Cada semana parecen mil en Brasil. A menos de 20 días de la primera vuelta de las elecciones, la democracia brasileña se desmorona. En sondeos recientes, el candidato de extrema derecha, Flávio Bolsonaro, ha superado en número de votos en la segunda vuelta al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Como el margen de error suele ser de dos puntos porcentuales, hay un empate técnico, pero Bolsonaro es quien presenta una tendencia al alza en este momento. No obstante, esa sirena de alarma no es lo peor. Lo peor es que la Corte Suprema de Brasil, la institución que frenó parte de las atrocidades de Jair Bolsonaro —padre del actual candidato— cuando era presidente y que más tarde lo enviaría a prisión por intento de golpe de Estado, al igual que ha frenado parte de las atrocidades del actual Congreso, compuesto en su mayoría por depredadores, atraviesa la mayor crisis de su historia. En el centro del colapso hay un banquero, Daniel Vorcaro, investigado por lo que posiblemente pase a la historia como el mayor fraude del sistema financiero de Brasil.
Su banco, el Master, solo existió porque Jair Bolsonaro fue presidente. Daniel Vorcaro lo intentó primero con Michel Temer, el vicepresidente golpista que llegó al poder tras apoyar la destitución de Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, en 2016. Ni siquiera el banco central de Temer lo permitió. Pero el de Jair Bolsonaro, sí. Y el banco central de Lula, en el actual Gobierno, lo liquidó. Daniel Vorcaro corrompió a la derecha, al centro y a la izquierda. Pero, hasta ahora, todas las investigaciones apuntan a que corrompió mucho, pero mucho más a la derecha.
De los dos candidatos con posibilidades de ganar las próximas elecciones, hasta el momento no hay ningún indicio de que Lula esté implicado en el escándalo del Banco Master, pero sí hay grabaciones comprometedoras y muchas pruebas de la implicación de Flávio Bolsonaro. Sin embargo, a pesar de todas las pruebas, es la imagen de Lula la que se ha desgastado más desde que se hizo público un intercambio de mensajes con niveles altísimos de corrupción entre Vorcaro y un interlocutor que posiblemente sea el magistrado del Supremo Alexandre de Moraes. En la conversación, Vorcaro, que ya había firmado un contrato de unos 25 millones de dólares con el bufete de la esposa del juez, se atreve incluso a preguntarle si ha llegado el momento de marcharse de Brasil para no ser detenido.
Alexandre de Moraes fue precisamente el ponente del proceso que condenó a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado y otros delitos y que, por primera vez en la historia de Brasil, condenó a generales golpistas. Se convirtió en una especie de héroe para el bando progresista, a pesar de tener un pasado un tanto nebuloso. También se convirtió en el enemigo número uno de los Bolsonaro y, por extensión, en blanco de la extrema derecha mundial. Donald Trump le aplicó la Ley Magnitsky en 2025 para imponer sanciones económicas y restricciones de visado, que posteriormente fueron revocadas gracias a la influencia de la diplomacia brasileña. Alexandre de Moraes, que fue nombrado miembro del Supremo por el presidente golpista Michel Temer y que durante su etapa como secretario de Seguridad Pública de São Paulo y ministro de Justicia tomó posiciones muy alejadas del ideario progresista, acabó siendo asociado con la izquierda. Y, así, en contra de los hechos, pero con mucha ayuda de las redes de extrema derecha, el escándalo ha recaído en parte sobre Lula.
Si el rumbo que están tomando las elecciones da miedo, lo que esto significa para la democracia brasileña da aún más miedo. Moraes no es el único magistrado del Supremo sobre el que pesan fuertes sospechas de estar implicado en el escándalo del Banco Master. Hay otro, Dias Toffoli, que Lula nombró durante su segundo mandato, pero que en los años siguientes se convertiría en aliado de Jair Bolsonaro. Quien ordenó levantar el secreto de la investigación de la Policía Federal que incluía los diálogos con Moraes fue otro magistrado, André Mendonça, designado por Jair Bolsonaro, que lo describía como “terriblemente evangélico” y lo tuvo como ministro de Justicia en su Gobierno. Si bien el pueblo brasileño tiene todo el derecho a saber qué se está investigando en los casos contra figuras públicas, el hecho de que Mendonça haya levantado el secreto de esta investigación concreta y no de otras permite sospechar que la orden tenía como objetivo influir en el resultado de las elecciones a favor del hijo de su exjefe.
En la capa que hay justo debajo de este escándalo se encuentra la pugna por quién controlará el Supremo a partir de 2027. El próximo presidente podrá nombrar a cuatro nuevos magistrados de la Corte. Si el Supremo se convierte en una institución controlada por un grupo político —y no en un tribunal que garantice la Constitución—, quedará muy poco, o incluso nada, de la democracia brasileña. En estas elecciones, la extrema derecha apuesta por ampliar su influencia en el Senado, la única institución que puede iniciar un proceso y juzgar a un magistrado del Supremo. Destituir a los magistrados que bloquean las decisiones inconstitucionales del Congreso es el sueño de la extrema derecha. Si el Supremo está controlado, ni siquiera eso será necesario.
La Corte Suprema brasileña tiene muchos problemas y necesita con urgencia una reforma y un código ético. Pero, aun así, fue la institución que frenó la corrosión acelerada de la democracia durante el Gobierno de Bolsonaro. Durante la pandemia de la covid-19, por ejemplo, obligó al Ejecutivo a elaborar un plan de emergencia para proteger a los indígenas de la propagación del virus. Bolsonaro había llegado incluso a denegar el acceso al agua potable a los pueblos originarios, entre otros horrores. El Supremo es también la institución que ha frenado al menos algunos de los repetidos abusos del Congreso durante el Gobierno de Lula, que no cuenta con mayoría ni en la Cámara de los Diputados ni en el Senado.
El actual presidente del Supremo, el magistrado Edson Fachin, conocido por su rectitud, se esfuerza por salvar al tribunal. Esta semana y la próxima son decisivas para la democracia brasileña. Si fracasa la lucha por rescatar al máximo órgano judicial, hay dos escenarios más probables en Brasil. El primero es horroroso: Lula gana las elecciones, pero el Congreso sigue dominado por las fuerzas de la destrucción y el Supremo está demasiado debilitado y desmoralizado para frenar los excesos y las inconstitucionalidades. El segundo es catastrófico: Flávio Bolsonaro gana, cuenta con mayoría en el Congreso —que sigue dominado por las fuerzas de la destrucción— y el Supremo queda controlado políticamente por magistrados comprometidos con la extrema derecha. La segunda situación es peor que la primera, pero en ambos casos la democracia en Brasil será poco o nada más que una fachada.
Solo hay una salida para que Brasil siga siendo una democracia real, aunque imperfecta: salvar al Supremo, reelegir a Lula y promover, mediante el voto, una renovación de carácter progresista en el Congreso. La última de estas tres acciones es bastante improbable; las otras dos están en grave riesgo. Todo dependerá de las próximas semanas. Angustia es ahora el nombre que define los días de cualquier brasileño capaz de comprender lo que este momento representa. También debería ser una señal de máxima alerta para el mundo.
Traducción de Meritxell Almarza.
