Si el acusado es inocente , pero no me soborna igualito va preso.
Si la justicia no funciona, no hay democracia ni Estado de derecho. Pere Bonnín, Los pobres jueces de la democracia (1985).
Sinopsis: A partir de la célebre metáfora del periodista español Pere Bonnín, analizo la profunda metamorfosis del colapso judicial contemporáneo, donde la clásica corrupción institucional ha mutado hacia sofisticadas transacciones en divisas y criptoactivos. Desentraño cómo la ignorancia técnica, el error inexcusable y la irrupción de la tríada oscura de la personalidad —maquiavelismo, narcisismo y psicopatía— despojan al magistrado de su rol de director imparcial del debate procesal. Ante cortes y tribunales convertidos en mercados de prebendas y operadores desorientados en el cosmos del derecho, formulo un urgente llamado a la cirugía civil e institucional para rescatar la majestad de la justicia y la supervivencia del Estado de derecho.
La salud institucional de una nación se mide, de manera inequívoca, a través de la fortaleza y la pureza de sus cortes y tribunales. Cuando estructuras distintas al derecho comienzan a permear y contaminar las decisiones de los magistrados, el tejido social se desgarra irremediablemente, dejando a la ciudadanía en una total indefensión. Sin embargo, la herida se vuelve mortal cuando son los propios juzgadores quienes, desprovistos de toda mística y decoro, convierten los sagrados recintos de la ley en vulgares mercados de subastas al mejor postor.
La ciudadanía contempla con profunda desolación cómo los mecanismos diseñados para proteger su libertad se transforman en viles instrumentos de extorsión, donde los fallos se compran preferiblemente en cash, pero también mediante transferencias electrónicas, flujos opacos de dólares y depósitos en euros que fluyen hacia cuentas blindadas. Un sistema judicial que cede ante la ambición mercantilista deja de ser un árbitro imparcial para convertirse en un nido de corrupción activa. La confianza pública, que es el verdadero cimiento de cualquier ordenamiento republicano legítimo, se diluye en un mar de sospechas ante dictámenes espurios y conductas vergonzosas que deshonran la toga judicial.
El ejercicio de la judicatura en los tiempos modernos se enfrenta a un asedio constante que desnaturaliza por completo su esencia constitucional debido a la alarmante falta de ética profesional. La magistratura se encuentra atrapada en una ciénaga perversa donde la fidelidad a la rectitud ha sido sustituida por el descarado cobro de prebendas y transacciones financieras intangibles. La toga, ese símbolo histórico de solemnidad, equidad, decoro y distanciamiento mundano, cuya célebre metáfora de desgaste pertenece originalmente al pensamiento de Pere Bonnín, ha sido sometida a un proceso continuo de alteración. Cada sentencia transada al postor que domina con fajos de billetes o las finanzas digitales, cada tarifa oculta tasada en criptonitas o criptomonedas y cada chantaje procesal representan un parche forzado sobre el paño sagrado de la ley que ya no logra inspirar el más mínimo respeto. Con el paso de los años, estas intervenciones delictivas han dejado una prenda deshilachada que exhibe las costuras de la subordinación corporativa y la complacencia ante las fortunas globales, perdiendo toda su majestad protectora original.
Esta alarmante mercantilización en las cortes y tribunales no solo degrada la alta magistratura, sino que evidencia una pavorosa carencia de preparación técnica y estudio en quienes redactan los fallos. En entornos institucionales viciados, nos encontramos con un analfabetismo técnico pavoroso: funcionarios que están completamente vaciados de conocimiento jurídico y que demuestran una total incapacidad en la interpretación y aplicación de las leyes. No saben desentrañar el espíritu de una norma ni comprenden cuándo es jurídicamente viable aplicar la analogía y cuándo está taxativamente prohibida por afectar derechos fundamentales. El drama fundamental es que, en una sociedad civilizada, la regla inquebrantable debería ser contar con jueces honestos, probos, talentosos y con un dominio absoluto del principio iura novit curia; sin embargo, esa normalidad se ha invertido de manera trágica, convirtiendo la decencia en una escasísima excepción mientras que la ignorancia y la venalidad operan ahora como la regla general del sistema.
Bajo esta penosa realidad, el abogado litigante probo se lleva un chasco mayúsculo y una dolorosa decepción al acudir a las audiencias. El profesional del derecho asiste al tribunal creyendo con optimismo que entablará un debate de altura, pero en su lugar se topa con jueces y juezas desprovistos de todo talento que asumen posturas soberbias y andan con un desplante de superioridad, como si estuvieran sobrados en conocimiento. Para ocultar su vacío intelectual y su alarmante falta de ética, estos funcionarios fingen caras de sabios venerables, emulando al granuja Juan Peña, el tristemente célebre personaje de Pedro Emilio Coll en su obra El diente roto, quien permanecía en un silencio sepulcral simulando una profunda intelectualidad. Y lo que estaba era tocándose el diente roto con su lengua. Al igual que en aquel relato, la altiva simulación de estos juzgadores constituye una farsa absoluta, pues detrás de sus bocas cerradas solo se esconde el diente roto de la ignorancia y del desconocimiento, un resquicio vergonzoso por donde se cuelan el analfabetismo doctrinal y el deseo de tramar argucias para apoderarse del patrimonio en litigio.
La consecuencia directa de esta impostura es la presencia de juzgadores que actúan como verdaderos extraviados en el cosmos de la jurisprudencia, totalmente desorientados y ajenos a la realidad de las causas que manejan. Su desubicación técnica dentro de las cortes y tribunales los hace lucir tan perdidos en el espacio profundo como aquellos viajeros interestelares de la mítica pantalla chica protagonizada por Guy Williams, o tan trágicamente errantes y ciegos como el legendario Miguel Strogoff en las estepas siberianas, o incluso tan misteriosamente inaccesibles como el desaparecido hijo de Lindbergh. El peligro mayor radica en que estos operadores patológicos, muchas veces dominados por la tríada oscura de la personalidad —el maquiavelismo, la psicopatía y un narcisismo sádico que disfruta con el sufrimiento ajeno—, utilizan el poder del mazo penal para planificar trampas procesales, extorsionar y quedarse con una tajada en dinero del litigio, sin importarles en lo más mínimo destruir la sagrada libertad de un hombre. Algo así como en río revuelto ganancia de pescadores.
El rescate definitivo del Estado de derecho exige una profunda e impostergable cirugía institucional, pues la demoledora descripción de la prenda remendada nos advierte que estamos al borde del colapso democrático irreversible. No bastan las reformas superficiales ni los discursos retóricos bienintencionados; se requiere una depuración implacable que expulse a los extorsionadores, a los narcisistas clínicos , a los sádicos, a los psicópatas, a los maquiavélicos y a los ignorantes que manchan las salas de audiencia con su presencia. La sociedad civil, la academia y los gremios profesionales deben convertirse en vigilantes celosos de la probidad de quienes asumen la sagrada misión de administrar la equidad, proscribiendo el apetito desmedido por dólares y euros en cash, los bitcoins virtuales y las transacciones electrónicas fraudulentas. Solo recuperando la mística del servicio público genuino y extirpando la maldad psicológica de las cortes y tribunales se lograrán sanar las heridas de nuestra institucionalidad. El futuro de la República depende de nuestra capacidad colectiva para devolverle a la toga su virtuosismo original, despojándola de los harapos de la corrupción para que vuelva a cubrir, con orgullo y verdadera dignidad, el cuerpo entero de la nación.
La toga judicial tiene tanto remiendo que ya no cubre sus vergüenzas. Pere Bonnín, Los pobres jueces de la democracia (1985).
Profesor Universitario – Broadcaster
