La reconstrucción de nuestra nación no se negocia ni se posterga ante los caprichos de una tiranía en decadencia. La convocatoria a elecciones presidenciales legítimas es un mandato nacional e internacional impostergable. No hay espacio para falsas mesas de diálogo ni maniobras dilatorias que solo buscan prolongar la agonía de la república. La ruta electoral no es una concesión del poder, sino el instrumento de lucha innegociable de la ciudadanía.
El escenario actual es definitivo: transcurridos los 180 días constitucionales, la falta absoluta es un hecho jurídico y político irrebatible. Estamos ante un vacío institucional insostenible que obliga, de acuerdo con nuestra Carta Magna, a convocar de inmediato a un nuevo proceso electoral presidencial. Pretender ignorar este mandato es profundizar una usurpación que la inmensa mayoría de los venezolanos ya ha rechazado con absoluta firmeza.
Sabemos a qué nos enfrentamos: a un régimen fraudulento, ilegítimo y profundamente despreciado por la nación, cuya única estrategia es sembrar la desesperanza y fracturar la unidad ciudadana. Cada trampa institucional, cada inhabilitación y cada intento de secuestrar el arbitraje electoral no son demostraciones de fuerza; son el reflejo del pánico que le tienen a la voluntad popular. Su poder real se ha desvanecido; solo les queda el miedo a un pueblo decidido a cambiar su destino.
Frente a la maquinaria del fraude y la calamidad que sufre el país, la verdadera resistencia no está en las cúpulas, sino en la base. Son los propios vecinos quienes, con una dignidad admirable, demuestran día a día su capacidad de organización, solidaridad y autogestión ante la indolencia del Estado. Esa misma fuerza vecinal es la que hoy se articula en una red de contraloría ciudadana inquebrantable para defender el voto. La observación internacional es un derecho exigible, pero la defensa definitiva del futuro se sella con la presencia activa, vigilante y organizada del pueblo.
Ninguna maniobra dictatorial podrá contener la avalancha de una sociedad civil consciente, articulada y firme. La ruta hacia la reconstrucción total está trazada y el desenlace es inevitable: el rescate definitivo de la democracia y el retorno del poder a sus verdaderos dueños.
El Poder Ciudadano es la gente.
