Representantes sindicales y organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron este miércoles una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la que denuncian al Estado venezolano por presuntas violaciones al derecho de acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo, en relación con las demandas por un salario mínimo vital.
La acción internacional surge luego de que transcurrieran casi tres años sin respuesta a una Acción de Amparo Constitucional introducida en julio de 2023 ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante la cual los peticionarios solicitaron protección frente al incumplimiento del artículo 91 de la Constitución, que establece la obligación de ajustar anualmente el salario mínimo tomando como referencia el costo de la canasta básica.
La comunicación fue suscrita por Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela; Adelmo Becerra, del Observatorio para la Dignidad en el Trabajo; Marisol Guédez, del Núcleo de Derechos Humanos de la Corriente COMUNES; y Antonio González Plessmann, codirector del Colectivo de Derechos Humanos Surgentes.
Denuncian omisión judicial y deterioro de los derechos laborales
Los denunciantes recuerdan que el 25 de julio de 2023 introdujeron una Acción de Amparo Constitucional sobre Derechos e Intereses Colectivos con el propósito de exigir que el Ejecutivo cumpliera con la actualización periódica del salario mínimo y corrigiera la política de bonificaciones que, a su juicio, afecta el cálculo de prestaciones sociales, aguinaldos y vacaciones.
Marisol Guédez explicó que la iniciativa surgió desde el Frente Popular en Defensa del Salario, conformado por organizaciones sociales y laborales preocupadas por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
El artículo 91 de la Constitución es claro. Dice que el salario mínimo vital será ajustado cada año tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. Sin embargo, el último aumento se produjo en marzo de 2022, por lo que hoy su monto es inferior a un dólar mensual, sostuvo.
Según los peticionarios, la Sala Constitucional no ha emitido decisión alguna sobre la admisión o inadmisión del recurso, tampoco ha convocado audiencias ni ha permitido el acceso a copias del expediente, situación que califican como una “denegación de justicia” y un “silencio institucional absoluto”.
Por su parte, Antonio González Plessmann afirmó que la ausencia de respuesta judicial representa una doble vulneración de derechos.
Fuimos al TSJ a que nos protegiera frente a la violación del derecho al salario suficiente y resulta que ahí nos violaron nuestro derecho a la justicia. La respuesta fue una pared de silencio, opacidad y complicidad con el Ejecutivo, expresó.
Solicitan medidas al Comité de Derechos Humanos
La comunicación presentada ante Naciones Unidas se fundamenta en los artículos 2.3 y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumento ratificado por Venezuela en 1978, que garantiza el derecho a un recurso efectivo y al debido proceso.
Entre las solicitudes formuladas al Comité destacan la admisión de la denuncia por la imposibilidad material de obtener justicia dentro del país, la declaración de que el Estado venezolano incurrió en una denegación de justicia continuada y la exigencia de medidas de reparación.
Los peticionarios también solicitan que se ordene el acceso completo al expediente judicial, la admisión formal del amparo constitucional y una decisión motivada sobre el fondo del caso por parte del TSJ. Asimismo, piden recomendaciones dirigidas a evitar que el silencio procesal se convierta en un mecanismo de desprotección de los ciudadanos.
Carmenmilagro Aulino – El Impulso
