Abel Ernesto Durán Gómez, quien está al frente del Saren, es pariente de la presidenta encargada.
El Organismo dirigido por primo de Delcy Rodríguez es el embudo para registrar las ONG en Venezuela.
El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), a cargo de Abel Ernesto Durán Gómez, se ha convertido en un embudo para el registro de las ONG en Venezuela. Según lo revelado por varias fuentes, desde organizaciones defensoras de derechos humanos hasta el patronal de Fedecámaras enfrentan dificultades cuando intentan hacer trámites como inscripciones o actualizaciones de datos.
De acuerdo con Infobae, pese a que el gremio empresarial ha estrechado lazos con el gobierno, no ha podido incorporar a su expediente el acta de la última junta directiva elegida en julio de 2025.
Lo hemos intentado, pero lo rechazan. Quieren borrarnos del mapa o fastidiarnos más de la cuenta, señaló una fuente de la patronal. Con esto, hizo alusión a la polémica Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines.
La normativa se conoce entre los voceros de la sociedad civil organizada como Ley Anti-ONG. Esto se debe a que aplica restricciones para el funcionamiento y desarrollo de las organizaciones. La misma se promulgó en septiembre de 2024 en medio de las protestas poselectorales de ese año.
Durán Gómez, quien está al frente del Saren, es primo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Así lo afirma la ONG Transparencia Venezuela.
Restricciones para las ONG
Yo he intentado registrar cuatro fundaciones, una para fines culturales, dos para defensa de derechos humanos y otra para gestión social, y no le dan curso. Reciben el documento y te dicen que eso debe ir al Saren para que lo revise y le dé o no el visto bueno, explicó un abogado bajo anonimato.
A su juicio, la respuesta se debe a que piensan que con estas asociaciones se busca hacer política. Una norma no escrita; básicamente, el Saren cree que estas asociaciones son para hacer política. Eso entra a una gaveta y no te dan respuesta, un comportamiento que se inscribe dentro de las restricciones y prohibiciones que impone el gobierno a la libertad de asociación, indicó.
Otro abogado, precisó: En general, al margen de la Ley Anti-ONG, en los registros la norma es obstaculizar y retrasar lo más posible cualquier trámite. Detalló que desde julio de 2025 espera respuesta para completar un procedimiento legal.
El experto no cree que Rodríguez tenga en sus prioridades hostigar a las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, considera que la desidia burocrática, las trabas de la ley y las peticiones acumuladas hacen que todos los procesos marchen con lentitud. No tendrán ya el objetivo de perseguir, pero tampoco están apurados en normalizar la situación, sentenció.
El Nacional
