Las negociaciones políticas no fracasan necesariamente porque las partes sean incapaces de llegar a acuerdos. Muchas fracasan mucho antes, cuando ni siquiera existe claridad sobre el objeto de la negociación. Si nadie puede responder con precisión qué se negocia, qué entrega cada actor y qué recibe a cambio, la mesa termina convertida en un ejercicio de administración de expectativas más que en un mecanismo para resolver un conflicto.
Esa parece ser, hasta ahora, la principal debilidad del nuevo proceso de conversaciones entre el gobierno representado por Delcy Rodríguez y la Asamblea Nacional electa en 2015. Los anuncios públicos hablan de institucionalidad, convivencia democrática, garantías, sistema electoral y reconstrucción nacional. Todo ello luce políticamente correcto. Sin embargo, continúa sin conocerse cuál es la secuencia concreta de compromisos, cuáles son las concesiones recíprocas y mediante qué mecanismos podrán verificarse los acuerdos que eventualmente se alcancen. Son interrogantes elementales para cualquier negociación política seria.
En Venezuela existe una marcada tendencia a sustituir el análisis por el deseo. Basta con que se anuncie una nueva mesa de conversaciones para que resurja el discurso sobre el inminente comienzo de una transición democrática. Pero la experiencia comparada demuestra exactamente lo contrario. Una transición no comienza porque dos adversarios decidan dialogar. Comienza cuando quienes detentan el poder empiezan a restituir, de forma verificable, las garantías y libertades que hacen posible la competencia política. Mientras ello no ocurra, existe una negociación; no necesariamente una transición.
La confusión no es inocua. Cuando el objeto de la negociación permanece deliberadamente ambiguo, cada actor llena ese vacío con sus propias expectativas. Unos imaginan elecciones inmediatas; otros, levantamiento de sanciones; algunos hablan de normalización institucional y otros de coexistencia política. Pero las negociaciones no prosperan sobre expectativas sino sobre intercambios concretos entre actores capaces de cumplir aquello que ofrecen.
La historia reciente ofrece suficientes razones para la cautela. Los distintos procesos de negociación desarrollados durante la última década produjeron acuerdos parciales en materias específicas, pero ninguno consiguió construir un marco político estable para resolver el conflicto venezolano. No porque conversar fuera un error, sino porque la distancia entre los objetivos declarados y los compromisos realmente asumidos terminó ampliándose hasta hacerlos incompatibles. Ese recorrido es verificable en los procesos de Santo Domingo, Barbados y México, cuyos avances quedaron condicionados por cambios en el entorno político y por desacuerdos sobre la ejecución de los compromisos públicamente anunciados.
Por eso el escenario más probable no parece ser un desenlace espectacular, ni positivo ni negativo. Lo más probable es la prolongación de un proceso caracterizado por acuerdos graduales, interpretaciones divergentes y avances limitados mientras no exista una definición precisa sobre el propósito de la negociación. La mesa continuará abierta porque todos los actores encuentran incentivos para permanecer en ella. Otra cosa muy distinta es que esa permanencia produzca, por sí misma, los cambios políticos que buena parte del país espera.
Las negociaciones son instrumentos, no resultados. Su utilidad depende menos de la fotografía de quienes se sientan alrededor de una mesa que de la claridad con la que definan el destino al que pretenden llegar. Cuando ese destino permanece difuso, la negociación corre el riesgo de convertirse, una vez más, en un fin en sí misma.
@humbertotweets
