Que vuelva la luz con transparencia. No esa transparencia de PowerPoint que enseñan en ruedas de prensa manipuladas, sino la verdadera: la que desnuda, la que incomoda, la que no deja rincones para esconder fechorías. Porque si algo quedó claro —clarísimo, casi obscenamente evidente— es que en la oscuridad sólo prosperan el delito y las malas costumbres.
La penumbra fue su hábitat natural: allí se multiplicaron los vivos, los cómplices, los que hicieron del apagón un negocio redondo y de la emergencia un festín. La oscuridad fue incubadora, guarida y coartada.
Por eso la revisión de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico no puede hacerse a media luz ni con manos que entran y salen como si estuvieran probando temperatura. Nada de comisiones fantasmas, nada de expertos de utilería, nada de borradores que circulan sólo entre los mismos que arruinaron el sistema. La ley debe escribirse con luz blanca, de quirófano, esa que no perdona manchas y descubre los entresijos.
Reforma sí, pero con absoluta transparencia. Con cada artículo expuesto como si fuera una radiografía. Con cada cifra abierta, sin maquillaje ni contabilidad creativa. Con cada decisión explicada sin rodeos, sin tecnicismos usados como cortinas de humo. Nada de cláusulas secretas, nada de “por razones de seguridad”, nada de esa opacidad que apesta a trampa desde lejos. La ley debe ser un reflector, no un telón; un documento vivo, no un escondite.
Y en ese reflector hay una exigencia que ya no admite metáforas ni diplomacias: desenchufen a los enchufados. A todos. A los que se conectaron al poder como si fuera un toma corriente infinito. A los que hicieron del sistema eléctrico su finca privada. A los que convirtieron la oscuridad en negocio y la emergencia en patrimonio. Porque mientras ellos sigan conectados, el sistema seguirá fallando. No hay ingeniería que aguante la corrupción, ni megavatio que compense la impunidad. La oscuridad fue su aliada; la transparencia será su sentencia.
La reforma debe blindar el sistema contra los mismos vicios que lo destruyeron: contratos opacos, operadores intocables, gerencias improvisadas, lealtades compradas, auditorías de cartón. Debe obligar a auditorías independientes, supervisión ciudadana, rendición de cuentas periódica, acceso público a la información técnica y financiera. Debe convertir la información pública en eso: pública, accesible, verificable, incómoda para los corruptos.
Porque la electricidad no es un favor ni un privilegio: es un derecho. Y un derecho administrado en sombras termina convertido en chantaje, en arma, en mecanismo de control. La oscuridad no sólo apaga bombillos: apaga libertades.
Sea pues que la ley se reescriba con luz plena y a plena luz, y se cumpla sin excepciones. Así, la electricidad volverá sin negociados opacos. Y con ella, con la luz, algo más profundo y más difícil de recuperar volverá: la certeza de que el país puede funcionar sin trampas, sin “padrinos”, sin oscuridades útiles. Que la institucionalidad sea más fuerte que la viveza. Que la transparencia pueda más que el amiguismo.
Que la luz regrese. Pero esta vez, que regrese con transparencia. Y que nadie vuelva a apagarla para esconder lo que no quiere que se vea.
Soledadmorillobelloso@gmail.com
