Los medios de comunicación internacionales y las redes sociales presentan a diario episodios de violencia sexual, en todo el mundo, que ocasionan un irreparable sufrimiento y dejan profundas secuelas en las vidas de las personas afectadas, particularmente mujeres y menores.
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia sexual incluye: «violación en el matrimonio o en citas amorosas; violación por desconocidos o conocidos; insinuaciones sexuales no deseadas o acoso sexual (en la escuela, el lugar de trabajo, etc.); violación sistemática, esclavitud sexual y otras formas de violencia particularmente comunes en situaciones de conflicto armado (por ejemplo, fecundación forzada); abuso sexual de personas física o mentalmente discapacitadas; violación y abuso sexual de niños; y formas “tradicionales” de violencia sexual, como matrimonio o cohabitación forzados y “herencia de viuda”».
Alrededor de 840 millones de seres humanos han sufrido violencia física o sexual, en su mayor parte perpetrada por su pareja o por personas ajenas a sus entornos. De esta cifra, el 18,9 % de las mujeres y el 14,8 % de los varones la experimentaron, en primera persona, con menos de 18 años. Otro dato relevante es que el 92 % de las víctimas de estas agresiones deleznables cometidas en situaciones de conflictos armados son mujeres y niñas. Las regiones con más casos se encuentran en Oceanía (sin incluir a Australia y Nueva Zelanda), en Asia Central (38 %) y Meridional (18 %), en África Subsahariana (17 %), en África Septentrional y Asia Occidental (14 %), además de en Europa y América del Norte (5 %).
Especialmente azota a las mujeres que residen en zonas de conflicto, pues es un arma de guerra, de tortura de primer nivel, con especial incidencia, en la actualidad, en la República Democrática del Congo, Sudán, la República Centroafricana, Haití y Somalia. Asimismo, han sido detectados por parte de Naciones Unidas numerosos incidentes de violencia sexual cometidos por las fuerzas rusas en el conflicto con Ucrania, así como en la Franja de Gaza.
La situación es alarmante, a la par que ha producido una reducción drástica en la financiación de las agencias internacionales que se ocupan de esta oscura realidad. Sirva de ejemplo que, en Malí o Afganistán, se han cerrado más del 70 % de los espacios dedicados a atender a las víctimas de violencia de género. Por otro lado, internet y las redes sociales han facilitado la aparición de nuevos tipos de delitos vinculados a los abusos y la violencia sexual, organizados por bandas que captan a personas muy vulnerables.
La plataforma internacional Rape Academy (Academia de Violación), que operaba con mensajería cifrada, fue clausurada recientemente por Europol —bloqueando las webs y servidores— por dedicarse al cibercrimen y a los abusos sexuales. Mostraba historias de hombres que prescribían diversos tipos de sedantes para drogar y abusar de sus parejas, ofreciendo información detallada sobre las dosis que les hacían ingerir para «ilustrar» tan incalificables actuaciones.
En España se contabilizan más de 20.000 delitos anuales de esta naturaleza, con un aumento en los últimos años. Más del 93 % de las víctimas son mujeres y menores, ocupando los primeros puestos por zonas geográficas Cataluña, Andalucía y Madrid. El perfil de las víctimas obedece, en un 40 %, a jóvenes menores de 18 años, y estos delitos tienen lugar en espacios de confianza (el 50 % en viviendas).
La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual del Código Penal fusionó los delitos de abuso y agresión sexual bajo un mismo término y focalizó la atención en el consentimiento. Existen recursos tanto preventivos como de asistencia al servicio de las víctimas que pueden consultarse a través de la Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales o directamente en el teléfono 016 (atención contra la violencia de género, que es confidencial y no deja rastro alguno en la factura).
Muchos son los retos para poner fin a este problema de extrema gravedad que azota a todo el mundo. Entre otros, potenciar la prevención, en primera instancia desde las familias y los hogares, porque más del 85 % de los abusos sexuales contra los más pequeños tienen lugar en su ámbito más próximo y/o son realizados por personas conocidas. Es obligado hacer pedagogía social para que estos luctuosos y horribles sucesos sean denunciados judicialmente. No se hace por diversas razones: por el estigma que ocasiona en las personas afectadas, por los miedos ligados a las represalias y por la desconfianza sobre la eficiencia de los sistemas judiciales. Con ello, se convierte en un hecho social invisibilizado y del que es difícil determinar su alcance con precisión. Consecuentemente, no es factible abordarlo en toda su extensión y, en el mejor de los escenarios, ponerle fin. Naciones Unidas reconoce que los datos que presenta son una aproximación y que no pueden dar cuenta de la gran cantidad de incidentes no denunciados que ocurren en esta nuestra aldea global.
Por último, es preceptivo situar en el centro del debate, como señalamos anteriormente, las secuelas tanto físicas como psicológicas que dejan estas agresiones en las víctimas a lo largo de toda su vida, máxime en zonas geográficas donde no existen prestaciones profesionalizadas que atiendan sus necesidades.
Finalizo estas líneas con una reflexión de Confucio que hago mía: Mejor que el ser humano que sabe lo que es justo es quien ama lo justo.
¡Que así sea!
