Policías y manifestantes se enfrentan en una carretera en San Julián, Bolivia, el 6 de junio 2026.
La violencia escala y el Parlamento aprueba la ley que autoriza al Ejército a desbloquear caminos por la fuerza tras cinco semanas de protestas.
Bolivia se asoma al abismo después de 37 días de protestas. En La Paz, hay desesperación, rabia e incluso hambre; la población está harta de hacer largas filas para cargar combustible o comprar alimentos a precios desorbitados. En Cochabamba, la cuarta ciudad más poblada de Bolivia, crece el pánico ante los primeros síntomas de desabastecimiento. En Santa Cruz, este sábado, el intento de desbloquear una carretera se transformó en el enfrentamiento más violento hasta la fecha entre manifestantes y fuerzas de seguridad respaldadas por vecinos. Al menos 19 personas resultaron heridas, entre ellas seis policías, uno de gravedad, según fuentes oficiales. Ante el fracaso del diálogo convocado por el presidente Rodrigo Paz, el Gobierno prepara el camino para declarar el estado de excepción. El temor es que la historia de Bolivia se repita, que la intervención del Ejército desencadene un nuevo baño de sangre.
El jueves, el Senado boliviano votó a favor de la norma que da un marco legal al estado de excepción y permite al Gobierno suspender ciertos derechos en aras de restablecer la normalidad. La Cámara de Diputados la convirtió en ley este domingo por la madrugada. Con esa carta en la mano, al Ejecutivo solo le resta publicar un decreto y que la Asamblea Legislativa lo apruebe en el plazo de 72 horas.
Lo que menos queremos es violencia en este momento, subraya una fuente gubernamental. En el entorno de Paz admiten que la expansión del conflicto y la resistencia a autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas le ha costado capital político a menos de siete meses de asumir.
Polarización extrema
La crisis ha fortalecido, en cambio, a los extremos. Las fuerzas conservadoras, representadas en las últimas elecciones por Jorge Tuto Quiroga, confían en que Paz quede malherido y se allane así el camino a un presidente que imponga mano dura en las calles, al estilo de los que ya gobiernan en países vecinos como Argentina (Javier Milei) y Chile (José Antonio Kast). El expresidente Evo Morales (2006-2019), escondido en su bastión del Chapare para burlar una orden de captura judicial, se ilusiona también con salir fortalecido. Conociendo a mis hermanos del altiplano boliviano, si se levantan, es imposible que pierdan. Si hay un muerto, hay más reacción, no se asustan, es una rebeldía, dijo Morales a EL PAÍS.
La filósofa y activista María Galindo discrepa: En ese caso, debería ser el primero a estar dispuesto a morir. Evo Morales no quiere morir por esto, quiere que otros mueran por él. Galindo pone en palabras un pensamiento compartido por muchos que apoyaron en su momento al expresidente indígena, pero que ahora critican que intente beneficiarse de unas protestas que no inició ni conduce: A Evo Morales lo único que le importa es su pellejo.
Galindo es todavía más crítica con un Gobierno al que ve como un dique de contención frente a las ultraderechas que avanzan en el continente, pero al que acusa de actuar con un cálculo muy cruel y maquiavélico al apostar por el desgaste para que el estado de excepción tenga apoyo social.
Campesinos, mineros, maestros y vecinos que hoy exigen la renuncia de Paz votaron por él en octubre de 2025. Cuando se levantaron contra el presidente dieron voz a un descontento social extendido entre la población indígena: la idea de que habían sido engañados por un mandatario que los excluyó del Gobierno y promulgó leyes que iban en contra de sus intereses.
Mandato hasta 2030
Para el analista Diego Ayo, Paz ha gobernado con una torpeza enorme y sus numerosos errores políticos han sido el combustible de las movilizaciones. Aún así, advierte que no se pueden justificar los bloqueos ni se puede perder de vista que quienes tienen a gran parte de Bolivia paralizada son minoría. Paz hizo un conjunto de promesas y no cumplió ni una. Se ha dado vuelta, no ha respondido a los electores que votaron por él, ha respondido a los de clase media y alta. Eso es una cosa y otra es no respetar los tiempos electorales, critica. El mandato de Paz es hasta 2030.
La identificación inicial de parte de los bolivianos con los manifestantes ha perdido fuerza a medida que sus acciones ponían en aprietos a miles de hogares, en especial a los más vulnerables, aquellos que viven de lo que ganan día a día. El miércoles, más de mil personas hacían fila frente a un camión de la alcaldía de La Paz para recibir un pollo. Sólo en mayo, la inflación se disparó más del 5% en la capital boliviana. Ya no puedo más. Trabajo tres días y tengo que parar otros tres porque no hay gasolina, lamenta Wilfredo Villamil, taxista. Él y su hermano se turnan para hacer fila frente a la estación de servicio y atender un pequeño negocio. Sus ventas se han desplomado a la mitad. Que renuncie o que lo solucionen como sea, duda.
La polarización es visible incluso en El Alto, esa ruda ciudad levantada por inmigrantes rurales a 4.000 metros sobre el nivel del mar, que en 2003 protagonizó la rebelión contra Gonzalo Sánchez de Lozada, Goni, en la denominada Guerra del Gas. Como entonces, al frente de las protestas están las comunidades aimaras del altiplano. Su resistencia y organización están ligadas a los ciclos agrícolas: en mayo, cuando se levantaron contra Paz, acababan de cosechar. Cerca del mediodía, en los puntos de bloqueo, se ve a cientos de manifestantes sentarse en círculo para compartir un apthapi, un almuerzo colectivo en el que cada uno aporta lo que tiene.
Johny Sosa, albañil y comerciante de 62 años, se dedicaba a la producción de verduras hasta que migró a El Alto, 35 años atrás. Sin luchar seguiríamos siendo miserables, dice Sosa con orgullo. Señala a su alrededor para recordar que cuando llegó a esta ciudad, las casas eran de adobe y paja. No había luz. No había alcantarillas. Tampoco red de gas ni calles pavimentadas ni teleférico. Menos aún los cholets de la nueva burguesía aimara, con cinco o seis pisos y una fachada decorada con vidrios de color amarillo, rojo chillón, azul eléctrico y verde flúor con la que buscan destacar entre un mar de casas de ladrillo al descubierto.
Las nuevas generaciones, en especial las que han cortado los vínculos con el campo o las minas de donde emigraron sus abuelos y bisabuelos, se oponen a los bloqueos y a los manifestantes que les obligan a bajar las persianas. Cuando vienen las marchas tenemos que cerrar. Nos dicen que o cerramos o saquean, denuncia Teresa Martínez, dueña de una zapatería en uno de los centros comerciales de El Alto. Sus empleados, continúa, se ven obligados a caminar durante una hora y media para llegar hasta la tienda. No venden casi nada: Nadie piensa en comprar unos zapatos cuando no encuentra pollo ni verduras.
El creciente rechazo social ayudó a pactar una tregua el jueves, uno de los días en los que funciona la feria 16 de julio, de las más grandes de Sudamérica. Tras semanas a medio gas, ese día reaparecieron los kilómetros y kilómetros de puestos en los que se vende todo lo que uno pueda imaginar. Una vez, incluso, un pingüino.
Dirigentes detenidos
La tregua fue también la oportunidad para replegarse ante lo que se avecina. El presidente de la Federación de Juntas Vecinales de la Paz fue detenido el viernes y enviado a prisión preventiva, bajo la acusación de terrorismo, asociación delictiva e instigación pública para delinquir. Otros dirigentes se escondieron por temor a ser los próximos.
En Cochabamba, en el centro del país, se vive más un pánico a lo que podría venir que un asfixiante desabastecimiento. Si bien es, después de La Paz, el departamento con el mayor número de carreteras bloqueadas, la fertilidad de sus valles le permite guarnecerse a sí mismo. A diferencia de los grises centros de abasto en la sede de Gobierno, el Mercado Municipal América está colorido de frutas y verduras. Eso sí, con sobreprecios de hasta cinco veces más en productos como el plátano y la naranja. Los estantes más vacíos son los que venden carne; el alimento vacuno llega desde el oriente, de Santa Cruz y Beni, con quienes se mantienen las vías cerradas.
Mónica Inturrias se apresura a comprar todo el escaso producto que le queda a una carnicera, se lleva los siete kilos que le restaban. Estoy comprando todo lo que tengo, no sé cuándo volverá a haber carne, dice. Se aprovechan los vendedores de la situación, comenta al paso otro comprador del mercado, que está concurrido en un día feriado. El mismo miedo a la escasez recorre a los conductores de vehículos: el abastecimiento de combustible es normal, pero las estaciones de gasolina se llenan de filas cuando los movilizados ratifican seguir con las medidas de presión o cuando escuchan una preocupante noticia en la televisión.
Conocida como el granero de Bolivia, Cochabamba aprovecha su estratégica ubicación céntrica para abastecer al occidente andino del país. El cierre de caminos ha impedido que los alimentos puedan salir al mercado, las frutas y verduras se pudren en las camionetas varadas en la carretera desde hace semanas y los pollos mueren de hambre. Los lecheros se han visto obligados a salir a los barrios a ofrecer sus productos y los avicultores rematan el maple de huevos hasta en un 60% menos que su precio regular.
Financiación de las protestas
Desde Santa Cruz, la crisis política se ve ajena. Muchos de sus habitantes se diferencian, orgullosos, de los paceños, y repiten, con palabras más o menos parecidas, que Santa Cruz trabaja siempre, nunca para. Los prejuicios hacia los habitantes del occidente andino del país se han disparado en las últimas semanas y nadie parece dudar que para poder sostener los bloqueos durante más de un mes, los que cortan las carreteras cobran por estar allí. Algunos creen que están financiados por Evo Morales; otros por narcotraficantes, por contrabandistas, por extranjeros que tratan de subvertir el orden o por todos ellos.
Las familias con parientes en La Paz van hasta el aeropuerto para despachar hasta allí grandes cajas cargadas de alimentos. Cada viaje esperan que sea el último, que el presidente dé la orden al Ejército de desbloquear las carreteras. Coinciden con ellos los empresarios de esta provincia ganadera, que concentra más del 60% de la producción de carne, leche, huevos y pollo del país. El corte de carreteras impide a los camiones llegar hasta el resto del país y ha provocado pérdidas millonarias.
Según la Defensoría del Pueblo, al menos siete personas han muerto por no haber logrado recibir atención médica a tiempo a causa de los bloqueos y otras tres han muerto en episodios de violencia ocurridos alrededor. A lo largo de las cinco semanas de conflicto, al menos 37 personas han resultado heridas y 365 han sido arrestadas. La tensión en estas horas es máxima.
Mar Centenera – Caio Ruvenal – El País de España
