La extracción de Nicolás Maduro de Venezuela el pasado 3 de enero marcó el final de una etapa política que durante más de una década condicionó la relación entre Caracas y Washington. Sin embargo, seis meses después de aquel acontecimiento, comienza a hacerse evidente una realidad que muchos venezolanos todavía se resisten a aceptar: la salida de Maduro no significaba necesariamente el cumplimiento de todos los objetivos de la oposición venezolana.
Durante años, una parte importante del país asumió que los intereses de Estados Unidos y los de la oposición democrática eran esencialmente los mismos. La caída de Maduro parecía confirmar esa percepción. Sin embargo, la evolución de los acontecimientos posteriores obliga a examinar con mayor detenimiento las verdaderas prioridades de Washington.
La administración de Donald Trump no heredó un problema ideológico sino estratégico. Venezuela aparece en sus cálculos asociada a variables concretas: estabilidad regional, migración, seguridad hemisférica, producción energética y contención de actores extrarregionales. Son esas consideraciones las que explican la política estadounidense hacia Caracas mucho más que cualquier preferencia por una determinada facción política venezolana.
La diferencia no es menor
Mientras sectores de la oposición continúan interpretando los acontecimientos bajo la lógica de una transición democrática inconclusa, Washington parece evaluar la situación desde una perspectiva distinta: si los factores que justificaban una intervención directa sobre el problema venezolano han sido significativamente reducidos, entonces las prioridades inevitablemente cambian.
La desaparición de Maduro del escenario político alteró profundamente la ecuación. El chavismo, lejos de desaparecer, inició un proceso de reorganización interna. Nuevos equilibrios de poder comenzaron a emerger dentro de las estructuras civiles, militares y económicas que sobrevivieron al antiguo liderazgo. Como ocurre frecuentemente en los sistemas políticos autoritarios, la salida de un líder no implica automáticamente la desaparición del régimen que lo sustentaba.
Esta realidad ha generado cierta incomodidad tanto en sectores oficialistas como opositores.
Para algunos dirigentes opositores, la expectativa era que la caída de Maduro conduciría de manera inevitable a una transición política integral. Para sectores del chavismo, en cambio, se esperaba una confrontación permanente e irreconciliable con Washington. Ninguna de las dos hipótesis parece describir con precisión lo que está ocurriendo.
Lo que observamos es algo más pragmático
Estados Unidos mantiene intereses concretos en Venezuela y procura protegerlos. Los actores que ejercen el poder efectivo dentro del país también poseen intereses concretos y buscan preservarlos. En ese contexto, las relaciones entre Caracas y Washington comienzan a desarrollarse dentro de parámetros menos ideológicos y más funcionales.
Desde luego, esto no significa que las diferencias hayan desaparecido. Tampoco implica que las aspiraciones democráticas de millones de venezolanos hayan perdido importancia. Lo que significa es algo distinto: las prioridades de una potencia global rara vez coinciden plenamente con las expectativas políticas de actores locales.
La historia internacional está llena de ejemplos semejantes. Los Estados actúan según sus propios cálculos estratégicos y ajustan sus políticas conforme cambian las circunstancias. Venezuela no constituye una excepción.
Quizás por eso la pregunta fundamental en 2026 ya no sea qué hará Estados Unidos con Venezuela. La pregunta verdaderamente relevante es qué harán los venezolanos con la oportunidad histórica que abrió la salida de Maduro.
Porque una vez desaparecida la figura que durante años concentró toda la atención nacional e internacional, comienza a revelarse una verdad incómoda: los problemas estructurales de Venezuela no fueron extraídos del país aquel 3 de enero.
Esos siguen aquí.
Maestría en Negociación y Conflicto – California State University – @humbertotweets – +1 (407) 221-4603
