A nadie debe asombrar la profunda y largamente sostenida irresponsabilidad gubernamental de todo el presente siglo respecto a la universidad, sobre todo en lo concerniente a la autonomía convertida en una bandera histórica tan traicionada como la del precio barato de la gasolina. Y no es casual la pretensión de una reforma de la ley de universidades encaminada a neutralizar u obstruir la transición democrática, por cierto, eludida como proceso, en el marco de una ya consabida “técnica” legislativa: aparentemente ausente el debido proyecto creyendo estúpidos a los destinatarios, sorpresivamente aparecerá y se impondrá en nombre de una constituyente tan universitaria como ha sido y aún lo es la laboral, con la misma gente que ha prestado y presta su nombre para la vulgar maniobra.
Gobernar no es anunciar que se va a hacer lo que simplemente no se hizo en casi tres décadas, como si no fuese suficientemente clara e inequívoca la normativa constitucional y legal vigente, por lo que la reforma constituye un pretexto para eludir la transición política como proceso, intentando torpedearla. El deliberadamente crónico déficit financiero del aula superior y, además, civil en Venezuela; la desalarización y la precariedad de los ingresos reales del profesor universitario, que lo empujan a abandonar las aulas, incluso, porque no puede costear el transporte; la deserción estudiantil, la precariedad de la planta física, la vandalización de las casas de estudio y la pérdida sistemática de oportunidades académicas pudieron afrontarse con el ordenamiento jurídico vigente: vale decir, gobernando y, como no se hizo, los problemas alcanzan ahora tal gravedad que peligra la noción misma de universidad en Venezuela
A modo de ilustración, el debate inmediato que hoy está planteado para el sector universitario va en dos direcciones: por una parte, según lo establecido por la Constitución y las leyes en la materia, introducido el correspondiente proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2027, en fecha reciente, es necesario sincerarlo y revelarlo en toda su amplitud pública como no se ha hecho en los últimos años, propiciando la discusión, lo que fuerza a hacer y compartir un diagnóstico honesto de la realidad del sector, concebir y acertar con el financiamiento de una consensuada política pública, específica y concreta, en lugar de improvisar con la citada reforma legal como si se tratara de alcanzar una fórmula alquímica. Por la otra, la persistencia y agudización de los problemas comprometen inexorablemente la gobernabilidad y la gobernanza (G&G) universitarias, en sintonía con la crisis del país. De ahí que la transición democrática se plantee como la posibilidad de un proceso pacífico e histórico de cambio político.
Valga el ejemplo, el mismo día que sesionó y decidió el Consejo Nacional de Universidades la discusión de la reforma en cuestión, debió adoptar una decisión que esperó la comunidad de la Universidad Simón Bolívar, cuyas autoridades interventoras ostentan un pésimo desempeño de cinco años consecutivos aun cuando debieron convocar a elecciones rectorales en 180 días contados a partir de su nombramiento; las autoridades interventoras no fueron reemplazadas ni siquiera por otros profesores de la órbita oficialista, lo que habría permitido – al menos – presentar la decisión como una señal de humilde rectificación y una muestra de destreza política que solemos extrañar. Acotemos la circunstancia, la ministro de Educación Universitaria simultáneamente pertenece a la élite gobernante que se sienta en la mesa de diálogo o negociación que la presumimos orientada a resolver el generalizado, presente y futuro problema de G&G.
El esfuerzo por controlar políticamente todas nuestras casas de estudios, a la postre se tradujo en una mayor incapacidad política para procesar los conflictos, tomar decisiones, ejecutar políticas, alcanzar la legitimidad y la estabilidad tan indispensables. La represión y la violencia de Estado no han sido la solución correcta, careciendo de pautas para la distribución de responsabilidades, la participación de las comunidades universitarias, la transparencia, la rendición de cuentas, y teniendo por regla, procedimiento y relación las decisiones arbitrarias, sumada su negligencia manifiesta, que le hizo perder capacidad infraestructural.
Luego de permitir que las condiciones materiales, académicas e institucionales llegasen al quizá peor nivel histórico en nuestro país, aunque la presente centuria reportó una de sus más visibles bonanzas petroleras, el gobierno no puede presentarse ahora como el impecable y ejemplar reformador que fracasó con el Estado Comunal y el inolvidable propósito de una universidad tanto o más comunal. Fracaso que no es imputable al peregrino alegato de las sanciones internacionales como causal, comprensible únicamente a la luz de una propaganda de extemporáneo cuño leninista.
Aceptemos, nos encontramos en un período excepcional de la vida republicana que no debe perder de vista el aula venezolana gracias al no-proyecto para una sí-ley de universidades. Convengamos, la G&G durante la transición y, luego, con su consolidación, es la que contribuirá a salvar la universidad venezolana, evitándole las más ociosas tempestades.
