Cada vez que una tragedia de grandes proporciones golpea a un país surge inevitablemente la misma pregunta: ¿pudo evitarse?
La respuesta inmediata suele ser tan categórica como insuficiente. No. Ningún gobierno puede impedir que las placas tectónicas se desplacen y liberen la energía acumulada durante décadas. Esa parte de la tragedia pertenece a la naturaleza.
Pero detener allí el análisis sería una forma demasiado cómoda de eludir otra realidad mucho más incómoda.
Si el terremoto era inevitable, la magnitud del desastre humano probablemente no lo era.
Mientras las cifras oficiales continúan evolucionando y estimaciones extraoficiales hablan de un número muy superior de fallecidos y desaparecidos, Venezuela sigue sin conocer la verdadera dimensión de la tragedia. Cada hora que pasa reduce las posibilidades de encontrar sobrevivientes y aumenta la certeza de que muchas vidas pudieron perderse después del sismo, no necesariamente durante él.
Lo ocurrido en las primeras setenta y dos horas fue mucho más que una emergencia nacional. Fue una auditoría brutal al Estado venezolano. Y el resultado difícilmente puede calificarse de satisfactorio.
Un país situado sobre una importante zona sísmica no puede descubrir después del desastre cuántas excavadoras, grúas, plantas eléctricas o equipos especializados existen en su territorio. Ese inventario debió existir mucho antes del primer movimiento telúrico. Bastaban pocas horas para integrar bajo un comando único a empresas constructoras, operadores portuarios, gobernaciones y alcaldías con capacidad de aportar maquinaria pesada. Sin embargo, el país asistió a llamados improvisados solicitando ayuda a la empresa privada mientras vecinos y voluntarios removían escombros prácticamente con sus propias manos.
Diversos reportes también señalaron dificultades burocráticas para el ingreso de equipos internacionales de rescate. Si esos hechos terminan plenamente confirmados, demostrarán que la burocracia también puede costar vidas cuando el tiempo constituye el recurso más valioso.
La conclusión resulta incómoda, pero inevitable. Muchas víctimas probablemente no murieron únicamente por el terremoto. Murieron esperando un rescate que llegó demasiado tarde. Esa diferencia transforma un desastre natural en un problema de capacidad institucional.
Pero hay otra pregunta que el país tampoco puede eludir.
¿Por qué colapsaron tantos edificios de la manera en que lo hicieron?
La explicación de que se trataba de construcciones antiguas resulta insuficiente. Antiguas, ¿con respecto a qué? Caracas ya había sufrido el devastador terremoto de 1967 y, desde entonces, Venezuela desarrolló normas de ingeniería sismorresistente acordes con estándares internacionales. El problema, por tanto, podría no ser la ausencia de regulación, sino su cumplimiento.
Un análisis de CNN recoge la opinión de Matthew Blackett, profesor asociado de Riesgos Naturales de la Universidad de Coventry, quien considera probable que décadas de crisis económica y corrupción generalizada hayan contribuido al deterioro del parque inmobiliario y a la construcción de edificaciones al margen de las normas. El mismo reportaje recuerda que Venezuela ocupa el puesto 180 de 182 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Por su parte, el ingeniero Raffaele De Risi, de la Universidad de Bristol, sostiene que solo una investigación técnica permitirá determinar cuántos edificios fueron levantados antes de las normas modernas, cuáles nunca fueron adaptados y cuáles pudieron construirse al margen de ellas.
Los especialistas no señalan responsables concretos. Lo que exigen es una investigación rigurosa. Y esa investigación no puede limitarse a las constructoras. También deberá examinar la actuación de las oficinas de Ingeniería Municipal encargadas de aprobar proyectos, inspeccionar obras y otorgar permisos de habitabilidad. Durante años, las irregularidades en materia de construcción han sido un secreto a voces en muchos municipios venezolanos. Hoy ya no basta con atribuirlo todo a la fuerza de la naturaleza. Si existieron negligencias o actos de corrupción, tendrán que establecerse con pruebas y determinarse las responsabilidades correspondientes.
La tragedia también dejó al descubierto el progresivo deterioro del Estado venezolano. Después de más de un cuarto de siglo de chavismo, el país exhibe instituciones debilitadas, infraestructura abandonada y organismos de protección civil con evidentes limitaciones para enfrentar emergencias de gran magnitud. Mientras durante años se destinaron enormes recursos a fortalecer los aparatos de control político y seguridad, la capacidad para responder a desastres naturales se fue erosionando silenciosamente.
Durante años los venezolanos aprendieron a convivir con apagones, hospitales sin insumos, carreteras destruidas y servicios públicos en decadencia. Esta tragedia demostró que ese deterioro no era solamente un problema administrativo. También podía convertirse, literalmente, en una sentencia de muerte.
Tampoco deja un buen sabor observar cómo algunos voceros del oficialismo y sectores de la oposición parecían competir por el protagonismo de la ayuda humanitaria. Mientras miles de familias seguían esperando noticias de sus seres queridos, las redes sociales comenzaron a llenarse de balances personales, fotografías y disputas sobre quién había hecho más.
La solidaridad no termina cuando cesan las labores de rescate. Continúa exigiendo responsabilidades. Exige revisar el estado de la infraestructura pública, fortalecer la protección civil, investigar el cumplimiento de las normas de construcción y depurar los mecanismos mediante los cuales durante años se otorgaron permisos e inspecciones. La reconstrucción del país deberá comenzar también por sus instituciones.
Con el tiempo los geólogos explicarán con precisión el comportamiento de las fallas tectónicas. Esa parte de la historia pertenece a la naturaleza.
La otra pertenece a la sociedad venezolana.
La pregunta que da título a estas líneas merece, por fin, una respuesta.
El terremoto no podía evitarse. Pero el abandono institucional, la improvisación, la pérdida de capacidad operativa del Estado y las dudas que hoy rodean la calidad de muchas construcciones sí eran evitables.
Las placas tectónicas seguirán moviéndose porque así funciona la naturaleza. Las instituciones, en cambio, solo se derrumban cuando quienes tienen la responsabilidad de preservarlas deciden abandonarlas.
@humbertotweets
