Todavía no se sabe cuándo se iniciará la fase de transición a la democracia en Venezuela, porque la decisión tiene que ser tomada por la administración del presidente Donald Trump y su equipo integrado por el Secretario de Estado, Marco Rubio: el Secretario de Guerra, Pete Hegseth; el asesor de Seguridad y Migración, Stephen Miller y el vicepresidente, J.D. Vance.
Para que haya transición tiene que haber elecciones con el fin de escoger a las autoridades legítimas y constitucionales, que restablezcan el Estado de Derecho del país. Pero, la gran incógnita es el cronograma electoral, que debe realizarse previamente. En cuanto tiempo podrían realizarse un proceso eleccionario, apegado a la Constitución y a las leyes, en el cual no sólo puedan votar todos los residentes del país sino también quienes tienen el derecho de hacerlo en el exterior, a los sitios hasta donde llegó la diáspora de más de ocho millones de personas, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial (R4V) y redes globales de ayuda, así como la Coalición por Venezuela, entre otras organizaciones.
Para tratar el asunto, que es de interés para todos, El Impulso consultó a la doctora Sobella Mejías, quien desde muy joven comenzó su carrera en el Consejo Nacional Electoral (CNE), desempeñó cargos de importancia en el organismo y culminó sus labores siendo rectora principal, considerada como una de las personas más preparada y respetable en materia comicial.
Desde el momento en que se haga la convocatoria a elecciones,¿cuánto tiempo se necesita para llevarlas a cabo de modo completo, justo y transparente? se le pregunta.
Mínimo se tardaría de seis a ocho meses por cuanto los procesos electorales constan de diferentes fases; pero, hay una realidad que debemos tomar en cuenta. Aquí se han emitido opiniones diversas, ya que se ha dicho que para el proceso de transición se deben efectuar elecciones generales simultáneas, otras sostienen que deben realizarse por separadas y no han faltado que indican la declaración de la transición y después lo demás.
En todo caso, existe coincidencia en que previamente debe ser designado el Poder Electoral, mediante un acuerdo nacional que garantice todo lo que se encuentra establecido en la Constitución y en las leyes que rigen la materia.
Ahora bien, en los últimos años se han venido revisando todos los reglamentos y leyes relacionados con el proceso electoral, porque cada fase de éste tiene que ver con la fecha de convocatoria.
Todavía no se sabe cuándo será decidida la fecha de convocatoria; pero, si se habla de seis u ocho meses, como es natural suponer, tiene que ya haberse llegado a un acuerdo para conformar al organismo electoral y, naturalmente, tras meticulosa selección de los aspirantes, escogidos los rectores principales y suplentes.
Ese es el paso fundamental que garantice un Consejo Nacional Electoral independiente, autónomo y confiable por estar compuesto por personas idóneas, responsables y honestas.
Una vez que se haga la convocatoria con la fecha definida, ese CNE tiene que comenzar a trabajar con los tiempos adecuados a un cronograma, que se desarrolle con base al reconocimiento hecho por los factores de oposición que suscribieron el Manifiesto de Panamá, el pasado mes de mayo, cuando se hizo el acuerdo para respetar las tres fases establecidas en los Estados Unidos para Venezuela: estabilización, recuperación y transición.
Conviene hacer hincapié en la conformación del CNE, porque debe tener el reconocimiento de todas las fuerzas vivas del país y se necesita el tiempo para escoger a los rectores, pero no sabemos cuál será el lapso que se establecerá con ese fin.
Cumplidos los extremos políticos, porque se trata de un tema evidentemente político, aunque tenga contenido jurídico electoral y constitucional, el país puede comenzar a avanzar en la denominada fase de transición.
Importante tiene que ser este paso en el cual participen las fuerzas vivas, las universidades, las academias, los partidos políticos, los gremios y sindicatos, en general, todos.
Hay tareas ineludibles que debe cumplir ese nuevo CNE, en especial actualizar y depurar el Registro Electoral, efectuar unas jornadas masivas de inscripción de nuevos electores porque hay millones de jóvenes que habiendo cumplido los 18 años no se han inscrito desde hace ya cierto tiempo.
En este punto tenemos que referirnos no sólo a los venezolanos que se encuentran residiendo en el país, sino a millones que están, desde hace tiempo, en el exterior.
En esta materia hay que legislar porque no se puede dejar que los venezolanos que residen en el extranjero sigan sin poder ejercer su derecho de elegir a distancia, sencillamente, porque no ha existido el interés en que lo hagan.
Debe quedar muy claro que la Constitución lo único que establece para que los ciudadanos sean electores y elegibles a cargos públicos es que sean mayores de 18 años de edad y estén debidamente inscritos en el Registro Electoral.
Resulta contraproducente que a millones de venezolanos, que se encuentran fuera de nuestras fronteras, se les esté exigiendo, a través de un reglamento mal concebido, que deben demostrar estar viviendo legalmente en el país donde se encuentran.
En mi opinión, como defensora de los derechos civiles y particularmente de los electores, este es un tema sobre el cual tiene que legislarse lo más pronto posible, porque ningún venezolano puede tener impedimento para ejercer su derecho a votar.
Conviene en este momento resaltar que Venezuela es el país pionero en el derecho que tienen los ciudadanos a ejercer el derecho del sufragio en el exterior.
Realmente, no puede haber discriminación entre los ciudadanos que se encuentran en Venezuela con los ciudadanos venezolanos que se hallan en el exterior, por cuanto tienen las mismas condiciones para ser electores y aún más, candidatos a cargo de libre elección por iniciativa propia
Dentro del texto constitucional existe la figura de grupos de electores, los cuales pueden conformarse para una determinada elección y, además, se garantizan las reuniones públicas y manifestaciones de carácter político.
En este momento también hay que ocuparse del asunto de los partidos políticos, por cuanto la Constitución establece en sus artículos 57, 70, 292 y siguientes hasta el 298, los derechos a que los ciudadanos se asocien con fines políticos como medio para participar en la vida democrática, reglamenta las leyes electorales y, por supuesto, atiende todo lo que tiene que ver con procesos de votación, financiamiento y supervisión de las organizaciones políticas.
La Constitución es muy firme en sus garantías en esta materia cuando establece condiciones estrictas a los principios rectores del Poder Electoral, que precisa deben ser independientes, imparciales, transparentes.
Hay muchos puntos sobre los cuales se debe trabajar para que podamos tener una verdadera democracia, dice la doctora Sobella Mejías, refiriéndose entre otros aspectos al caso de la judicialización de los partidos políticos, inhabilitaciones que se han hecho sin comprobación de la comisión de delitos y, en fin, lograr que todas las actividades deben ser claras, transparentes, intachables.
Considero, manifiesta, que el sistema electoral se tiene que revisar profundamente para que sea realmente efectivo y esa es una tarea a cumplir con voluntad política por cuanto nuestro país tiene mucha experiencia y elementos para actualizar todo lo que tiene que ver con el proceso electoral.
Por supuesto, no puede escapar la revisión al sistema automatizado y de un tema muy específico con el proceso electoral como los tres organismos subalternos del Consejo Nacional Electoral, como son la Comisión de Registro Civil y Electoral, la selección de miembros de mesa, los sorteos para la escogencia de funcionarios, las juntas electorales regionales y municipales.
Hay mucha materia que debe ser examinada, como por ejemplo las postulaciones, la inelegibilidad de ciudadanos, de los recaudos de los aspirantes y, en general, de todo lo que cubre las postulaciones, las publicaciones de actos administrativos e impugnaciones.
En fin, aguarda una serie de tareas que no se pueden obviar como los testigos que tienen que estar presentes en las auditorías, los sistemas de selección de miembros de mesas, la preparación de los funcionarios que van a trabajar en las jornadas de actualizaciòn de inscripción y registro electoral, así como también ocuparse del instrumento de votación y, desde luego, de la propaganda antes y durante la campaña electoral.
Y por último, indica la doctora Sobella Mejías, no se puede dejar de lado el asunto de los fondos públicos, ya que éstos no se deben utilizar para hacer campaña electoral y, en consecuencia, desde ya se debe pensar en esta materia porque no se puede seguir permitiendo lo que se conoce como ventajismo por parte de funcionarios del Estado a todos sus niveles.
Pacífico Sánchez – Entrevista Dominical – El Impulso
