La sorpresiva fusión del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores (MPPRE) o Cancillería con el Ministerio de Comercio Exterior representa un cambio organizacional alineado con las fases establecidas por el Sr Trump. Además de atarle las manos a un nuevo gobierno, por lo que puede considerarse inoportuna hilando fino, esta fusión podría responder a la fase de recuperación económica a partir de la estrategia de reestructuración, diseñada por la administración Trump-Rubio. Dicha etapa tendría como propósito fundamental repuntar la economía, dinamizar el intercambio comercial soberano y normalizar las relaciones económicas internacionales, a través de una estructura única y práctica. Se trata de un esquema que cuenta tanto con partidarios como con detractores, respaldados por diversas experiencias globales y por el contexto de los eventos sucedidos en el país a principios de año, rematado por la catástrofe del 24 de junio.
Este nuevo ente no es simplemente un asunto de diseño de “cajitas” y organigramas; por el contrario, acarrea profundos efectos en la política internacional que generan un intenso debate técnico y político. La medida pretende integrar al techo de la “Casa Amarilla”, las actividades comerciales, propiamente inherentes al sector exportador no petrolero, sino privado.
Quienes defienden el modelo, argumentan que sus principales beneficios son el manejo de una sola voz en el exterior, la optimización de recursos en las embajadas y un mayor peso político para los asuntos comerciales; argumentos rebatibles desde cualquier punto de vista.
En cambio, quienes no compartimos esta aventura —la cual reedita experiencias del pasado, las cuales en su momento llevaron a la creación del Instituto de Comercio Exterior (ICE) durante la presidencia del Dr. Rafael Caldera y bajo la dirección del intemperante y cariñosamente conocido como el “Búfalo” Leopoldo Díaz Bruzual— advertimos que dicha fusión apunta a riesgos organizacionales severos para nuestra política exterior y para los intereses más profundos del Estado, trascendiendo por mucho el simple diseño de estructuras asistido por Inteligencia Artificial.
Esta fusión desvía la atención de las funciones esenciales de lo que debe ser una Cancillería. Una muestra clara de este debilitamiento institucional se reflejó la semana pasada, cuando se envió una carta al Rey de Inglaterra Carlos III, obviando las formalidades de las notas oficiales de Cancillería, solicitando, como si fuera entre “panas”, la devolución de 31 toneladas de orovalorados en aproximadamente 1.900 millones de dólares, retenidos en el Banco de Inglaterra, como si el monarca británico tuviera alguna injerencia sobre las decisiones judiciales. Este proceder recuerda aquella oportunidad en la cual el presidente Hugo Chávez (2003) le exigió al presidente del Banco Central de Venezuela la transferencia de mil millones de dólares ($1.000 millones) de las reservas internacionales.
Retomando el hilo de este artículo, la fusión presente se correspondería a una política dirigida a la desaparición definitiva de la carrera diplomática venezolana; iniciada oficialmente con la Ley Orgánica del Servicio Exterior de 1961, la cual establecía un marco institucional riguroso para el ingreso al Servicio Exterior, a través de concursos públicos, evaluados por un jurado calificador, integrado por miembros de la Cancillería, el Congreso Nacional, la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV y el Colegio de Internacionalistas de Venezuela. Actualmente, aquel sistema meritocrático fue sustituido perversamente en contra de nuestros intereses por una ley laxa en 2001 (G.O. N.o 37.254), diseñada con propósitos clientelares y políticos. Dicha norma se reformó en 2005 (G.O. N.o 38.241), para adecuar la gestión del personal al “proceso” y finalmente se sustituyó por completo con la Ley Orgánica del Servicio Exterior de 2013, con una nueva generación de diplomáticos “tapa amarilla”. El declive del servicio exterior se profundizó con el Acuerdo Institucional entre el MPPRE y la Academia Diplomática Cubana Raúl Roa García, cuyo fin explícito era la ideologización de los estudiantes. Este enfoque rompió drásticamente con el legado de la Academia Diplomática Pedro Gual (ADPG), fundada por el canciller Isidro Morales Paul. La ADPG priorizaba la especialización de diplomáticos de carrera, mediante concursos públicos e incluía en su programa la formación académica del más alto nivel, con cursos de negociación dictados por Roger Fisher, director del Proyecto de Negociación de Harvard. Como parte del desmantelamiento de la institucionalidad, el ministro saliente (agrónomo de profesión), cambió la estructura e identidad de la ADPG, al dejar atrás el enfoque original de la ADPG para convertirla en una universidad: la Universidad Bolivariana de la Diplomacia de Paz, adoptando un sistema educativo inspirado en el modelo cubano. Esta decisión carece de justificación práctica. El ejercicio de la diplomacia es un arte que no requiere de títulos de doctorados o PhD. Habitualmente, los diplomáticos tienen la oportunidad de consolidar su formación académica en las universidades más prestigiosas del mundo.
Para terminar de sepultar la carrera, el saliente ministro le dejo al nuevo ministro —un funcionario de carrera por concurso ( 1991), tercero en su cohorte, quien ha servido de “apagafuegos” a la Sra. Encargada de la Presidencia cada vez que lo ha requerido— el encargo de transformar al MPPRE en una “oficina de promoción y ventas”, olvidándose que la Cancillería es, por definición, un ente de alta política, cuyos objetivos y prioridades deben estar enfocados exclusivamente en la compleja y delicada agenda de política internacional, donde los asuntos económicos son una importante herramienta de Política Exterior y no a la inversa.
En momentos de crisis geopolítica o de tensiones internacionales, como en la actualidad, cuando nuestra soberanía e independencia está en juego, la diplomacia de Estado tendría que absorber toda la atención de la Cancillería. Un grave reto para el “renombrado” ministro será el choque de culturas institucionales. El cómo sus colegas fueronformados en negociaciones, política, geopolítica, derecho internacional o normas de protocolo. Por el contrario, los especialistas en comercio exterior provienen de perfiles económicos, de aranceles, negocios y de relación directa con el sector privado. Unir ambos mundos podría generar roces y resistencia interna. Varios países han experimentado este esquema con resultados mixtos: Australia (DFAT) fusionó ambos ámbitos en 1987 para crear el Department of Foreign Affairs and Trade. Canadá (Global Affairs Canada) integró la diplomacia, el comercio internacional y la ayuda al desarrollo, y Corea del Surtuvo un Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio hasta 2013, cuando decidió separar las funciones comerciales para devolverlas al Ministerio de Industria y Energía —efectividad en su cancillería—.
Luego del anunció de la fusión de las carteras del MPPRE y el Ministerio del Poder Popular para el Comercio Exterior en un nuevo MPPRyCE, con un diplomático de carrera como ministro, el reto principal del colega consistirá en equilibrar una diplomacia comprometida en lo político con la necesidad de cumplir con los requerimientos del Sr Trump. La efectividad de esta fusión no depende de la estructura orgánica sobre el papel, sino de la efectividad para diseñar un nuevo ministerio, donde aún no están claros los límites, responsabilidades, objetivos, funciones y prioridades que valoren la especialización técnica y comercialy no permitan que la diplomacia asfixie la agilidad que requiere el comercio exterior.
Esta reestructuración ministerial encaja directamente en la segunda de las tres fases del plan del catire Trump para Venezuela (estabilización, recuperación y transición), detallado por el rubio Secretario de Estado. El objetivo de este reacomodo del MPPRE pasa por centralizar y facilitar el proceso de negociaciones políticas y comerciales con Washington; un proceso que debe avanzar de manera paralela al complejo tablero multilateral. En primer lugar, resulta imperativo resolver el estatus de la representación oficial de Venezuela ante la OEA, en las Naciones Unidas (ONU), la restitución plena de sus derechos de voto y su capacidad de participación política real.
La diplomacia criolla enfrenta el desafío al negociar tratados de seguridad transnacional dirigidos a combatir el crimen organizado, mejorar el control de las fronteras, neutralizar el narcotráfico y desarticular las redes de trata de personas que operan en la zona. Asimismo, establecer una postura jurídica y política definitiva frente a las disputas territoriales pendientes, especialmente en el caso del Esequibo frente a Guyana, bajo el estricto amparo del derecho internacional y los mecanismos de resolución pacífica de conflictos. En este orden, la estabilidad regional obligaría a un nuevo gobierno a pensar qué va a suceder con la CAN, al MERCOSUR u otro esquema comercial; en simultáneo una reconsideración de la alianza política, militar y tecnológica mantenida durante los últimos veintisiete años con potencias extrarregionales como Rusia, China e Irán.
La fusión del Ministerio de Relaciones Exteriores con el Ministerio de Comercio Exterior plantea una disyuntiva crítica: la subordinación de la alta política y la diplomacia tradicional a una agenda netamente mercantil. Esta reestructuración no solo pone en riesgo la carrera diplomática meritocrática, sino que debilita la soberanía nacional al priorizar la promoción comercial sobre la gestión estratégica de crisis geopolíticas. Un análisis de este cambio institucional revela dos factores críticos de vulnerabilidad: desmantelamiento institucional y pérdida de rigurosidad. El principal riesgo de este enfoque es la transición de la diplomacia formal hacia una lógica transaccional de mercado. El transformar parte de la Cancillería en una oficina de promoción y ventas, podría tener consecuencias en la planificación geopolítica a largo plazo. La política exterior quedaría relegada a los intereses comerciales de grupos económicos o de las transnacionales.
Esta debilidad institucional se convierte en un peligro tangible, en momentos de alta tensión global, en un contexto marcado por disputas territoriales —como la controversia por el Esequibo— Los equipos jurídicos y diplomáticos de la Cancillería, cuyo propósito es la defensa de la integridad de la República, se verán obligados a priorizar la gestión de negocios de corto plazo y la indefensión del Estado —el desvío de recursos institucionales debilita la soberanía y deja al país en una posición de vulnerabilidad frente a amenazas externas—. La fusión propuesta amenaza con disolver la distinción entre seguridad nacional y transaccionalidad económica, comprometiendo la estabilidad y la defensa estratégica del Estado en el escenario internacional.
La nueva estructura tiende a la erosión de la carrera diplomática mediante tres fenómenos interconectados:
Primero, la sustitución de la meritocracia por el pragmatismo político.
Segundo, se observa una marcada intención de ideologizar a los funcionarios diplomáticos como funcionarios de Estado.
Tercero, como consecuencia, la coexistencia de culturas institucionales incompatibles dentro de la Cancillería podrá generar un choque insalvable entre los diplomáticos formados en la negociación de Estado y los gestores enfocados en la inmediatez y rentabilidad del comercio exterior.
Finalmente, el análisis del contexto internacional invita a la prudencia. La historia reciente ofrece claros ejemplos de los fracasos de este modelo híbrido. Países como Corea del Sur demostraron en su momento que fundir la diplomacia política con el comercio internacional termina por asfixiar la agilidad de la política económica interna y la industria local, lo que obligó a separar ambas carteras. Además, existe el riesgo latente de que este rediseño estructural responda a una alineación con agendas externas. La creación de una estructura centralizada y de interlocutor único parece diseñada para satisfacer las demandas de actores internacionales que buscan agilizar la firma de convenios y flexibilizar acuerdos con Washington. En un escenario de reactivación económica, priorizar la facilidad de la transacción por encima de la solidez institucional corre el riesgo de hipotecar la soberanía del Estado a cambio de un alivio comercial inmediato. La pregunta es: ¿Quién le pone el cascabel al gato?
