El caso de la señora Maricarmen Abascal, que acaba de tener lugar en España, incluyendo el dramático desenlace del fallecimiento de la protagonista, se presta especialmente para la reflexión desde el punto de vista jurídico, político y hasta religioso.
Doña Maricarmen, una anciana de ochenta y siete años, de recursos económicos apenas suficientes, no pudo satisfacer el aumento del canon de arrendamiento de la vivienda madrileña en la que había vivido nada menos que los últimos setenta años de su vida.
Ante esa situación, el propietario del inmueble, una empresa inmobiliaria dedicada a la inversión en pisos (como llaman en España a los apartamentos), hizo uso de su derecho a reclamar el desalojo de la vivienda y, luego de las múltiples diligencias y demoras requeridas por una demanda judicial, finalmente llegó la hora de la decisión firme, ordenando el desalojo, el cual tuvo lugar hace pocas semanas. Como ha sido reseñado en toda la prensa, ello dio lugar a masivas movilizaciones populares de rechazo, alegando la injusticia que producía el cumplimiento a rajatabla de la normativa sobre la materia, que más bien contribuyó a poner de relieve la crisis de la vivienda que afecta a España. Ello ha dado lugar a encontradas interpretaciones.
España es una democracia en la que el Estado de derecho es una realidad por la cual la actuación judicial, ordenando el desahucio, se corresponde con la legislación vigente, toda vez que Maricarmen estaba cancelando un canon bastante reducido por haber sido contratado muchos años atrás.
En muchos países de Europa, la accesibilidad a una vivienda es un problema social y político de primera magnitud que ha venido resolviéndose en todas partes en perjuicio de los propietarios, a través de la prohibición o dificultad del reajuste del canon.
Así planteado el caso, resultaría natural solicitar el desalojo tal como lo hizo y logró el propietario. Sin embargo, la situación social y económica que afecta al país, y especialmente a sus habitantes más vulnerables, impone soluciones que vuelven políticamente impracticable la aplicación a rajatabla de la ley, especialmente como en el caso que comentamos, lo cual da lugar a una aguda y muy difícil realidad. Desde la perspectiva de los inversionistas, se desincentiva la disponibilidad de viviendas, lo cual revierte en la dificultad de priorizar el huevo o la gallina.
El estamento político en casi todas partes privilegia a los inquilinos y no a los propietarios, toda vez que los primeros son mucho más numerosos que los últimos.
Visto así el dilema, resulta bastante comprensible que un caso tan emblemático haya movilizado a la opinión pública en multitudinario apoyo a los inquilinos, tanto más cuanto el propietario en este caso no es una persona, sino una empresa comercial cuyo rubro de actividad es invertir en apartamentos para renta.
El dilema, en nuestra opinión, excede el puro marco normativo y da lugar a consideraciones morales y hasta religiosas.
El cristianismo, ampliamente extendido en nuestra civilización, ya dio la pauta con la publicación de la doctrina social de la Iglesia católica, expresada en la histórica encíclica Rerum novarum, expedida por el papa León XIII en 1891, en la que el dilema presenta un enfoque social que propone que se tenga en cuenta la realidad en la formulación de las decisiones. Ese enfoque fue y sigue siendo el centro de la interpretación cristiana, que además se ha convertido en axioma en nuestra civilización.
Así pues, el desahucio de Maricarmen, que puede cumplir con la normativa vigente, no satisface el umbral ético y religioso deseable en nuestra valoración.
En el derecho romano existía el principio de summum ius, summa iniuria, cuya síntesis pretende armonizar la interpretación legal con el principio más trascendente de la justicia. El margen de maniobra entre estos extremos es suficientemente amplio como para convertirlo en objeto de opinabilidad. ¿Queremos el derecho o la justicia? ¿Son siempre compatibles?
Ahora resulta que este dilema, trasladado a la política española, ha dado lugar a que el partido de gobierno, el PSOE, haya decidido proponer dos reales decretos-leyes —el primero 26/2026 y el segundo 27/2026—, cuyo objeto es el anuncio de una flexibilización en la legislación vigente a fin de dar un tiempo para la puesta en marcha de una solución más o menos permanente.
Sin embargo, la polémica partidista y los enconos existentes en la España de hoy han resultado en que los partidos políticos de oposición (el Partido Popular de Núñez Feijóo y Vox de Santiago Abascal y sus socios) se hayan puesto de acuerdo para rechazar los decretos-leyes propuestos, que seguramente darían un respiro al actual gobierno, acosado por todos los frentes.
Así que ahora resulta que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recoge la bandera de los buenos y hará de su original propuesta la consigna de campaña para las elecciones anticipadas —que, con buen tino para él, acaba ya de convocar para el venidero 29 de noviembre—, mientras que el PP y Vox serían los malos que se opusieron a una medida que ciertamente lucía popular. Planificado o no, fue un bumerán, aunque solo sirva para correr la arruga de un problema que agobia a buena parte del mundo.
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