su Ley de Universidades, con el premeditado objetivo de mutilar la posibilidad de formar ciudadanos, gente pensante. Toda institución histórica debe examinar sus insuficiencias y transformar sus prácticas. La pregunta es si esa transformación pretende ampliar las capacidades para que la universidad pueda pensar el país o para reducirla a instrumento subordinado, es decir, enajenarla de sus propios fines. En una sociedad urgida de reconstrucción, trastocarla en una corporación de intereses para la formación técnica de individuos significaría desmantelar uno de los espacios desde los cuales esa reconstrucción podría concebirse. Nunca se debería olvidar que los griegos definían a quienes solo se interesaban por sus propios intereses como idiotas. Además de premeditado y alevoso, resulta ser muy triste el intento de convertir la institución que históricamente ha construido y reconstruido el país en una fábrica de idiotas.
Si Atenea nació de la cabeza de Zeus, Venezuela nació de la cabeza de Atenea. Tal vez sea por eso que el país posee ese fascinante aroma de mujer. Y quizá sea esa la razón que permite explicar por qué su gentilicio se siente tan orgulloso de sí, por qué es tan espléndido, a veces tan atrevido y, no pocas veces, un tanto pretensioso. La verdad sea dicha: sus motivos no son pocos. De ahí que cuando las Repúblicas pierden su capacidad de pensarse, de revisarse, la universidad tenga la obligación de ser el lugar desde donde esa capacidad se sostenga con sentido enfático. Si, por el contrario, se la obliga a renunciar a la crítica y a obedecer los planes que el poder le impone, la reforma puede terminar siendo un motivo para la transgresión de lo que se pretende organizar. La cuestión de fondo no consiste en saber qué tipo de universidad requiere Venezuela, sino si Venezuela podrá conservar las condiciones éticas y conceptuales necesarias para volver a ser una República.
@jrherreraucv
