¿Hay una vieja regla de la comunicación política que Umberto Eco habría reconocido sin dificultad: Cuando una crisis amenaza con arruinarte, procura que todo el mundo termine hablando de otra crisis.
Si lo segundo resulta todavía más escandaloso que lo primero, mucho mejor. Y si, además, consigues que tus adversarios pasen todo el día hablando de eso, puedes dedicarte tranquilamente a preparar el siguiente capítulo.
En su libro de 2006, A paso de cangrejo, el semiólogo italiano reflexiona acerca de lo que denominó como populismo mediático. Es decir, el uso de la provocación política, del espectáculo, y de la capacidad de dominar la conversación pública por parte de un líder en cuestión, a fin de desplazar asuntos que le resultan incómodos y alterar así las prioridades de la ciudadanía. Dominar la agenda de la conversación pública.
Por estos días en España nadie parece recordar los escándalos de corrupción e investigaciones judiciales que han salpicado al entorno personal del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, a sus otrora más cercanos colaboradores, así como a su partido, incluyendo a su antecesor y aliado, José Luis Rodríguez Zapatero.
Un gobernante audaz
Tampoco, por supuesto, sus drásticos cambios de posición política, inconsecuencias, inverosímiles alianzas parlamentarias y pugna contra los jueces. La crisis de Ceuta lo tapó todo. Y cuando parecía que esto último lo arrastraría de manera definitiva a la debacle, emergió toda una diatriba en torno a la crisis de la vivienda. Ceuta desapareció de los titulares, y, por supuesto, los presuntos delitos de tráfico de influencias y cobro de comisiones ilegales, parecen haber quedado aparcados en la prehistoria.
Sánchez, evidentemente no provocó el asalto masivo de jóvenes marroquíes a la ciudad de Ceuta, y tampoco estuvo detrás del desahucio en pleno centro de Madrid de una señora de 87 años. Pero no cabe duda que esos sucesos los ha sabido aprovechar a fin de evadir su propia responsabilidad como gobernante. En vez de darles una respuesta eficaz, se dedicó a lanzar más leña a la hoguera. Que esto le sirva para continuar habitando en el Palacio de la Moncloa, es algo que está por verse.
Por los momentos, el líder socialista no se ocupa de los problemas de gestión; está enfrascado en una batalla política.
La vivienda constituye el mejor ejemplo. España arrastra una crisis de acceso al alquiler y a la propiedad que afecta especialmente a los jóvenes y a los hogares con menores ingresos, que a lo largo de los ocho años del gobierno de Sánchez se ha agravado. El crecimiento de la demanda, la insuficiencia de la oferta y el encarecimiento de los precios son problemas reales que no desaparecen por mucho que los partidos discutan sobre quién tiene la culpa.
Sin embargo, Sánchez, de manera audaz, incluso desfachatada, ha situado el tema en el centro de su discurso, presentando nuevas medidas de protección de los inquilinos. La cuestión la ha convertido en una oportunidad para reorganizar la confrontación electoral. El Ejecutivo se presenta como defensor de los ciudadanos frente a los intereses económicos y a una oposición a la que atribuye el bloqueo de sus propuestas.
Ahora, las elecciones
Con esa bandera, Sánchez anunció el adelanto electoral para el 29 de noviembre, después de los reveses parlamentarios sufridos por sus medidas. Dos días después, UGT y CCOO confirmaron su participación en la huelga general convocada para el 11 de noviembre, impulsada por organizaciones vinculadas a la lucha por el derecho a la vivienda. La proximidad entre la protesta y las elecciones convierte la cuestión habitacional en uno de los principales escenarios de la confrontación electoral. Es decir, en tomar el control de la agenda. Que se hable de lo que yo quiero.
¿Significa esto que la crisis de la vivienda ha sido inventada o que los sindicatos actúan por instrucciones de Sánchez? No. La protesta tiene causas sociales identificables y las centrales sindicales sostienen que su convocatoria responde a una emergencia que afecta a trabajadores, jubilados y estudiantes. Lo políticamente relevante es que una reivindicación legítima puede producir efectos electorales y ser incorporada al relato partidista.
La diferencia entre una demanda social y su aprovechamiento partidista no siempre es fácil de establecer. Después de todo, la política consiste, en buena medida, en disputar la interpretación de los problemas. La cuestión es si esa disputa permite examinar las responsabilidades de todos los actores o si termina convirtiendo cualquier crítica al Gobierno en una defensa de los intereses que este denuncia.
La operación tiene una ventaja comunicativa evidente. Una discusión compleja sobre la oferta de vivienda, la regulación de los alquileres, las competencias autonómicas y municipales o la eficacia de las políticas públicas se transforma en una disyuntiva moral; de un lado, quienes protegen a la gente; del otro, quienes defienden privilegios.
El truco populista
El teórico argentino Ernesto Laclau explicó cómo demandas sociales distintas pueden articularse en una identidad colectiva enfrentada a un poder presentado como responsable de frustrarlas. Podemos popularizó en España esa lógica mediante la oposición entre el pueblo y la casta. Aunque en 2016 el mismo Sánchez advirtió públicamente la intención por parte de Pablo Iglesias y su grupo de copar las palancas claves del Estado, usando como excusa la necesidad de reestablecer ciertos derechos sociales lesionados por los años de la crisis económica que empezó en 2009, su discurso ha terminado empleando mecanismos semejantes, cuando contrapone una mayoría social progresista a las élites económicas y a una derecha presentada como amenaza.
Ante la amenaza electoral por parte de los dirigentes de Podemos de darle el sorpasso al PSOE, Sánchez no optó por competir con ellos, hizo algo más audaz: les copió la estrategia.
El problema no es que los partidos formulen alternativas ideológicas. Es que el antagonismo puede terminar sustituyendo el examen de los resultados. En esto consiste el truco del populismo. Si el Gobierno no consigue resolver una crisis, siempre puede argumentar que sus adversarios le impidieron hacerlo. La responsabilidad de gobernar queda así parcialmente desplazada por la narración de una lucha contra quienes supuestamente no dejan gobernar.
La fórmula
La declaración oficial de Sánchez al convocar las elecciones anticipadas es especialmente reveladora. No hace falta atribuirle intenciones ocultas, basta con examinar sus propias palabras.
En ella, contrapone su Gobierno progresista a unas élites económicas y sociales que, afirma, quieren controlar el país; califica a la oposición como la peor que ha conocido la democracia española, y plantea la elección como una disyuntiva entre avanzar hacia la justicia social o retroceder bajo una coalición de ultraderecha.
El discurso contiene cuatro recursos reconocibles: Personalización; Sánchez se presenta como el conductor de un proyecto de transformación nacional; el antagonismo; contrapone la mayoría social a las élites y a la oposición; la dramatización electoral, la alternancia se describe como un posible retroceso en derechos y libertades; y la apelación directa, al interpelar a los ciudadanos para que decidan qué futuro quieren y se movilicen en torno a su proyecto.
Esto es algo que los dirigentes de Podemos descubrieron en ese territorio de experimentos humanos que ha sido América Latina. En una ocasión Pablo Iglesias lo admitió: “Para nosotros ha sido un laboratorio político”.
Sánchez, insistimos, ha copiado la fórmula. Así que, de un tiempo a esta parte, incurre en lo que criticó y, de paso, se presta a una agenda cuyos fines son muy distintos a los que ha representado el PSOE durante los cuarenta años de democracia en España.
@Pedrobenitezf
