Pregunto —con esa testaruda ingenuidad del que ya sabe que lo van a ignorar— si sería un atrevimiento pedir que, mientras haya investigaciones abiertas, aquí o en cualquier parte de la bolita del mundo, los “investigados” tengan el gesto heroico de apartarse del festín estatal. Sin cargos, sin contratos, sin firma autorizada, sin acceso al cajón donde casualmente siempre hay algo que repartir. Fuera, en resumen, del bufé libre que llaman administración pública. Pero claro, pedir eso es casi subversivo: existe la presunción de inocencia, esa toga mágica que convierte a los sospechosos en gestores impecables… al menos mientras dura la función.
Sería, en realidad, un gesto mínimo de higiene. Nada sofisticado: apenas ventilar para que el Estado deje de oler a comida olvidada al sol. Porque lo que tenemos no es un descuido, es un ecosistema. Un país donde los investigados siguen firmando, adjudicando y decidiendo no juega a la ruleta rusa: carga todo el tambor y presume de puntería.
La presunción de inocencia —conviene recordarlo, aunque aquí suene a chiste— está diseñada para proteger al ciudadano del poder, no para blindar al poder cuando el ciudadano sospecha. No es un pase VIP para seguir facturando mientras “todo se aclara”, ni una coartada elegante para quedarse sentado en la caja registradora. Pero claro, en un país donde la institucionalidad es decorativa y la corrupción dejó de escandalizar para convertirse en paisaje, pedir prudencia suena casi excéntrico.
Y no, no es que falten ganas de confiar. Es que la confianza murió de inanición hace tiempo. Falleció después de años de saqueo metódico, de opacidad crónica, de impunidad a jornada completa y de un cinismo tan disciplinado que ya podría institucionalizarse. Expiró después de ver a los mismos nombres reciclarse como envases retornables: cambian la etiqueta, pero el contenido sigue oliendo igual.
Aquí “investigación” suele significar “pongamos esto en pausa mientras baja la indignación y desaparecen algunos papeles incómodos”. Y entretanto, todo continúa: se firma, se reparte, se negocia… se da por sentado que vamos a seguir calándonos las noticias de Zapatero, de Saab y de otros individuos “como si nada”, como si nada tuviera consecuencias y como si la memoria fuera opcional.
Un veto temporal, por si hace falta subrayarlo, no es una tragedia ni un linchamiento. Es cerrar el grifo mientras se ve por qué y por dónde el agua sale negra. Nadie está dictando sentencia: sólo se evita seguir bañándose en lo mismo.
Y si el investigado resulta ser inocente —que también pasa, aunque aquí suene a nota al pie—, que vuelva. Que regrese con discursos, absoluciones, con video glorioso y hasta banda sonora si quiere. Pero mientras tanto, mientras el expediente respira y la duda no es precisamente un invento, lo razonable sería quitarle las llaves del avión.
Porque un Estado conducido por sospechosos no se accidenta: se estrella.
A veces la democracia no necesita tratados ni seminarios: le basta con ese sentido común que aquí cotiza como artículo de lujo. Ese que dice, sin faralaes lingüísticos: si te están investigando, suelta la caja, guarda el bolígrafo y deja de negociar. No es tan complicado. Es, de hecho, casi civilizado.
Pero no: aquí seguimos, como si nada. Como si todo esto fuera normal. O peor: como si fuera inevitable.
No soy abogado. Soy apenas un numerito más en esta contabilidad de ciudadanos exprimidos y magreados por ladrones insaciables, en este saqueo profesionalizado, en esta industria del engaño donde ya ni se molestan en disimular. Algo de derecho tendremos —digo yo, con una fe que ya roza el realismo mágico — a que, al menos por pudor, finjan que no nos están viendo la cara.
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