Venezuela vuelve a estar en primera plana, pero la verdadera noticia no debería ser solamente quién gobierna, quién cae o quién ocupa el poder, la pregunta que debería ocuparnos a todos es mucho más profunda.
En un Estado de derecho, la justicia debería tener una frontera clara: la ley, el debido proceso, la dignidad humana y el respeto a los derechos fundamentales. Una condena no puede convertirse en una herramienta de castigo político ni en una sentencia eterna dictada por intereses ajenos a la verdad.
Venezuela ha vivido durante años una realidad en la que las denuncias de detenciones arbitrarias, procesos cuestionados y falta de independencia judicial han sido una constante. Organismos internacionales han advertido precisamente sobre estos problemas y han reclamado que el sistema judicial recupere su independencia.
Aquí aparece una contradicción que no podemos ignorar.
¿De qué sirve hablar de justicia, si el ciudadano no puede confiar en quien la administra?
La justicia no puede ser selectiva. No puede ser implacable con unos y complaciente con otros. No puede cambiar sus principios dependiendo de quién esté sentado en el poder, porque cuando la ley deja de ser un límite para convertirse en un instrumento de poder, deja de existir la justicia y comienza la arbitrariedad.
Las recientes noticias sobre Venezuela vuelven a poner este dilema frente a nuestros ojos. Mientras se anuncian excarcelaciones, también continúan apareciendo casos de personas condenadas o que permanecen privadas de libertad en circunstancias denunciadas como arbitrarias.
Entonces surge otra pregunta incómoda:
¿Quién condena a quienes utilizan la justicia para condenar sin garantías?
Una democracia no se mide solamente por la existencia de tribunales, jueces y leyes escritas. Se mide por la capacidad de esas instituciones para actuar con independencia, incluso cuando deben enfrentarse al poder.
La justicia debe castigar al que delinque, sí, pero también debe proteger al inocente. Debe investigar, escuchar, demostrar y juzgar, pero, sobre todo, debe tener límites.
Cuando una condena se convierte en una forma de silenciar, intimidar o destruir al adversario, ya no estamos hablando únicamente de Derecho. Estamos hablando del uso del poder.
Venezuela nos obliga a mirar esta realidad de frente y no solamente por Venezuela, porque mañana puede ser otro país. Otro gobierno. Otra ideología. Otro ciudadano.
La justicia que hoy aceptamos que se utilice contra el otro puede ser la misma justicia que mañana se vuelva contra nosotros.
Por eso la pregunta no debería ser solamente cuánto puede castigar la justicia.
La pregunta verdadera es:
¿Cuánto poder estamos dispuestos a entregarle a una justicia sin límites?
Cuando la justicia pierde sus límites, pierde también su razón de existir y cuando un pueblo deja de creer en la justicia, lo que se rompe no es solamente un tribunal.
Se rompe la confianza en el Estado, en la democracia y, finalmente, en la propia sociedad.
