Más allá de las urnas, la arquitectura y sentido del Estado ciudadano.
A nivel mundial, el fenómeno político de la insatisfacción social constituye la convulsa realidad de este siglo, la cual se evidencia a través de protestas, reclamos y exigencias ciudadanas.
Es así como en muchos países, como, por ejemplo: Venezuela por diferentes motivos: cambio de gobernantes, fraudes electorales, problemas de servicios públicos… la gente se ha expresado en las calles hasta con acciones violentas como las “guarimbas”. En Chile un estruendoso estadillo social producido por el alza del transporte público, alto costo de la vida, privatización de derechos sociales, bajas pensiones, escándalos de corrupción (2019-2020), da paso ahora, en 2026, a protestas por los recortes sociales y al presupuesto de educación bajo del gobierno de Kast.
En Francia una intensa ola de protestas estudiantiles por demandas educativas (2026); en Bélgica por las medidas de austeridad que implementó el gobierno generó en caos urbano, vandalismo, incendios (2026); en Nueva Delhi protestas exigieron la renuncia del jefe de la comisión electoral debido a la manipulación en las pruebas de ingreso a la carrera de medicina, por parte del “Partido de las Cucarachas”; y en Albania las movilizaciones – que comenzaron contra un proyecto urbanístico de la familia de Trump en un espacio ecológico – evolucionaron hacia la exigencia de la renuncia del presidente. Así mismo, en los Estados Unidos marchas multitudinarias con el lema “No King”, en alusión a su presidente Donald Trump, han recorrido todo el país.
En todas estas acciones hay un caldo de cultivo común: la insatisfacción social, originada – según nuestro criterio – por la exclusión de los ciudadanos de los espacios de poder. Desde nuestra perspectiva el problema fundamental radica en que las instancias de poder han quedado secuestradas por las élites cerradas que han desplazado las necesidades e intereses de las grandes mayorías en favor de los suyos propios. Esta realidad ha dejado al ciudadano distante de la toma de decisiones, un alejamiento entre la sociedad y el poder que fortalece un liderazgo autoritario el cual utiliza la democracia para ganar elecciones y, posteriormente, implementar mecanismos contrarios a sus principios y valores.
Por esa razón, los problemas sociales no son atendidos; se “corre la arruga” frente al déficit educativo, de salud, de pensiones, servicios públicos. Sin embargo, cuando la gente se harta y sale a la calle a protestar, se le descalifica tildándolos de ultrosos, vándalos, desadaptados o enemigos, empleando dichas etiquetas para justificar su represión. En lugar de atender los problemas sociales y comprender la existencia de este profundo malestar, los gobiernos reprimen, generando presos políticos, atropellos y una sociedad maltratada que rumea su impotencia en las esquinas. Una olla de presión social a 180 grados.
Es importante para este análisis significar que el problema no son las élites en sí mismas – que siempre han existido y existirán, en términos aristotélicos: unos mandan y otros obedecen, y pequeños grupos con ciertas cualidades de superioridad inciden legítimamente en las mayorías -. El problema surge cuando los intereses de esos grupos minoritarios imponen su agenda, sus prioridades, sus proyectos, sustituyendo las necesidades de educación, salud, servicios públicos y superación de las grandes mayorías. Quiere decir que deja de cumplir su rol social como una “élite legítima” y se convierte en una estructura puramente “depredadora”. Este fenómeno de exclusión social y política requiere una atención imperativa; no se puede seguir mirando de cuclillas, mirarlo y actuando como si nada pasara.
En Venezuela la encuesta Nacional de Condiciones de Vida ENCOVI (2025), realizada por investigadores de la Universidad Andrés Bello, reflejó que la pobreza de ingresos afecta al 68,5% de los hogares venezolanos, que la pobreza extrema persiste en un 31,7% y la percepción de bienestar que a pesar de que mostró una ligera recuperación con respeto al 2021 no existe una mejora sustancial en las condiciones de vida, pero quienes gobiernan sólo hablan de que eso va a mejorar, sin explicar el cómo.
Del mismo modo, el presidente francés se queja del vandalismo, pero omite revisar los datos del Barómetro “Fractures Francaises (Ipso), devela una sociedad fatigada y profundamente pesimista, donde un 90% de los encuestados considera que Francia está en decadencia, el 75% afirma que “antes se vivía mejor, el 57% de los ciudadanos declara que tiene serios problemas para llegar a fin de mes, además de un 89% percibe que la violencia está aumentando en el país. Una tónica similar se observa en Latinoamérica y el Caribe, donde la encuesta de OCDE, expresa la desconfianza democrática e institucional, estableciendo que la crisis política ha arrastrado la legitimidad del sistema a mínimos históricos, siendo el encarecimiento de la energía, la inflación acumulada y el aumento de pobreza extrema, las principales fuentes de ansiedad diaria.
Colocamos el dedo en la llaga al señalar que las élites han secuestro el Estado, transformándolo en una estructura depredadora que, en lugar de reducir la complejidad social para garantizar la felicidad y el bienestar, la incrementa al volverse impredecible, opaco y hostil. Esto deja a los ciudadanos – quienes sostienen al Estado con sus impuestos y su trabajo – arrinconados y rumiando su insatisfacción en las calles, en protestas, reclamos donde ni siquiera son oídos.
De allí, que la crisis institucional contemporánea no es una simple disfunción de la burocracia estadal; expresa, en si misma, un quiebre estructural en el sistema político cuya manifestación más cruenta es la desconexión progresiva entre los centros de poder (toma de decisiones) y los ciudadanos. En efecto, cuando las élites políticas, sociales y económicas se alejan de las bases ciudadanas, suplantan su voluntad y entran en un bucle autorreferencial: se miran a ellos mismos e imponen sus propias dinámicas, leyes y políticas públicas. Con ello, las asignaciones presupuestarias se diseñan para la autoconservación de su poder ignorando las demandas sociales, que reduce al Estado a un mero reparto de botín entre facciones minoritarias.
Esta realidad destruye la cohesión social y fomenta la desconfianza. Mientras los canales de participación se limitan u obstruyen para impedir la participación efectiva y real de la sociedad, quedando aislada resolviendo sus necesidades de superación en el ámbito estrictamente familiar y relacional, lo cual pavimenta el camino hacia el fortalecimiento del autoritarismo. En efecto, cuando las instituciones no responden a las demandas sociales – provocando el colapso de los servicios públicos, deficiencias educativas, y hospitalarias alarmantes – mientras se compran armas, se construyen obras faraónicas o se aprueban leyes innecesarias, se refleja claramente que el poder está siendo utilizado para fines ajenos la sociedad.
Es una situación indignante que devela cómo el poder se ha utilizado para aislar, reprimir libertades o simplemente ignorar el sufrimiento de las grandes mayorías, algo evidente cuando se desmantelan los contrapesos democráticos en el desmoronamiento progresivo del estado de derecho. Tal como lo señala Moisés Naím los autócratas 3P – líderes que llega al poder mediante elecciones y posteriormente se proponen desmantelar los contrapesos ejecutivos a través del populismo, la polarización y la posverdad. Es el fracaso de la democracia en las urnas, como lo expresan Levitsky y Ziblatt y Rachman, un deterioro que ya no proviene de generales golpistas, sino de presidentes electos que subvierten el proceso que los llevó al poder mostrando un profundo desprecio por las normas democráticas.
Estos contextos evidencian que el Estado contemporáneo responde a intereses contrarios a las de sus habitantes perdiendo su razón de ser aristotélica: brindar felicidad y bienestar social. Operando así una subversión ontológica que el liderazgo político debe atender desde una visión ética del ejercicio del poder, y no en función de privilegios grupales.
Queda de manifiesto la necesidad imperiosa de un cambio en los sistemas políticos, que hasta ahora concentra “élites depredadoras” por su antítesis “élites legítimas”; por ello, abogamos por un Estado Ciudadano. Un Estado que tenga como norte el fortalecimiento de la sociedad, que se nutra de los sentimientos y necesidades de sus habitantes no sólo para incorporarlos en la vida pública y en la toma de decisiones, sino para darle solución a sus demandas sentidas. Un Estado que abandone la opacidad para transformarse en un espíritu social, que oiga, que delibere y que transparente la administración pública.
Carlotasc@gmail.com – X@carlotasalazar
