En la Venezuela posterior a Maduro, el tiempo se ha convertido en el recurso político más disputado. Mientras María Corina Machado y la Plataforma Unitaria reclaman elecciones presidenciales en 2027, la administración de Delcy Rodríguez parece apostar por un calendario electoral que culminaría en 2030. Entre ambas posiciones, Washington administra sus intereses con una dosis de pragmatismo que deja poco espacio para las urgencias democráticas.
La estrategia del chavismo consiste en ganar tiempo sin renunciar al poder. Para ello propone una normalización institucional que comenzaría con elecciones municipales y regionales en 2027, continuaría con las parlamentarias y dejaría las presidenciales para 2030. No se trata de una simple maniobra dilatoria. El calendario constitucional tiene un peso jurídico considerable y adelantar las elecciones presidenciales exigiría resolver obstáculos institucionales que podrían incluir una reforma constitucional.
Hay además una cuestión pendiente de especial trascendencia: determinar si Delcy Rodríguez ejerce provisionalmente la Presidencia o si su condición jurídica le permitiría permanecer hasta 2030. Una controversia cuya resolución correspondería eventualmente al nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Y ya sabemos lo que significa en Venezuela dejar las grandes decisiones políticas en manos de los tribunales.
Mientras tanto, el chavismo dispone de oportunidades para reorganizarse, recuperar recursos económicos y reconstruir sus alianzas internas. Cuatro años representan una eternidad para una oposición que exige cambios inmediatos, pero apenas un plazo razonable para quienes necesitan consolidarse nuevamente en el poder.
Estados Unidos tampoco parece interesado en precipitar una crisis política que comprometa sus acuerdos petroleros y la estabilidad regional. Para Washington, la recuperación de la producción energética, el control migratorio y la previsibilidad económica tienen una importancia estratégica que podría terminar imponiéndose sobre cualquier calendario electoral promovido por la oposición.
Aquí aparece el verdadero dilema de María Corina Machado y la Plataforma Unitaria. ¿Conviene invertir su capital político durante los próximos meses en exigir unas elecciones presidenciales para julio de 2027, fecha que no depende de su voluntad, o prepararse para participar en las elecciones municipales y regionales que parecen constituir el escenario más probable?
No es una decisión menor. Insistir en una fecha presidencial sin disponer de mecanismos para imponerla podría terminar consumiendo tiempo y recursos políticos. Pero tampoco resulta sencillo aceptar un calendario diseñado por el chavismo sin exigir garantías y condiciones que permitan una competencia electoral real.
La cuestión no consiste en anticipar cuál será la decisión de Machado y la MUD, sino en reconocer que deberán tomarla frente a circunstancias que difícilmente podrán modificar mediante declaraciones y exigencias.
El chavismo necesita tiempo. Washington necesita estabilidad. La oposición necesita resultados. Tres prioridades distintas que podrían terminar produciendo un mismo desenlace.
Porque mientras unos discuten cuándo deberían celebrarse las elecciones presidenciales, otros trabajan para que la Constitución y las nuevas circunstancias políticas impongan su propio calendario.
Elecciones presidenciales, por supuesto. Pero en 2030.
@humbertotweets
