Huáscar contra Atahualpa, Francisco Pizarro frente a Diego de Almagro, la oligarquía limeña y los caudillos, el civilismo en disputa con los militares, el “Perú Profundo” y el “Perú Oficial”, aprismo/antiaprismo, fujimorismo/antifujimorismo, es una manera muy tentadora de describir la historia de ese país, aunque como toda afirmación requiere su matiz porque la realidad siempre es más compleja.
No obstante, como una fatalidad, Perú parece condenado a vivir dividido por la mitad, con una parte enfrentada a la otra.
En las elecciones de 2021 los peruanos tuvieron la oportunidad de elegir presidente a Hernando de Soto, uno de los más prestigiosos economistas latinoamericanos y autor de la tesis, según la cual, las limitaciones que tienen los más pobres para acceder a los derechos de propiedad es una de las causas profundas que perpetúan la marginalidad social y la miseria. Sin embargo, llegó de cuarto con solo el 11% de los sufragios. En esa ocasión, por distintas circunstancias, a Perú le tocó elegir en segunda vuelta entre dos autoritarismos de distinto signo y ya vimos cómo le fue.
Por un lado, Pedro Castillo, por el otro Keiko Sofia Fujimori.
El programa del primero era de inspiración abiertamente chavista. De hecho, su principal propuesta llevaba marca de fábrica venezolana: convocar una Asamblea Nacional Constituyente y cesar tanto al Congreso como al Tribunal Constitucional.
Mientras que, en su tercer intento, la heredera del apellido Fujimori había logrado reagrupar todo el capital electoral que sembró su padre, particularmente entre los más pobres de las áreas urbanas de Lima, que todavía recuerdan que fue “el chino” el que acabó con el cruel terrorismo y la hiperinflación. Pero ante Keiko se levantaba, una vez más, la enorme pared de rechazo del antifujimorismo. Ese otro sector de la sociedad peruana que no olvida que su padre se comportó como un dictador electo, que persiguió a sus oponentes, censuró medios de comunicación críticos, pretendió perpetuarse en el poder y en cuyo régimen imperó la corrupción.
Entonces, como ahora, la movilización del “voto anti”, fue el principal motor político de la contienda peruana. Votar para que el otro no gane, aunque el que gane no me guste.
¿Qué dice la historia?
En ese sentido, es inevitable recordar cómo el antiaprismo fue la corriente política más poderosa, duradera, definitoria, y también la más violenta, del Perú durante el siglo XX. Un frente común que unió a sectores muy diversos —desde la oligarquía terrateniente hasta las Fuerzas Armadas— cuyo único objetivo consistía en impedir que el partido fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre llegara al poder.
En las décadas de 1930 y 1940, la oligarquía agroexportadora y financiera vio en el APRA una amenaza existencial. Sus ofertas de nacionalización de las tierras y redistribución de la riqueza nacional, hicieron que las élites lo asociaran erróneamente con el comunismo, cuando en realidad ese partido era anticomunista.
El APRA tuvo que esperar 50 años para llegar al poder de manera democrática. En 1985 las Fuerzas Armadas aceptaron a Alan García como presidente, disolviendo así el compromiso implícito de los militares de bloquear al aprismo.
Pero el final del gobierno García, caracterizado por la hiperinflación y la escasez generalizada, hizo que el tradicional antiaprismo dejara de acusar al APRA de ser un partido violento o “sectario”, para asociarlo con la ineficiencia económica, el caos financiero y la corrupción, mientras el viejo partido veía alejarse a los sectores más pobres de la población, que sufrieron directamente las colas y la devaluación de la moneda.
Sin embargo, en un giro histórico impensable, la derecha y los sectores empresariales —los mismos que atacaron a García en 1987— terminaron aliándose y votando por él para evitar la llegada al poder de Ollanta Humala en las elecciones de 2006.
Por razones muy distintas, y con otros métodos, el antifujimorismo ha venido a ser la corriente política, social e ideológica informal más grande e influyente del Perú contemporáneo. Una coalición heterogénea —que agrupa a sectores de izquierda, liberales, centristas e independientes— cuyo principal punto de cohesión es el rechazo categórico al legado de Alberto Fujimori y al movimiento liderado por su hija.
Este movimiento ha sido el eje articulador de la política peruana en las últimas décadas, actuando como un poderoso contrapeso electoral que define los resultados en las urnas.
Tras el retorno a la democracia en 2001, mientras el fujimorismo logró reagruparse, el antifujimorismo mutó de un movimiento de protesta callejera a un mecanismo de defensa electoral permanente.
Perú, ahora
Ese “voto en contra” ha sido el factor decisivo para que Keiko fuera derrotada en las segundas vueltas presidenciales de 2011 (ante Ollanta Humala), 2016 (ante Pedro Pablo Kuczynski) y 2021 (ante Pedro Castillo). El electorado antifujimorista prefirió votar por candidatos que no le convencían del todo con tal de evitar la llegada de la tercera generación Fujimori (Sansei) al poder. De cada proceso emergieron presidentes débiles.
Esa tendencia ha sido alimentada por la propia Keiko, quién hizo uso de su enorme mayoría parlamentaria para desestabilizar gobiernos entre 2016 y 2020, ha sido objeto de investigaciones por lavado de activos, y ha avalado polémicos pactos en el Congreso.
Eso explica, aunque no totalmente, que la mitad del país haya votado, y elegido, a Pedro Castillo hace cinco años. Y también explica, aunque no totalmente, que lo haya hecho ahora por Roberto Sánchez, quien reivindica abiertamente a Castillo, convirtiéndolo en un pilar central de su discurso, identidad de campaña y estrategia electoral, incluyendo el uso del icónico sombrero como un “exhorto a la lucha”.
A diferencia de otros sectores de izquierda que se distanciaron del expresidente tras su intento de autogolpe en 2022, Sánchez —quien fue su ministro de Comercio Exterior y Turismo— lo presenta como un símbolo ante la persecución de las élites limeñas.
Promete que, de llegar a la presidencia, utilizará los mecanismos legales del Ejecutivo (la gracia presidencial o el indulto) para liberar a Castillo, y se refiere habitualmente al exmandatario como el “primer presidente secuestrado” del país, argumentando que su destitución y detención fueron injustas.
Aunque de cara al balotaje ha dado un giro hacia la moderación programática, buscando proyectar la imagen de una izquierda responsable, esa estrecha asociación ha funcionado como un arma de doble filo; por un lado, le permitió captar el masivo voto identitario y rural del sur andino, pero por el otro, aviva los cuestionamientos de quienes lo tildan de “candidato castillista” y advierten sobre los riesgos contra la propia democracia que supondría su victoria.
Nuevamente el voto en contra.
En esta segunda etapa de su campaña Roberto Sánchez también ha disimulado una de sus ofertas fundamentales: cambiar el modelo económico “neoliberal” instaurado por Fujimori padre hace 35 años. El planteamiento ha agregado desasosiego para la mitad del país, y entusiasmo en su base campesina y rural.
Si bien la dicotomía costa versus sierra fue una realidad que empezó a modificarse con la migración millones de campesinos hacia las principales ciudades, especialmente a Lima, en la segunda mitad del siglo XX, y por la reforma agraria del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, que expropió las grandes haciendas, quebrando el poder de los gamonales, sí persisten, y se han agudizado, las brechas de desarrollo. Eso que se observa en las urnas electorales.
Los balotajes de 2011, 2016, 2021 y 2026 han calcado este mapa histórico de forma perfecta. La costa vota mayoritariamente por opciones que defienden el modelo económico actual y la continuidad del sistema, mientras que la sierra sur y central suele votar masivamente por propuestas de izquierda, antisistema o de cambio radical.
Es cierto que Perú pasó de registrar inflaciones astronómicas a poseer una de las monedas más estables de América Latina, que el PBI per cápita se ha quintuplicado desde los años noventa, la deuda pública se redujo drásticamente, sus exportaciones tradicionales (cobre, oro) y no tradicionales (arándanos, espárragos, uvas) se dispararon, convirtiendo al desierto costeño en un motor agroindustrial, mientras la privatización de empresas públicas y el régimen de concesiones transformaron los servicios de telecomunicaciones, puertos, aeropuertos y generación eléctrica, y con ello una ocurrió una sostenida caída de la pobreza hasta el 2020, cuando repuntó a raíz de la pandemia.
Pero ese proceso consolidó una profunda brecha entre la costa urbana (más integrada y próspera) y la sierra y la selva. Aunque el PBI minero se extrae de las regiones andinas, las deficiencias del Estado para transferir esa riqueza en servicios públicos de calidad (hospitales equipados, agua potable, educación de primer nivel) perpetúan el descontento social generalizado que Castillo y Sánchez han capitalizado en dos elecciones consecutivas.
La sierra produce la mayor parte de la riqueza minera del país, pero los índices de pobreza, anemia infantil y falta de servicios públicos básicos (agua, salud, educación) siguen siendo significativamente más altos en los Andes que en las urbes de la costa.
Ese fue el combustible de la ola de protestas que siguió al fallido intento de autogolpe y posterior destitución de Castillo en diciembre de 2022. En esa ocasión los manifestantes y organizaciones sociales declararon a Dina Boluarte como golpista y usurpadora, acusaron al Congreso de instaurar una “dictadura cívico-militar”, y demandaron la convocatoria de una Constituyente.
Es bastante probable que una situación similar se repita si finalmente ganara Keiko en el actual recuento de votos, que, como sabemos, será muy ajustado.
En las dos elecciones previas (2016 y 2021) ella desconoció la legitimidad de las victorias de Pedro Pablo Kuczynski y Castillo. Por ahora, Roberto Sánchez y su grupo parecen inclinados a pagarle con la misma moneda.
Pero si este, por el contrario, se impusiera, es fácil adivinar el conflicto que acontecerá cuando la mayoría del Congreso, apoyado en la parte más próspera y desarrollada del país, se resista a sus reformas.
