Hoy, y especialmente después del 3 de enero, somos un “enclave colonial norteamericano” (o colonia, o protectorado, o dictadura tutelada, factoría, etc., luego discutimos esos importantes refinamientos conceptuales). Por eso es decisivo evaluar los posibles escenarios políticos en los Estados Unidos, incluso las profecías de guerra civil, las tendencias de declinación de su dominación mundial, las diferentes naciones, tradiciones religiosas, culturales y políticas, que conviven y se confrontan en el territorio estadounidense.
Un relato justificador, delirante como un cuento de Philip K. Dick, que surgió casi al mismo tiempo de la formulación del “pragmatismo chavista” (debido al “filósofo” Ameliach), argumentaba la necesidad de soltarlo todo (el petróleo, las minas, los minerales ¿incluso los hoy llamados “extraditables”?) para sostenerse en los cargos, en el control de los aparatos represivos, las tropas y la burocracia, porque Trump inevitablemente pasará, y no el chavismo, y éste, después de Trump, podría, “manteniéndose en el poder” (ya sabemos; el poder-joder) avanzar al fin hacia el socialismo.
Por supuesto, eso es un chiste loco, un delirio o una manipulación que cualquiera con tres dedos de frente, o menos, logra desenmascarar. También evidencia una ignorancia profunda acerca de lo que le puede dar persistencia a una tendencia política o a los intereses mismos del imperialismo norteamericano, los cuales, según las ciencias sociales y no solo el marxismo, son cuestiones estructurales.
Obvio: Trump no es toda EEUU. El tipo tiene límites temporales, políticos y militares; también, incluso fisiológicos. Irán lo está demostrando. Las peculiaridades de la estrategia y las tácticas trumpianas también se evidencian en la política hacia Rusia a propósito de Ucrania. El hombre prácticamente traicionó a Zelensky, llegó a un acuerdo con Putin sobre el diesel y ha dejado a los europeos en un aprieto grandísimo. Además, se está produciendo un cambio conceptual en los medios académicos geopolíticos acerca de la multipolaridad y el multicentrismo (ver anterior artículo). Pero, como una vez advirtió Mires, hay una institucionalidad democrática en los EEUU, con la que Trump se siente muy incómodo, la cual establece condiciones y límites. Es más, en esa larga historia de las relaciones entre el imperialismo norteamericano y América Latina, ha habido diferentes políticas hacia la región, debidas a enfoques diferentes, unos más basados en la ley de Trasímaco del más fuerte (invasiones, golpes de estado, intervenciones), otras basadas en la noción del “buen vecino” o una presunta “alianza para el progreso”.
Se suele tener una visión simplista, muy general y rígida del imperialismo norteamericano. Se aplican mecánicamente los análisis de principios de siglo XX, debidos a Lenin, quien, a su vez, se apoyó en Hobson, Hilferding, Rosa Luxemburgo, incluso Bujarin (a quien Stalin luego ejecutó). A los militantes de izquierda se nos educó en la idea obsesiva de lo malo que es el imperialismo, casi nada más. Por supuesto, hay una larga historia de casi doscientos años de intervenciones nefastas de EEUU en América Latina y todo el mundo. Pero, por conveniencia soviética, se dijo que el norteamericano era el único imperialismo, al mismo tiempo de que se le hizo equivaler a todos los imperialismos que ha habido desde, por lo menos, finales del siglo XIX. Para hacer peor el error conceptual, se confundió imperialismo con colonialismo, que no es lo mismo, aunque se le parece mucho. Hoy, todavía hay que explicar a muchos militantes de izquierda que Rusia y China, no solo son países capitalistas, sino también imperialistas en general, aunque cada uno con su política y estrategia específicas. Otro vacío en la formación del militante izquierdista latinoamericano es acerca de la izquierda en EEUU en diferentes momentos de su historia, y poco se sabe, en general, de la izquierda americana actual.
Por eso es bueno advertir que en la política estadounidense, el Congreso ejerce un contrapeso decisivo a través de dos potestades fundamentales: el poder de la chequera (power of the purse) y la capacidad de fiscalización e investigación (oversight authority). Esta es una condición significativa para la política exterior norteamericana, cuya conducción, claro, corresponde exclusivamente al Presidente de la República. Por otra parte, el parlamento tiene las clásicas atribuciones de todo Poder Legislativo en una República: producir leyes. Es bueno advertirlo en este país e, incluso, en un continente donde, a fuerza de “poderes extraordinarios” y “situaciones de emergencia”, el Ejecutivo legisla a cada rato.
Se pude decir que el impacto de las elecciones de mitad de período (midterms) del 3 de noviembre de 2026 representa el gran factor de vulnerabilidad para el engranaje político-petrolero articulado entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Delcy, Jorge y ¿Diosdado? Cabe anotar el hecho de que, en casi todas las elecciones de medio término, ha perdido el partido de gobierno. Si el Partido Demócrata logra recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes y/o en el Senado, la lógica transaccional de la Casa Blanca enfrentará un obstáculo institucional inmediato. Un Congreso bajo control opositor comenzaría a auditar las licencias especiales emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El Departamento del Tesoro tendría que justificar ante comités legislativos el alcance regulatorio y fiscal concedido a la arquitectura corporativa involucrada en el gran acuerdo de 25 años. El escrutinio constante aumentaría el “riesgo reputacional y regulatorio” para las multinacionales petroleras y fondos de inversión participantes, ralentizando la ejecución de capitales ante el temor a futuras sanciones o revocatorias de licencias en un eventual cambio presidencial en 2028. Por cierto, aquí se juegan las aspiraciones de Marco Rubio y J.D. Vance (y, tal vez, un familiar de Trump) para ser el próximo postulado republicano para las elecciones presidenciales de 2028.
El mayor riesgo para los sectores beneficiados en Caracas y sus socios locales radica en la apertura de comités formales de investigación (House Oversight Committee, Senate Foreign Relations Committee), mediante auditorías a las licencias OFAC. Puede haber citaciones Obligatorias para investigar la irrupción de la “Boliburguesía” en la política norteamericana (ejemplo actual: Alejandro Betancourt). También se pueden revisar las exenciones tributarias, pedir declaraciones a ejecutivos petroleros. Hacer la trazabilidad de fondos en EE. UU, así como el control sobre regalías y pago en crudo, especialmente cuando los beneficios de la venta del petróleo venezolano son hoy administrados por el Tesoro norteamericano. Igual puede haber una exigencia de contratos no divulgados. Esto podría contribuir al desmantelamiento de la red de compadres que ya se sospecha a propósito del manejo del “botín venezolano”, como lo indican las iniciativas de los congresistas demócratas actuales: los representantes Joaquin Castro y Sean Casten, los senadores Chris Van Hollen, Tim Kaine, Ron Wyden, Elizabeth Warren y Sheldon Whitehouse, quienes están exigiendo conocer la cuentas financieras involucradas, las comisiones cobradas, los pagos autorizados y la falta de balances públicos sobre miles de millones de dólares provenientes de la venta de hidrocarburos y activos venezolanos.
Una mayoría demócrata en los comités impulsaría la citación obligatoria de altos funcionarios del Gabinete norteamericano y ejecutivos del sector energético para que testifiquen bajo juramento y entreguen la letra pequeña de los contratos firmados con la administración de Delcy Rodríguez. Las investigaciones del Congreso suelen trabajar en coordinación con el Departamento de Justicia y agencias como FinCEN. Esto abriría la puerta a desmantelar las redes de intermediación de la burguesía bolivariana que operan bajo estructuras opacas o empresas fachada para legitimar capitales en el mercado estadounidense. La investigación parlamentaria podría cortar de raíz cualquier intento de asimilar a viejos y nuevos actores cleptocráticos en un esquema de “capitalismo de compadres”. La denuncia pública de sobreprecios, desvío de regalías y comisiones minaría la narrativa gubernamental de que el acuerdo garantiza la “estabilidad energética global”.
En Venezuela, el resultado de las midterms reconfiguraría directamente los cálculos de las partes en la mesa de negociación venezolana. Pudiera ser una presión sobre el “chavismo pragmático” para la búsqueda de esquemas de legitimidad institucional genuina dentro de Venezuela (garantías constitucionales y respeto a derechos políticos) en lugar de depender únicamente de la protección geopolítica de la Casa Blanca. Es posible que influya en las negociaciones teledirigidas entre el régimen tutelado y la AN 2015. La fiscalización externa brindaría un punto de apoyo para exigir transparencia petrolera en el debate nacional, conectando la lucha por la justicia financiera con la restitución de la soberanía popular expresada el 28 de julio.
Todo esto es hipotético. La clave sigue siendo la movilización del pueblo venezolano.
