En el actual contexto venezolano, destaca la presencia y confrontación real y simbólica de tres mujeres. De una parte, Delcy Rodríguez, responsable interina del gobierno nacional, luego de la extracción del poder de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos; De otra parte, la líder de la Plataforma Unitaria de la oposición democrática María Corina Machado, ganadora inhabilitada de las elecciones primarias realizadas en 2023 y Premio Nobel de la Paz 2026, y más recientemente, Dinorah Figuera representante de la Asamblea Nacional del año 2015, quien se incorporó el 6-8-2026, a la mesa de diálogo entre miembros del gobierno y de la oposición venezolana.
Estas tres mujeres utilizan estereotipos y descalificaciones mutuas que agudizan la polarización, la diferenciación con el “«otro enemigo”, la desconfianza y hostilidad, las cuales se suman al desapego, indiferencia, dependencia, falta de autonomía y desconfianza características de las relaciones sociales en situaciones de conflicto, actitudes que junto a la desinformación y la mentira construyen una narrativa del conflicto que favorece la propaganda y la búsqueda de adhesión de amplios sectores nacionales, sin atender u ofrecer soluciones a sus urgentes necesidades de empleo, salud y educación
Por otra parte, la Emergencia Humanitaria Compleja, la crisis migratoria, el extendido proceso hiperinflacionario, la dolarización forzada y las consecuencias de distintas formas de violencia, graves violaciones a los derechos humanos, la erosión del Estado de derecho e irrespeto a la constitución y las leyes. por parte de un régimen autoritario con más de dos décadas en el poder reflejan un “país al garete”, a la deriva, que no encuentra rumbo, en una situación de caos y abandono, sumido en la inestabilidad económica, política y social, mientras sectores mayoritarios de la población venezolana enfrentan la pobreza, bajos salarios y abandono gubernamental; condiciones de conflictividad sostenida que afectan la subjetividad individual y colectiva, generando efectos destructivos y la deshumanización, «trauma psicosocial» que a juicio de Ignacio Martin Baró, jesuita salvadoreño asesinado la madrugada del 16 de noviembre de 1989 en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) , genera también un impacto diferenciado en distintos grupos sociales, cuyo efecto más prolongado es la adaptación a la violencia y pérdida de la esperanza.
Igualmente, en este dramático escenario de desamparo ciudadano y autoritarismo gubernamental se observan prácticas culturales y políticas de la ‘viveza criolla” que han favorecido altos niveles de corrupción en funcionarios y ciudadanos venezolanos y extranjeros, mientras las autoridades evitan el antagonismo abierto para sacar partido de la situación, posponer o limitar deliberadamente EL llamado a elecciones presidenciales que permita a la ciudadanía construir colectivamente una transición democrática en el país, invitación y compromiso que se une al clamor colectivo en Venezuela: cuidar la esperanza, sanar heridas individuales y colectivas, hacer justicia, convivir juntos en paz y democracia.
Los intentos de las autoridades nacionales y sus aliados internacionales por liquidar a la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela (MIIDHV) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), han fracasado nuevamente. La instancia, integrada por la portuguesa Marta Valiñas, el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá Valdez, ha visto extendido su mandato hasta 2026, para que así «pueda seguir investigando las violaciones manifiestas a los derechos humanos» con «el objetivo de combatir la impunidad y asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas».
La primera resolución histórica (S/RES/1325) del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad aborda el impacto de la guerra en las mujeres y la importancia de su participación plena e igualitaria en la resolución de conflictos, la construcción y mantenimiento de la paz, la respuesta humanitaria, la reconstrucción y los procesos de transición posconflicto. También plantea medidas especiales para proteger a las mujeres y niñas de la violencia sexual relacionada con los conflictos y define las responsabilidades relacionadas con la perspectiva de género de las Naciones Unidas en diferentes áreas políticas y programáticas.
Docente – Investigadora – Universidad Central de Venezuela
